Revisado por Caty R.
El derecho al trabajo y a la libertad sindical reconocido por la Constitución no es garantía suficiente para impedir que dos trabajadores sean acosados; literalmente. Primero intentando enviarlos a Ucrania para construir un buque y al no conseguirlo recurriendo a vulnerar el segundo punto constitucional relativo a la libertad sindical, imponiéndoles una prejubilación forzosa e ilegal ya que ambos formaban parte del Comité de Empresa del astillero de Naval Gijón. (El Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de declarar nula la extinción de los contratos de trabajo de 73 trabajadores -prejubilaciones forzosas- por no ajustarse a Derecho, en la que se incluye a Carnero y Morala)
Esto es sólo el principio de la larga historia de represión y linchamiento en la que el Ayuntamiento de Gijón es el único denunciante y beneficiario del pago de los daños reclamados a Carnero y Morala, quienes el próximo día 30 de enero se enfrentarán a un juicio en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Gijón en el que el fiscal pide cuatro años de cárcel para cada uno, como consecuencia de las movilizaciones laborales del 10 de marzo de 2005 decididas por los trabajadores del astillero en asamblea previa. El cargo presentado por el Ayuntamiento fue la destrucción del cuadro eléctrico de la cámara de control de tráfico dedicada al espionaje de los trabajadores, incluso en el interior del astillero. (También acaba de señalarse para el 12 de febrero una vista oral para un juicio más a Carnero y Morala en el Juzgado de lo Penal nº 2, en el que el fiscal pide 2 años y medio)
El denunciante, y beneficiario, en su caso, del pago de los daños ocasionados, es precisamente el Ayuntamiento de Gijón, regido por una coalición autodenominada «izquierda plural» formada por el PSOE e IU.
Este grave asunto nunca se ha tratado en ningún pleno municipal y ni siquiera ha sido propuesto por ninguno de los grupos municipales gobernantes, PSOE e IU, ni por la oposición del PP que ni se entera.
El señalamiento del juicio oral se hace admitiendo y declarando pertinentes todas las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal, por la acusación, mientras que a bombo y platillo el pasado 11 de octubre el director letrado de este ilustre Ayuntamiento enviaba un escrito al Juzgado de Instrucción nº 1 desautorizando las declaraciones prestadas bajo juramento por un funcionario en nombre y representación del propio Ayuntamiento. De este modo los concejales de la «izquierda plural» se lavaban las manos afirmando que «ellos» ya no eran la acusación. Mentir, mentir descaradamente y continuar mintiendo no es delito, al menos para los concejales.
Esta corporación municipal de «izquierdas», defensora de la ética del ladrillo y el hormigón y de la recalificación de los astilleros de la Bahía de Gijón, no está sola, también en el gobierno autonómico asturiano funciona la misma «izquierda plural» con quien comparte el canje de los puestos de trabajo del sector naval por lo que ya se ha generalizado como pelotazo urbanístico de la zona de los astilleros, dando prioridad a los beneficios rápidos y fáciles en perjuicio de los puestos de trabajo. El Delegado del gobierno y el gobierno autonómico son parte activa en la escalada de represión social, laboral y sindical que ha dado lugar a este juicio y a la formación de una «Plataforma por las Libertades y contra la Represión», integrada por más de treinta organizaciones, que realizó una manifestación de unas quince mil personas hasta el Ayuntamiento, con la clamorosa ausencia del PSOE, IU, CCOO y UGT, cosa obvia por otra parte.
Sólo tres consideraciones explican -de hecho- la aplicación de la ley antiterrorista a este movimiento laboral y sindical.
Los procesados Carnero y Morala son dirigentes de la Corriente Sindical de Izquierda, CSI, en cuyos estatutos está prohibido expresamente que haya sindicalistas liberados. Se financian con las cuotas de los afiliados a los que únicamente se deben, en contraposición a los sindicatos tradicionales con cientos de sindicalistas «profesionales» liberados de por vida, con un buen futuro y subvenciones millonarias a las que sí se deben, pero no a sus afiliados.
La segunda consideración es la simple comparación de estos dos modelos sindicales. El resultado es causa suficiente para intentar liquidar a este sindicato independiente e «incontrolado» por cualquier poder político o económico y han comenzado por decapitar a dos de sus dirigentes, el actual secretario general del sindicato Morala y a Carnero, el secretario anterior.
En la sala de Antigüedades orientales del Museo del Louvre, se conserva un monolito de piedra basáltica negra de más de dos metros de altura en el que se encuentran grabadas en caracteres cuneiformes las casi trescientas leyes del Código de Hammurabi, escritas en sumerio hace casi cuatro mil años. Traducida, claro, destaca una ley que dice que quien haga una acusación de asesinato y no pueda probarlo presentando al menos tres testigos, será él mismo condenado a muerte.
Que estén tranquilos todos los concejales del Ayuntamiento, el Delegado del gobierno y el gobierno autonómico: el Código de Hammurabi ya no es está en vigor; la represión laboral, sindical y su necesaria especulación ahora ya no son delito.
Miguel Ángel Llana es ingeniero y periodista, Caty R. pertenece al colectivo de Rebelión