Fue dinero del ex presidente de Liberia Charles Taylor (1997-2003) el que, al parecer, pagó el arma con que se disparó el primer tiro de la devastadora guerra civil de Sierra Leona en 1991, un conflicto en el que murió la hija embarazada de Mustafá Mansaray. Al agravarse la barbarie, Mansaray perdió sus manos en […]
Mansaray vive en un modesto hogar en un campamento para heridos de guerra en las afueras de la capital, y se esfuerza por atender a los seis hijos que le quedan y a siete huérfanos adoptados.
Antes fue agricultor, pero la amputación de sus manos lo obligó a abandonar la diminuta huerta que cuidaba en el jardín de su casa, que quedó a cargo de otros miembros de su familia.
Podría pensarse que Mansaray es uno de los principales interesados en ver a Taylor enfrentar un tribunal internacional. Pero eso le importa poco.
El ex presidente liberiano, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad, carga con la mayor parte de la responsabilidad por las atrocidades ocurridas en la vecina Sierra Leona desde 1996, respaldando a los rebeldes del Frente Unido Revolucionario a cambio de conflictivos diamantes.
El inicio del juicio estaba previsto para este lunes en La Haya. Pero Taylor boicotea el proceso judicial, con la excusa de que carece de los medios para defenderse adecuadamente.
Con Taylor lejos de Sierra Leona, a Mansaray sólo le preocupa cómo sobrevivir en un país donde 70 por ciento de la población vive con menos de dos dólares por día, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Este país todavía intenta recuperarse de su violento pasado. La mayor parte de la población carece de electricidad y agua limpia. El desempleo es elevado y la pobreza, rampante.
Por todo esto, no es sorprendente que Sierra Leona haya sido ubicada en el penúltimo puesto en el Índice de Desarrollo Humano con que la ONU evalúa la situación de 177 países.
«Por supuesto que el juicio de Charles Taylor es importante para nosotros. Pero la gente, además, lucha por sobrevivir», señaló Edward Jombla, coordinador nacional de la Red de África Occidental para la Construcción de la Paz (Wanep).
Cuando terminó la guerra, en 2002, el gobierno de Sierra Leona y la ONU mantuvieron el tribunal especial para juzgar a los acusados de los crímenes cometidos durante el conflicto.
La guerra civil duró más de un decenio, marcada por demandas de esclavitud sexual y reclutamiento de niños soldados. Miles de civiles sufrieron amputaciones.
El tribunal acusó en 2003 a Taylor, que fue arrestado el año pasado en Nigeria, donde se exilió. Muchos festejaron en las calles de Freetown, y muchos otros temieron que se abriera otro periodo de inestabilidad por su posible presencia en la ciudad.
Por lo tanto, el juicio se trasladó a La Haya.
En 1989, Taylor había lanzado una rebelión en su país como líder del Frente Patriótico Nacional de Liberia. Ocupó la presidencia entre 1997 y 2003. En ese periodo, también debilitó la seguridad en Guinea y Costa de Marfil.
El juicio sienta un importante precedente, dijo Christopher Staker, vicefiscal del Tribunal Especial.
Taylor «fue presidente de un país en el momento de los acontecimientos» que se juzgan, lo cual indica que «nadie está por encima de la ley», explicó Staker.
Se prevé que esta advertencia contra la impunidad resuene más allá del recinto del tribunal especial en La Haya, particularmente en África.
Pero aunque la importancia internacional del juicio parece clara, su significado en Sierra Leona no lo es tanto, particularmente luego del desilusionante desempeño del Tribunal Especial.
De los 13 acusados hasta ahora por el tribunal, cinco son consideradas figuras clave en el conflicto. Tres están muertos y otro está prófugo.
«La gente perdió confianza en el Tribunal Especial, porque» los acusados «no están», pero la comparecencia de Taylor abre una «esperanza de restaurar la dignidad y el respecto» para este órgano, dijo Jombla.
Pero la transferencia del juicio de Taylor a La Haya podría debilitar una de las principales razones por las que el Tribunal Especial se estableció originalmente en Sierra Leona: para que la justicia estuviera al alcance de las víctimas de la guerra.
Periodistas y miembros de la sociedad civil viajarán a Holanda, y muchos planean divulgar extractos del juicio en Sierra Leona mediante unidades móviles de vídeo. Pero la brecha geográfica promete ser difícil de superar.
Estos juicios son, apenas, una parte del esfuerzo general de ayudar a Sierra Leona a reconstruirse a sí misma.
«El tribunal no es una solución. No abordará los problemas que condujeron a la guerra», dijo Alex Macavorey, quien escapó milagrosamente de los rebeldes y que ahora trabaja con refugiados.
Muchas personas valoraron la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que inició sus audiencias en 2003, para arrojar luz sobre las causas de la guerra –marginación de jóvenes y mujeres, corrupción, falta de acceso a la justicia– y para hacer recomendaciones sobre cómo abordar estos temas.
Pero el fracaso del gobierno en implementar las propuestas presentadas por la Comisión es otra fuente de frustración. Y muchos sienten que el potencial para la inestabilidad y el conflicto permanecerá siempre que los factores que apuntalaron la guerra sigan sin ser abordados.
«Tenemos una paz relativa, no absoluta», explicó Macavorey.