Ultras, empresarios y abogados, protagonistas de los entresijos de la patronal española de la prostitución con sede en Valencia, son investigados por la policía. Y en el centro, el polémico líder ultra J. L. Roberto.
El pasado 16 de abril, la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer del Parlamento pidió al Gobierno que investigase a los clubes de alterne, sus ingresos y a los proxenetas. Todo ello tras un prolongado debate en el Congreso de los Diputados que acabó con una mayoría en contra de cualquier proyecto legal para regular la prostitución en el Estado español. Aunque las actuaciones policiales contra empresarios de la prostitución ya se han producido con anterioridad -como la operación Night Moon de la Guardia Civil en mayo de 2006, que acabó con la detención, entre otros dueños de prostíbulos, de Marcos Montoya, tesorero de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA)-, en las últimas semanas la Fiscalía ha dado orden de investigar estas redes de empresarios y especialmente sus inversiones en la construcción. Para los expertos en delitos económicos, enormes sumas de dinero negro de las redes de prostitución son destinadas a negocios aparentemente limpios. Según los informes que manejan los investigadores, cerca del 80% de los capos de la prostitución, tanto dueños de burdeles como asesores, abogados y demás colaboradores, están implicados en actividades inmobiliarias.
Una de las empresas que están siendo investigadas a fondo es Levantina de Seguridad SL, con sede en Valencia, y otras empresas afines en el negocio de la seguridad, con sedes en Tarragona, Madrid, Granada y Castellón, cuya administradora es María Roberto Ramón, abogada e hija del dirigente de ANELA, gerente y fundador de la citada empresa de seguridad y dirigente ultraderechista, José Luis Roberto Navarro. Levantina de Seguridad es la punta del iceberg del extenso conglomerado empresarial dirigido por Roberto, que incluye los gimnasios, la prostitución, la asesoría jurídica y la hostelería.
Fuentes policiales de toda solvencia señalan que las unidades de crimen organizado y de delitos económicos de la Policía Nacional andan tras los pasos de la empresa de Roberto tras la detección de presuntas irregularidades fiscales por parte de Hacienda. El Ministerio del Interior también investiga a diversos agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y a policías locales que están a sueldo de Roberto. Las vinculaciones del empresario con elementos policiales se añaden a las denuncias de los movimientos sociales valencianos sobre la confección de fichas de información de militantes de izquierdas por parte del partido de Roberto, España 2000.
La reciente campaña electoral de las elecciones autonómicas puso de manifiesto la financiación millonaria con la que cuentan los partidos ultraderechistas como España 2000. Roberto siempre ha asegurado que era libre de invertir donde quisiera los beneficios obtenidos de la prostitución. El 27-M su partido obtuvo dos concejales en las localidades de Onda (22.281 habitantes) en Castellón y Silla (18.253 habitantes) en Valencia. A pesar de la alegría por los resultados electorales -es la primera vez que su partido accede a cuotas de poder municipal- Roberto tiene motivos para inquietarse. Aparte de las investigaciones policiales, en mayo, todos los partidos del Parlamento autonómico, excepto el PP, además de los sindicatos y de asociaciones sociales y culturales del País Valenciano exigían el fin de su impunidad y la ilegalización de su partido. En una rueda de prensa representantes de diferentes partidos le vincularon públicamente a la prostitución reclamando que se pusiese fin a los millonarios contratos de las administraciones públicas con su empresa, Levantina de Seguridad, que muy generosamente otorgó Eduardo Zaplana, en su época de president (ver DIAGONAL nº42).
Otro motivo de inquietud puede ser la condena a un año de prisión, a inhabilitación especial durante ese tiempo y a una multa de un juzgado posteriormente confirmada por la Audiencia de Valencia. Con una sentencia firme por presentar un testigo falso en un juicio tras verse implicado en un accidente de tráfico en 1997, sólo pudo interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Diez años después, el asunto todavía no se ha resuelto.