Los datos del último informe del Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (Ctescat) indican que la población autóctona está al borde de lo que se llama «pleno empleo técnico», con un índice de paro cercano al 6%, a pesar de un fuerte aumento de la población activa, especialmente mujeres. No indica el informe, […]
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero lleva una notable racha de promesas suculentas, relacionadas casi siempre con 2010 o más allá. De acuerdo con sus previsiones, alcanzaremos a Alemania en renta per cápita, tendremos los aeropuertos más grandes del continente y muchas más cosas extraordinarias. No caeremos en la tentación de hablar de las estadísticas y de sus falacias. Pero no podemos menos que recordar que entre el señor Francisco González, presidente del BBVA, con un sueldo declarado cercano a 10 millones de euros anuales (a los que cabría añadir incentivos plurianuales)
El salario mínimo, como su nombre indica, fija el techo de lo considerado razonable para vivir a cuenta de un trabajo. El PSOE prometió al acceder al gobierno en 2004, que la cuantía de ese salario debería ser de 600 euros a final de legislatura. Esa cuantía se fija a partir del incremento de los precios (IPC), la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Si presumimos de octava potencia mundial, no se entiende que mantengamos uno de los salarios mínimos más bajos de la UE, a no ser que entendamos que es esa precisamente la base esencial de nuestro crecimiento: sol, ladrillo y sueldos de supervivencia. Lo cierto es que las cosas no han ido bien en los últimos años. Si en 1981 el salario mínimo representaba el 45,6% del salario medio, en los momentos actuales apenas alcanza el 35%. Y seguimos estando muy lejos de lo que fija la Carta Social de Derechos de la Unión Europea, que establece que el SMI deberá equivaler al 60% del salario medio neto de cada Estado europeo. En estos momentos España tiene su SMI en el 47% de ese promedio europeo.
Además, conviene recordar lo que figura en el informe del Ctescat mencionado y que aparece siempre en la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística; es decir, que entre las personas que reciben el SMI en España (más de cuatro millones según algunas cifras), las personas peor pagadas y que sufren más el desempleo son las mujeres, los jóvenes y, sobre todo, los inmigrantes. En Cataluña, el paro declarado de los inmigrantes es el doble que el de los autóctonos. El salario de las mujeres está cerca del 20% por debajo del de los hombres, y casi siempre los contratos temporales (ampliamente mayoritarios entre los jóvenes) están peor pagados que los indefinidos. Pero los liberales dicen que la culpa es precisamente del salario mínimo. Sin salario mínimo los empleadores tendrían más incentivos para contratar. Leo en un texto de FAES (la fundación que preside José María Aznar): «El puercoespín es un animal indefenso excepto por sus púas, el ciervo es vulnerable excepto por su velocidad. En la economía también hay personas relativamente débiles. Los discapacitados, los jóvenes, las minorías, los que no tienen preparación, todos ellos son agentes económicos débiles. Pero al igual que les ocurre a los seres en el mundo animal, (ellos) tienen una ventaja sobre los demás: la capacidad de trabajar por sueldos más bajos. Cuando el Gobierno les arrebata esa posibilidad fijando sueldos mínimos obligatorios, es como si se le arrancaran las púas al puercoespín. El resultado es el desempleo». Una predicción que contrasta con los datos mencionados a escala europea.
No quisiera concluir estos comentarios sin mencionar algo aún más patético en esta fugaz panorámica sobre la fragilidad de nuestro aparente bienestar económico. En 2004 se creó el llamado indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). Este indicador sirve como referencia en España para calcular el umbral de ingresos a muchos efectos (ayudas para vivienda, becas, subsidios por desempleo…
* Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona