El nuevo marco normativo del sector rural español, condicionado por los créditos europeos, agudiza unas dinámicas que vienen perjudicando a este sector en crisis y propugna una ‘diversificación’ polémica. El Consejo de Ministros aprobó el 27 de abril, con bastante retraso, el proyecto de Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que afectará al 90% […]
El nuevo marco normativo del sector rural español, condicionado por los créditos europeos, agudiza unas dinámicas que vienen perjudicando a este sector en crisis y propugna una ‘diversificación’ polémica.
El Consejo de Ministros aprobó el 27 de abril, con bastante retraso, el proyecto de Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que afectará al 90% del territorio, al 80% de los municipios y a 14 millones de personas, que suponen el 35% de la población. Esta ley viene, sin duda, presionada por el cambio en la política y estructura de los fondos para la agricultura y el medio rural de la UE.
El medio rural del Estado español viene sufriendo una profunda crisis demográfica desde los años ’50 del pasado siglo, agudizada con la entrada en la Unión Europea y la desarticulación del sector agrario que trajo consigo y que aún continúa. Hoy, el sector agrario ocupa al 5,1% de la población activa, y genera poco más del 3,7% del PIB nacional. Sin embargo, sigue teniendo un papel central en las economías rurales, así como en el mantenimiento de la cultura, el paisaje y los ecosistemas que se han ido construyendo durante milenios a través de esta actividad.
Durante las últimas décadas, la producción agraria «rentable» se ha concentrado en ciertos polos de desarrollo (litoral sudeste, valles del Ebro y del Guadalquivir…) y en ciertas producciones (aceite de oliva, vino, productos de origen porcino…) alrededor de los cuales se han emprendido importantes procesos de industrialización de la producción y de ‘integración vertical’ del sector agroalimentario. Para el resto del territorio, la visión institucional sobre el medio rural ha ido desplazando a la actividad agraria de la centralidad hacia lo que llaman la ‘multifuncionalidad’ de los espacios rurales.
Ruralidad destinada al ocio
En base a la idea de ‘multifuncionalidad’, se están impulsando modelos de ruralidad destinados al ocio, segunda residencia o ciudades dormitorio, y con una actividad económica crecientemente ligada a los mercados globales, a través del turismo rural o de los servicios a la población urbana. La doctrina de la UE, desde la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de 1996, viene planteando que la función de la agricultura ya no es tanto la producción de alimentos, sino la «custodia del territorio» con tintes ambientalistas. Sin embargo, cuesta creer que la diversificación económica que se plantea va a compensar la desaparición de millón y medio de puestos de trabajo en el sector agrario desde los ’80, o la conservación del territorio y los recursos naturales que éstos realizaban. Mientras tanto, el medio rural sigue en su proceso de desarticulación, entre el avance del desierto demográfico; la falta de equipamientos y servicios públicos; la degradación del medio ambiente ligada a la industrialización de la producción agraria y al abandono de los espacios menos rentables; la especulación urbanística y del suelo; y su condición de sumidero de los residuos urbanos.
En este escenario, el nuevo proyecto de Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural presenta como objetivos la competitividad y multifuncionalidad de las economías rurales; el incremento de la población rural y de su bienestar; y la conservación del patrimonio y de los recursos naturales y culturales rurales. Para la consecución de estos objetivos, plantea las siguientes líneas estratégicas: la diversificación de la economía rural, con el mantenimiento de una actividad agraria «suficiente»; la mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, adecuándolos a las singularidades del medio; lograr un «alto nivel de calidad ambiental» y favorecer el «acceso a la vivienda en el medio rural», adecuando el urbanismo a la armonía con el medio ambiente. Distintas voces cuestionan la capacidad presupuestaria de esta ley para conseguir tan loables objetivos.
Pero también es muy criticable el enfoque territorial de la ley, que no considera las desigualdades entre regiones, ni tampoco las fuertes desigualdades sociales en el campo y, en concreto, en el sector agrario, que han sido fuertemente alimentadas por los precedentes fondos de la UE para el medio rural. Las dos décadas de experiencia nos dicen, también, que las políticas de diversificación de la economía rural han permitido la colonización, por parte de los capitales urbanos, de los pocos recursos dispuestos para el medio rural, ya sea para el turismo o la urbanización, o para la generación de industrias agrarias o de otro tipo.
Por último, se echa en falta concretar más las medidas de discriminación positiva de jóvenes, mujeres y población inmigrante, que de momento no se han quedado en más que buenas intenciones, lo cual puede continuar a la vista de la exclusión de las organizaciones sociales rurales respecto a los órganos de control de la aplicación de la ley. Y sobre todo, cabe mencionar la debilidad de la estrategia de protección del medio ambiente, sin una visión integral del papel imprescindible de la agricultura tradicional (el pastoreo extensivo, el multicultivo, la producción ecológica y basada en el manejo de la biodiversidad) y, sobre todo, con la preocupante apuesta por los biocombustibles como centro de los planes de diversificación energética.
* Daniel López García (miembro de BAH)