Tras la publicación -en la edición de «El País» del 26 de septiembre- del acta del encuentro celebrado entre George W. Bush y José Mª Aznar, el 22 de febrero de 2003 en la residencia del presidente norteamericano en Crawford (Texas), pocos días antes del inicio de la agresión ilegal a Iraq; la Plataforma Juicio […]
Tras la publicación -en la edición de «El País» del 26 de septiembre- del acta del encuentro celebrado entre George W. Bush y José Mª Aznar, el 22 de febrero de 2003 en la residencia del presidente norteamericano en Crawford (Texas), pocos días antes del inicio de la agresión ilegal a Iraq; la Plataforma Juicio a Aznar entiende que cobran mayor consistencia, si cabe, los indicios para iniciar acciones penales contra el expresidente del gobierno español por la decisión de participar en dicha guerra ilegal y por otros hechos derivados o conexos con aquella participación.
En efecto, del contenido del acta citada se desprenden, con claridad meridiana, dos extremos: en primer lugar, la patente y servil subordinación del entonces presidente del gobierno a la política exterior agresiva de la administración norteamericana hasta extremos que, si no fuera por las trágicas e irreversibles consecuencias, devienen ridículos. En segundo lugar, el absoluto desprecio de ambos personajes a las normas del derecho internacional con la decisión ya firme de iniciar la guerra de agresión contra Iraq fuese cuál fuese la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con la preocupación, si acaso, de Aznar por el masivo rechazo de la ciudadanía a la guerra – expresado justo una semana antes del encuentro entre ambos dirigentes- que sin duda sería todavía mayor ante una guerra sin ningún tipo de cobertura legal.
Los hechos protagonizados con posterioridad por ambos mandatarios -y por Tony Blair- son consecuencia de las decisiones ya tomadas en el momento de celebrarse la entrevista – cuyo contenido ahora conocemos- y permiten afirmar, junto con la valoración de aquella, que las responsabilidades penales que para José Mª Aznar puedan derivarse -en su caso, también para Bush y para Blair- no podrán contar con las pretendidas excusas de los «daños colaterales» o de excesos no deseados, sino que descansarán en la comisión, la inducción, la complicidad o el encubrimiento de hechos ejecutados con plena conciencia y voluntad. En definitiva, nos ratifica en el acierto y en las posibilidades de llevar a Aznar ante los tribunales en aras de la justicia y los derechos humanos.