La economía manda. Tras los acuerdos de asociación entre la UE y los países africanos se oculta el interés de las empresas europeas por implantarse en una de las zonas más desprotegidas del planeta. «Estamos ansiosos por invertir en el Magreb, el problema es que nos dejen, pero hace falta que haya un buen sistema […]
La economía manda. Tras los acuerdos de asociación entre la UE y los países africanos se oculta el interés de las empresas europeas por implantarse en una de las zonas más desprotegidas del planeta.
«Estamos ansiosos por invertir en el Magreb, el problema es que nos dejen, pero hace falta que haya un buen sistema jurídico, por eso el Santander considera fundamental mejorar esta materia. Tenemos mucho interés en invertir, estamos deseosos de que nos ayuden y nos dejen», manifestó el director general del Grupo Santander, Juan Rodríguez Inciarte, en las jornadas ‘Del coste del no Magreb al tigre Norteafricano’, que se celebraron el año pasado en Madrid. A tenor de la expansión del principal banco español en la rivera sur del Mediterráneo, que corre pareja a la de numerosas multinacionales y medianas empresas europeas en toda África, las ayudas no les faltan. Y las restricciones cada vez son menores, gracias a la liberalización a marchas forzadas de las economías africanas y a la desaparición de sus políticas proteccionistas. Dos elementos claves del «buen sistema jurídico» al que hace referencia Rodríguez Inciarte.
Desde los ’90, las corporaciones europeas disponen de un instrumento de excepción para introducirse en el prometedor mercado africano: los convenios de asociación entre la UE y los diferentes países del continente. En virtud de las singularidades de cada zona, estos tratados presentan ligeras diferencias, pero actúan bajo la misma ecuación: la UE desembolsa millones de euros en concepto de ayudas a la democratización de sus sistemas políticos, la modernización de sus economías, la lucha contra el terrorismo y el control de los flujos migratorios y, en contrapartida, los jóvenes Estados africanos abren sus mercados al capital europeo. En el norte del continente, este tipo de cooperación tiene como telón de fondo el llamado Proceso de Barcelona, que persigue establecer una zona de libre cambio entre las dos orillas del Mediterráneo. En este marco y como ejemplo relevante, Argelia, uno de los países africanos más perezosos a la hora de ‘abrir’ su economía al mercado global, firmó en 2002 su Acuerdo de Asociación con la UE, después de que hicieran lo propio sus vecinos de Marruecos (en 1998) y Túnez (en 1995).
Como el resto de tratados hermanos, el Acuerdo UE-Argelia se rubricó al margen de la opinión de los agentes sociales del país, que desde el primer momento alertaron sobre los efectos perversos que su aplicación podía tener en una economía muy poco diversificada, que depende esencialmente de las rentas de los hidrocarburos. El 49,7% del PIB argelino proviene de este sector, mientras que la agricultura representa el 8,4%, el transporte el 8,6% y la construcción el 7,3%. En el marco del Acuerdo de Asociación (AA), la UE aprobó el año pasado el Programa Indicativo Nacional (PIN) para Argelia que, dotado con 220 millones de euros, servirá para financiar hasta 2010 «proyectos de diversificación económica, programas sociales y de formación universitaria» y reformas como la de la justicia o del sistema penitenciario. El PIN viene a sustituir a los programas MEDA, vigentes desde el año 2000, y como éstos está concebido para apoyar, teóricamente, los procesos de modernización, liberalización y democratización del sistema argelino.
Privatizaciones en Argelia
Por la parte argelina, el Gobierno se ha comprometido a continuar el proceso de privatización de empresas públicas iniciado en 1994 en virtud de un rígido «plan de ajuste estructural» dictado por el FMI, así como el programa de supresión de aranceles para los productos europeos. El pasado mes de febrero, el Ejecutivo de Buteflika publicó su última lista de empresas privatizables, abriendo la veda para la venta de 1.006 sociedades públicas, para deleite de un buen número de corporaciones europeas y españolas.
El AA ha levantado fuertes críticas no sólo entre los sindicatos autónomos y el antiguo sindicato único, la UGTA, y entre las asociaciones de derechos humanos, sino también en buena parte de la patronal argelina. La Asociación de Exportadores Argelinos afirma que «el desmantelamiento de las tasas [aduaneras] no beneficiará ni a los consumidores ni a los productores argelinos. No hay de qué alegrarse. Nuestras exportaciones al margen de los hidrocarburos son insignificantes». Además, afirman, «los productores europeos ya han subido los precios de sus productos».
Los empresarios argelinos califican esta liberalización comercial de «regalo a las empresas europeas sin contrapartidas», que debilitará aún más la débil posición de los productos argelinos y de su mercado interior. Además, denuncian que mientras Argelia, que ya importa el 45% de los alimentos que consume, está obligada a abrir su mercado completamente antes de 2010, Europa mantienen sus tasas anti-dumping, lo que perjudica a la exportación argelina de productos como el amoníaco o el azúcar. Para el periodista argelino Nordine Grim, el acuerdo con la UE «no ha avanzado en nada en la cuestión de la circulación de personas entre los países miembros y menos aún en la instauración de la democracia en Argelia (…) Las asociaciones de derechos humanos pueden pensar de manera legítima que el acuerdo obedece mucho más a una lógica de dominación que a una lógica de cooperación». Y concluye: «la UE nunca ha prestado mucha atención a la situación de los derechos humanos y a la libertad de prensa en el Magreb, es más, podemos apreciar una regresión en esta materia desde que ciertos países se han convertido en económicamente interesantes gracias al petróleo, o políticamente útiles, en el marco de la lucha antiterrorista». El BSCH supervisa la privatización de 13 empresas públicas en Argelia La cooperación española con los países africanos es todo menos desinteresada, como demuestra la febril actividad de nuestras grandes empresas en un país como Argelia. Allí, a pesar de la inseguridad provocada por el conflicto armado entre el Gobierno y los islamistas armados que pervive en el país, corporaciones como Repsol- YPF, CEPSA, Gas Natural o Dragados llevan años haciendo negocios y obteniendo pingües beneficios. El BSCH, que a demanda del Gobierno magrebí supervisa actualmente la privatización de 13 empresas estatales, puja en estos momentos con otros cuatro bancos por obtener el 51% del Crédit Populaire d’Algérie (CPA), la entidad con la mayor red de oficinas del país. Botín, que ya tiene participaciones en el Attijariwafa Bank, el principal banco de Marruecos, y presencia en Angola, Sao Tomé y Príncipe, Mozambique y Sudáfrica, a través de Totta, se encuentra también en Argelia gracias a su 30,7% de participación en CEPSA. La sociedad de abonos químicos Fertiberia ha comprado las compañías Fertial y Alzofert, que formaban parte de la próspera empresa pública argelina ASMIDAL, con objeto de crear una base de producción de fertilizantes para todo el Mediterráneo. En el sector de los transportes, OHL y AENA participan en el nuevo aeropuerto de Argel y CAF suministrará los vagones de pasajeros para el futuro metro de Argel, así como 17 autorails diesel para la empresa pública de ferrocarriles. En el ámbito naval, hay que destacar la presencia de IZAR, Unión Naval y Contenemar, entre otras. Acciona, GEIDA y FCC han obtenido la licitación para realizar cuatro de las 12 grandes desaladoras que Argelia pretende poner en marcha antes de 2010, y BP España e Isofotón para construir dos plantas de energía solar. Los gigantes Endesa, Iberdrola, CEPSA y Repsol, junto a Sonatrach, la compañía argelina de hidrocarburos, la mayor empresa de África, ejecutan en estos momentos uno de los proyectos estrella de la república árabe, el gaseoducto submarino Medgaz, que unirá Argelia con España.