La campaña ¿Quién debe a quién? han denunciado el régimen dictatorial y corrupto de Teodoro Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial ante su visita al Estado español. El dictador guineano llegó al poder en 1979 mediante un golpe de Estado que depuso a Macías Nguema, su tío. El régimen represivo de Macías ya contó con la […]
La campaña ¿Quién debe a quién? han denunciado el régimen dictatorial y corrupto de Teodoro Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial ante su visita al Estado español.
El dictador guineano llegó al poder en 1979 mediante un golpe de Estado que depuso a Macías Nguema, su tío. El régimen represivo de Macías ya contó con la colaboración de Obiang, donde desempeñó cargos de máxima responsabilidad. Desde el golpe de 1979, ha ejercido el poder de manera arbitraria y dictatorial, aunque sin los extremos de su antecesor. Así, presionado por el entorno africano y la comunidad internacional, se ha visto obligado a realizar elecciones presidenciales, legislativas y municipales, que la totalidad de los observadores independientes ha considerado fraudulentas.
En los últimos años, sin dejar su carácter manifiestamente represivo, el régimen de Obiang se ha convertido en uno de los más corruptos del mundo. En este aspecto ha jugado un papel fundamental la puesta en explotación de los recursos petroleros (es el tercer productor africano) ha dado lugar a una amalgama de intereses entre la familia del dictador y las compañías concesionarias que ha sido denunciada por gobiernos, organismos multilaterales y organizaciones humanitarias y de solidaridad. Las desigualdades sociales en Guinea son escandalosas, ya que el 60% de sus habitantes viven por debajo del umbral de la miseria, mientras la oligarquía nada en la opulencia. Hay que señalar que Guinea Ecuatorial posee hoy la renta petrolífera per cápita más alta del mundo.
Ante este aspecto la postura del Gobierno español es pésima, ya que los ministros españoles de Exteriores y Justicia han declarado que existen «claros avances democráticos» en la política de aquel país. Esto contrasta con la realidad local, ya que no han producido avances significativos en el respeto a los derechos humanos ni de las libertades cívicas. Tampoco existen políticas que reflejen una democratización real de Guinea Ecuatorial.
Consideramos que el interés del Gobierno español de reconocer al guineano responde más a respaldar la presencia de transnacionales «españolas» en el país africano. Probablemente el precio que el ministro Moratinos se quiere cobrar es la concesión de explotaciones a Repsol, como ya han apuntado varias declaraciones institucionales y de la empresa.
Así, nuevamente, como ya ocurrió en Bolivia, el Gobierno de Zapatero, en lugar de trabajar por la población en su conjunto, pone la diplomacia al servicio de las multinacionales «españolas» y, en definitiva, de un puñado de accionistas.