Pese a la guerra civil que sacudió Argelia en los ’90, los últimos atentados presentan características inéditas en la lucha armada islamista.
El 11 de abril, Argel se despertó con un pánico que tenía casi olvidado. Después de siete años de relativa calma, los coches bomba volvían a la capital, haciendo revivir la pesadilla de los ‘años de plomo’. Una década, la de los ’90, que se cobró la vida de unas 200.000 personas y dejó un rastro de más de 15.000 desaparecidos. Según cifras oficiales, 30 personas fallecieron y 57 resultaron heridas como consecuencia de la explosión de tres vehículos conducidos por kamikazes. Al-Qaeda en el Magreb Islámico, organización que reivindicó el ataque a través de un comunicado con las fotografías de los tres suicidas, al más puro estilo de la marca madre, golpeó en el corazón mismo del Estado: la sede de la sección Este de la policía judicial, en el barrio periférico de Bab Ezzuar y el Palacio de Gobierno, auténtico centro del poder político. Nunca antes los islamistas armados habían sacudido tan alto.
Esa misma semana, como respuesta desesperada a una vasta operación antiterrorista, seis integristas se inmolaron en Casablanca, provocando la muerte de un inspector de policía y heridas en otras 22 personas. Una rama local de al-Qaeda se atribuyó las acciones, que, al igual que en Argel, generaron un miedo colectivo que se prolongó durante varios días. Tras las explosiones, la policía de la capital argelina recibió 200 avisos de vehículos y objetos sospechosos en sólo 24 horas y efectuó más de cien intervenciones en tres días.
Sin embargo, lo sucedido el día 11, aunque guarda una línea de continuidad con la cruenta guerra civil de esos años, poco tiene que ver con esa década. En primer lugar porque sus autores apenas tienen apoyo entre la población. No sólo la totalidad de los partidos políticos, incluidos los islamistas, y las organizaciones sociales y religiosas, sino la mayor parte de los ex dirigentes del antiguo Frente Islámico de Salvación (FIS) ha condenado los atentados. Y en segundo, porque los métodos son diferentes.
Al igual que ocurre en Marruecos y en el resto del Magreb, los atentados suicidas resultan extraños a la cultura de la lucha armada islamista. En el largo conflicto argelino, sólo en dos ocasiones los integristas del GIA, que sembraron el terror durante más de diez años con sus bombas indiscriminadas contra civiles, utilizaron kamikazes. En la monarquía alauita, por su parte, los atentados de Casablanca de mayo de 2003 inauguraron en el país esta forma extrema de combate, más propia de los países de Oriente Medio, que en su versión Al-Qaeda busca la máxima mediatización.
Desde que en septiembre del año pasado un supuesto portavoz de Al-Qaeda anunciara la admisión en esta red de los Grupos Salafistas para la Predicación y el Combate (GSPC) argelinos, las acciones de estos se tornaron más contundentes y espectaculares. Con los ataques del día 11, los GSPC, rebautizados como Al-Qaeda en el Magreb Islámico, mostraban su capacidad mortífera, entrando de lleno en la campaña electoral de los comicios legislativos del 17 de mayo, a la par que torpedeaban el proceso de «reconciliación nacional».
«Existe una seria preocupación porque esto es algo nuevo, un terrorismo que no conocemos», indicó a DIAGONAL Nadia Bouzid, de 45 años, profesora de universidad e hispanista. Bouzid, que padeció muy de cerca los ‘años de plomo’, junto a la minoría laica y progresista del país se muestra inquieta ante la falta de datos sobre los resultados de la política de «reconciliación nacional». «¿Dónde están los terroristas que han sido liberados, qué hacen ahora los que han bajado del maquis y se han rendido; cuántos son los jóvenes que se están incorporando a los grupos armados?», se pregunta. En septiembre de 2005, el Estado aprobó, por la vía referendaria, una ley de amnistía que perdonaba a los islamistas armados que se rindiesen y a los agentes del Gobierno implicados en casos de guerra sucia. En virtud del texto, unos 2.600 presos islamistas han sido puestos en libertad y 350 terroristas activos han entregado sus armas. Al margen de estas cifras y a pesar de que los partidos en el Gobierno siguen felicitándose por el éxito de la reconciliación, no existen otros datos oficiales que avalen este optimismo.
El nuevo yihadismo magrebí, como demuestra la extracción social de los kamikazes de los últimos ataques de Argel y Casablanca, que procedían de auténticas ‘villas miseria’ de estas dos ciudades, busca sus militantes entre los jóvenes empobrecidos y sin futuro, un sector muy abundante en unas sociedades con un paro endémico que afecta a más del 20% de la población. «Tenemos miedo de que parte de nuestros jóvenes, movidos por la miseria en la que viven, se enrolen en el maquis terrorista», afirmó a este quincenal Belaid Abrika, portavoz del potente (y antiislamista) movimiento ciudadano de Cabilia, la región donde opera el mayor número de grupos armados. Para atajar este riesgo, subrayó Abrika, es necesario que el Estado ponga en marcha un «plan de urgencia de carácter socioeconómico y democrático» que mejore las condiciones de vida de la población argelina, reduzca las diferencias sociales y permita una mayor participación de la población en la vida política.
Por ahora, las prioridades del ejecutivo Buteflika poco tienen que ver con este planteamiento. Horas después del triple atentado, su ministro del Interior anunció un nuevo aumento de los efectivos policiales y de la gendarmería para combatir el terrorismo en las ciudades. Las manifestaciones siguen prohibidas en virtud de un estado de emergencia aún vigente y los islamistas de los años ’90 tienen prohibida su participación en el juego electoral. Los familiares de los desaparecidos y las víctimas del conflicto armado pueden reclamar indemnizaciones al Estado pero está vedado investigar y hacer pública la verdad de lo ocurrido en los años pasados. En el contexto de los comicios de mayo, para malestar de un sector del islamismo político moderado, el poder ha prohibido la participación de Abdalah Yabalah, uno de los líderes del partido El Islah y ha impuesto al FLN, partido en el gobierno, numerosos cabezas de lista, generando un profundo malestar en una buena parte de las bases. Con estos mimbres, ¿quién puede mostrarse optimista con el avenir de este castigado país?
Egipto y los Hermanos Musulmanes
F. JAVIER AGUAYO / EL CAIRO
Actualmente los Hermanos Musulmanes son la organización política más poderosa al margen del Gobierno egipcio. La Hermandad se encuentra en un limbo legal, tolerada por el Gobierno de Mubarak, pero objeto de una fuerte represión, que ha llevado a cientos de sus miembros a prisión. Precisamente gracias a esa situación de alegalidad, en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2005 pudo obtener una importante representación en el congreso egipcio. Estos resultados se interpretaron como una prueba del fuerte respaldo social con el que cuenta la Hermandad, algo que se ha visto reforzado en los últimos años. No obstante, el creciente protagonismo de la organización islámica ha hecho saltar las alarmas en algunos sectores del Gobierno de Mubarak. De manera que, por medio de un procedimiento de urgencia, el pasado mes de marzo se aprobaron una serie de reformas constitucionales, uno de cuyos artículos impide a cualquier partido de base religiosa presentar candidatos a las elecciones presidenciales. En definitiva, un intento de impedir que la Hermandad alcance el poder de manera legal.
Represión en Túnez
GLADYS MARTÍNEZ
Entre el 23 de diciembre y el 3 de enero, un suburbio de Túnez fue testigo de intensos tiroteos entre la policía y un grupo armado, que se saldaron con la muerte de 12 supuestos islamistas y la detención de otros 15. Desde entonces, centenares de personas han sido detenidas en redadas policiales. A éstas se suman 500 personas condenadas y mil a la espera de juicio en virtud de la ley antiterrorista aprobada en 2003 por el régimen de Ben Ali en un país en el que la presencia de islamismo extremista es esporádica. «Los últimos acontecimientos son la expresión del fracaso de la política securitaria del régimen. La violencia llama a la violencia, y la eliminación del espacio público es caldo de cultivo del extremismo», según el Consejo Nacional para las Libertades en Túnez.