Hace diez años, la mexicana Elvira Arellano cruzó la frontera hacia Estados Unidos, donde residió hasta el 19 de agosto. Ese día, 15 agentes la rodearon en Los Ángeles y la deportaron por ser una inmigrante indocumentada. Su lucha por la legalización continúa más viva que nunca. Elvira Arellano era una de los más de […]
Hace diez años, la mexicana Elvira Arellano cruzó la frontera hacia Estados Unidos, donde residió hasta el 19 de agosto. Ese día, 15 agentes la rodearon en Los Ángeles y la deportaron por ser una inmigrante indocumentada. Su lucha por la legalización continúa más viva que nunca.
Elvira Arellano era una de los más de 12 millones de inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos. Tenía 22 años cuando, en 1997, cruzó la frontera en busca de una mejor oportunidad de vida. En el país soñado por muchos nació su hijo Saúl.
El 19 de agosto le tocó vivir el momento más temido por aquellos que, aun teniendo familia y pese a llevar años viviendo en suelo estadounidense, carecen de los papeles exigidos por la Administración. 15 agentes de la Oficina de Inmigración y Aduana la rodearon y la metieron en un avión con rumbo a México. En el momento de hacer la entrevista, Arellano se encontraba en un hotel de Tijuana a la espera de su hijo de ocho años. Ambos regresarán a su Michoacán natal para volver a empezar de nuevo y, desde ahí, continuar con la lucha por la legalización y contra «la ola de racismo» desatada en Estados Unidos, sobre todo, a raíz de los atentados del 11-S.
Denuncia con indignación y amargura que para una persona indocumentada «no hay libertad, ni derechos humanos ni unidad familiar».
¿Qué significa ser indocumentado en Estados Unidos?
Tras los ataques del 11-S, el Gobierno empezó a hacer redadas indiscriminadas en nombre de «la seguridad». No encontraron a Osama Bin Laden pero sí a muchos indocumentados.
En Estados Unidos siempre se habla de los valores de la familia, de derechos humanos, de que es un país de libertad y creado bajo la ley de Dios. Pero eso no existe para una persona indocumentada, que habla un idioma diferente y, además, es de diferente color.
La propuesta de ley republicana HR3447 impulsó el racismo. Esta norma establecía que toda persona que sea ciudadana americana y resida legalmente en Estados Unidos tenía que denunciar a las personas indocumentadas. Como he dicho, se desató una gran ola de racismo y odio hacia nuestras comunidades. Con nuestras movilizaciones conseguimos derrotar este proyecto de ley, que iba a criminalizarnos por el mero hecho de ser indocumentados.
Hace dos meses, se decía que la propuesta de ley para la legalización estaba muerta, pero el pasado día 12 hubo movilizaciones en toda la nación y pudimos demostrar que está más viva que nunca y que vamos a seguir luchando para que nuestras familias que se han quedado en Estados Unidos puedan tener una legalización.
¿Cómo es el día a día?
Hay mucho miedo, principalmente a ser deportado. Ahorita, mucha de nuestra gente está siendo amenazada por las cartas conocidas como «No Match» (no corresponde), que la Administración del Seguro Social (SSA) envía a los empresarios y trabajadores cuando, al parecer, el número y nombre que aparece en el Seguro Social no coincide con los datos que ellos tienen. Si al recibir una de estas cartas el empresario no despide al trabajador, lo sancionarán con multas que van desde los 5.000 hasta los 20.000 dólares.
Muchos de los empresarios no van a querer arriesgarse a pagar esas multas y los despedirán, por lo que, además de quedarse sin trabajo, muchos perderán sus propiedades.
Hay ciudades que están promoviendo leyes contra la inmigración. Arizona, por ejemplo, es uno de los estados más racistas. Está elaborando leyes para impedir que a una persona indocumentada le den trabajo, tenga asistencia médica o derecho a rentar una vivienda. Esta ola de racismo está creciendo muchísimo.
Una de las consecuencias inmediatas de las redadas masivas y deportaciones de inmigrantes es la ruptura familiar con todo el dolor que ello acarrea.
Por supuesto, pero al Gobierno de Estados Unidos no le importa en lo más mínimo. Después del 11-S, el Gobierno ha sido insensible; sólo piensa en defenderse del «terrorismo» pero nuestras familias no son terroristas, no son criminales. Es un país que habla de libertad, de unidad familiar, de derechos humanos… pero no, todo eso ya se perdió completamente. Deporta padres, madres, separan familias, niños se quedan solos.
De hecho, en el momento en que fue deportada la separaron de su hijo, que se quedó en EEUU. ¿Cómo vivió el momento de su detención y traslado al aeropuerto con destino a México?
Fue muy difícil, pero lo más importante es que ya estamos juntos. Ahora, iremos a Michoacán.
Mi proceso de deportación empezó en 2002, aunque dos congresistas lograron detenerlo. Se puede decir que, según la legislación, entre 2003 y 2006 viví legalmente en Estados Unidos. El 15 de agosto de 2006 me tenía que presentar en las Oficinas de Inmigración para ser deportada a mi país. Mi hijo es ciudadano estadounidense y decidí luchar para poder quedarme con él en Estados Unidos. Por eso me involucré en mi comunidad para pedir una legalización no sólo para mí, sino para millones de familias. Pedí el apoyo de mi pastor y me refugié en la Iglesia Metodista Unida Adalberto, en Chicago. Ahí viví durante un año, hasta el pasado 15 de agosto, cuando anuncié mi intención de ir a Washington para estar el 12 de setiembre frente al Capitolio.
Sabía que Inmigración no me lo iba a permitir y que me arrestaría antes. No quería que me detuvieran en mi iglesia cruzada de brazos y decidí viajar a Los Ángeles, California, donde viven la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, y Zoe Lofgren, presidenta del Subcomité de Inmigración, dos mujeres muy importantes, que también son madres y que cuando llegan a su casa tienen la seguridad de que encontrarán a sus hijos. Muchos de nosotros, que somos indocumentados, no la tenemos. Estando en Los Ángeles, me arrestaron y me deportaron En menos de ocho horas, ya estaba deportada. 15 agentes federales ocuparon todo su día en arrestarme y deportarme; sólamente a mí. Las mismas personas que me detuvieron en Los Ángeles me trajeron a Tijuana.
Pese a todo, sigo manteniendo el espíritu de lucha por los que se han quedado en Estados Unidos, que necesitan la aprobación urgente de una legalización. Si Washington quiere que nuestra gente viva legalmente, entonces, tiene que legislar. El problema migratorio es mundial porque en cualquier parte hay personas que viven indocumentadas. Si en el país de origen no se encuentran las oportunidades y en otro sí, como seres humanos tenemos derecho a buscar una mejor oportunidad de vida, siempre y cuando seamos personas de bien.
Su caso alcanzó una gran repercusión mediática tanto en Estados Unidos como en México y también a nivel internacional. El 28 de agosto logró entrevistarse con el presidente mexicano, Felipe Calderón, en su residencia oficial Los Pinos. ¿Cómo discurrió este encuentro?
Me preguntaron de qué manera podían ayudarme, que ellos querían hacerlo, y me propusieron darme una beca para mi hijo Saúl. Yo les dije que yo no puedo aceptar nada personal porque todos los días deportan a mujeres, trabajadores y niños, y separan familias. La manera en la que me pueden ayudar es otorgándome un nombramiento diplomático como «embajadora de paz, justicia y esperanza» para muchos migrantes. Estoy esperando la respuesta.
Como mexicanos exigimos respeto y dignidad para nuestra gente, pero de igual manera tenemos que comenzar por nuestra casa y reclamar respeto para aquellos que vienen a México desde Centroamérica. Se les tiene que tratar dignamente. Son seres humanos, y no criminales.
En pocas palabras, fui a hablar de la necesidad que tiene un pueblo y de por qué tenemos que salir de nuestro país. Mientras no tengamos oportunidades de trabajo y mejores sa- larios en México, siempre tendremos que arriesgarnos a ser expulsados. Es importante que el Gobierno adopte una postura fuerte.
Si la llegada a un país extraño resulta difícil, más aún cuando se carece de los documentos exigidos, no lo es menos el retorno en calidad de deportada.
Es muy difícil. Yo duré diez años en Estados Unidos. Allí tenía mi casa y aquí no tengo nada. Afortunadamente, tengo a mis padres y ahorita estoy viviendo en casa de una hermana. En unos días me mudaré a la casa de mis padres. He recibido un gran apoyo porque a mí me conocían por mi implicación en la lucha por la legalización, pero ¿cuánta de nuestra gente no conoce a nadie y llega a México sin un centavo en la bolsa?
Gracias a Dios, pude traer un dinero y tuve a una persona que me estaba esperando en la frontera y me llevó a dormir a su casa. Pero ¿cuántos mexicanos no traen dinero ni tienen un lugar donde quedarse? Es muy triste la vida para una persona cuando es deportada. Hasta ahora, no he tenido tiempo para sentarme a reflexionar y llorar acerca de mi deportación.