Un secretario de Estado sudanés y un jefe de la milicia progubernamental djandjawid se convirtieron el pasado martes en los primeros acusados de crímenes en Darfur ante la Corte Penal Internacional (CPI), casi cuatro años después del inicio del conflicto en esta región del oeste del país. El fiscal del CPI, el argentino Luis Moreno […]
Un secretario de Estado sudanés y un jefe de la milicia progubernamental djandjawid se convirtieron el pasado martes en los primeros acusados de crímenes en Darfur ante la Corte Penal Internacional (CPI), casi cuatro años después del inicio del conflicto en esta región del oeste del país. El fiscal del CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, anunció haber presentado a los jueces «pruebas» que demuestran que «Ahmed Harun, ex secretario de Estado del Interior de Sudán y Alf Kosheib cometieron de común acuerdo crímenes contra la población civil en Darfur», donde murieron más de 200.000 personas desde 2003, según la ONU. Moreno Ocampo les acusa de «51 cargos de crímenes contra la humanidad y presuntos crímenes de guerra, entre ellos persecución, asesinato, tortura y violación», cometidos entre agosto de 2003 y marzo de 2004, contra ciudadanos del oeste de Darfur. Ahmed Harun, que actualmente se desempeña como secretario de Estado para Asuntos Humanitarios, estaba encargado del expediente de Darfur en el ministerio del Interior. Respecto a Alf Kosheib, nombre de guerra de Alf Mohamed Alf, uno de los jefes de la milicia de los djandjawids, es considerado por las organizaciones de defensa de derechos humanos, en especial por Human Rights Watch, como uno de los principales responsables de los ataques lanzados por las milicias en 2003-2004. Kosheib fue arrestado en Sudán el pasado noviembre. El fiscal rehusó revelar si su investigación también implicaría a más altos responsables del gobierno sudanés. Los jueces de este primer tribunal permanente encargado de juzgar el genocidio, crimen de guerra y crimen contra la humanidad, con sede en La Haya, examinarán ahora las «pruebas». Después, decidirán si éstas son suficientemente sólidas para pedir la entrega de los acusados a Sudán, país que no forma parte del CPI, o si emiten órdenes de captura internacionales contra ellos. Khartoum reaccionó de inmediato, al rehusar una vez más reconocer la legitimidad del CPI. «La justicia sudanesa es perfectamente capaz y juzgará a aquellos que hayan cometido crímenes en Darfur», una región sacudida por una guerra civil desde 2003, declaró el ministro de Justicia, Mohamed Ali al Mardi. Moreno Ocampo acusa a Ahmed Harun de haber armado y financiado a los milicianos «aún sabiendo que éstos combatían codo a codo con las fuerzas gubernamentales» y que atacaban a «las poblaciones civiles y cometían crímenes». Luis Moreno Ocampo, que investiga este asunto desde junio de 2006, había declarado a la ONU que consideraba tener pruebas suficientes de crímenes de guerra y contra la humanidad. Su trabajo se basa en hechos ocurridos en 2003 y 2004, periodo considerado como el más violento en esta provincia sudanesa. «Mi oficina no puede investigar sobre centenares de crímenes y al mismo tiempo seguir persiguiendo a los autores de esos crímenes», había dicho en diciembre el procurador. «Me concentré entonces en los asuntos más graves y las personas con mayor responsabilidad en tales hechos», añadió. Su equipo realizó más de 70 misiones en 17 países, estudió los casos de centenares de víctimas potenciales y efectuó unas cien entrevistas a testigos, agregó. Moreno Ocampo había sido criticado por organizaciones no gubernamentales y por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Louise Arbour, en especial porque sus investigadores no fueron directamente a Darfur, aduciendo problemas de seguridad. El CPI puede actuar si una jurisdicción nacional no puede o no quiere hacerlo. En este caso, fue el Consejo de Seguridad de la ONU el que le pidió que investigará los crímenes en Darfur