CEAR solicita hoy ante la Audiencia Nacional una medida cautelarísima para que se paralice su traslado, con base en las informaciones recogidas por Médicos del Mundo de que estas personas podrían ser trasladadas a un tercer país en cualquier momento. Ayer mismo, la Audiencia Nacional admitió a trámite un recurso en el que CEAR denuncia […]
CEAR solicita hoy ante la Audiencia Nacional una medida cautelarísima para que se paralice su traslado, con base en las informaciones recogidas por Médicos del Mundo de que estas personas podrían ser trasladadas a un tercer país en cualquier momento. Ayer mismo, la Audiencia Nacional admitió a trámite un recurso en el que CEAR denuncia la actuación del gobierno español en esta crisis.
Médicos del Mundo y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) temen que las 23 personas procedentes del Marine I que se negaron a volver a su país sean trasladadas desde Mauritania a otro país africano. En la tarde del miércoles 18 de abril, los equipos de Médicos del Mundo que regularmente visitan la nave de pescado donde permanecen retenidas estas personas, constataron que la policía recogió sus datos personales. Uno de los miembros del grupo de inmigrantes explicó a Médicos del Mundo que «debían dar sus datos para que el viernes o el sábado se los llevasen a otro país africano». Los 23 inmigrantes habrían sido informados de que el traslado podría tener lugar el lunes. En Nuadibú hay un avión militar y un contingente de policías nacionales que permitirían realizar el traslado en cualquier momento.
Ante estas informaciones, CEAR solicita hoy a la Audiencia Nacional una medida cautelarísima para paralizar el proceso, que parece inminente precisamente pocas horas después de que la Audiencia Nacional admitiera a trámite un recurso presentado por CEAR en el que denuncia la actuación del gobierno español en el exterior respecto a los ocupantes del Marine I.
Médicos del Mundo y CEAR reclaman que se respeten las garantías constitucionales a las que estas personas tienen derecho debido a la implicación del gobierno español en el asunto: son autoridades españolas las que les custodian, y las que están tomando decisiones sobre su futuro. Denuncian que su detención durante 68 días excede con creces el máximo de 40 días permitido por la Ley de Extranjería. Ninguna autoridad judicial ha intervenido en el proceso y los detenidos no han contado con asistencia de abogado. No han recibido información sobre sus derechos o su destino, y no han tenido oportunidad de solicitar asilo de manera individual, con asistencia letrada o de intérprete.
Por otro lado, Médicos del Mundo ha alertado sobre el deterioro en la salud mental de estas personas, después de un largo periplo por distintos países africanos, dos meses de encierro en la bodega de un buque y 68 días de detención en una nave de pescado durante los que no han visto la luz del día. Ambas organizaciones temen que las 23 personas podrían estar bajo demasiada presión como para tomar decisiones con libertad.
Por tanto, Médicos del Mundo y CEAR reiteran al Gobierno que traslade a estas personas a territorio español para tramitar cada solicitud de asilo con todas las garantías.