La Iniciativa de Observación Internacional denunció ayer que el macroproceso del 18/98 fue «irregular» y la sentencia condenatoria sólo trató de «dotar de apariencia jurídica a una decisión política», por lo que espera que el Tribunal de Estrasburgo «acabe haciendo justicia». Cerca de 300 juristas pertenecientes a la Iniciativa de Observación Internacional siguieron este juicio […]
La Iniciativa de Observación Internacional denunció ayer que el macroproceso del 18/98 fue «irregular» y la sentencia condenatoria sólo trató de «dotar de apariencia jurídica a una decisión política», por lo que espera que el Tribunal de Estrasburgo «acabe haciendo justicia».
Cerca de 300 juristas pertenecientes a la Iniciativa de Observación Internacional siguieron este juicio y han elaborado un informe, que ayer fue presentado en Barcelona, en el que se denuncian «irregularidades y deficiencias» en todo el proceso.
Según este informe, la sentencia es de «confrontación» y «marca un antes y un después» ya que «abre camino al delito de ‘terrorismo desarmado’ o ‘terrorismo pacífico», hasta ahora considerado solamente como una hipótesis de laboratorio».
«Esta sentencia es evidencia de que no estamos ante un acto de investigación de hechos y emisión de justicia, sino ante un intento de dotar de apariencia jurídica a una decisión política», rezan las conclusiones del informe.
Según los juristas, que han consensuado el informe, en la instrucción del caso se vulneraron derechos fundamentales, «recurriendo al régimen de detención incomunicada, generándose alarmantes denuncias de torturas y malos tratos y con abuso de las medidas cautelares».
También denuncian en sus conclusiones la «falta de igualdad de armas» entre la acusación y la defensa, por lo que estiman que «el derecho a la defensa ha quedado gravemente en entredicho».
«Juicio sin crimen»
El portavoz de la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, Rafael Calderón, uno de los autores del informe, ha explicado en rueda de prensa que el proceso se fundamentó en la premisa previa de que «todo el entorno independentista vasco es ETA». «Es la primera vez que se ha hecho un juicio sin crimen», ha denunciado.
Por su parte, la portavoz de la Asociación Libre de Abogados de Madrid, Amalia Alejandre, ha explicado que ya se ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, paso previo para recurrir ante el Tribunal Constitucional y posteriormente ante el Tribunal de Defensa de los Derechos Humanos de Estrasburgo, donde «esperamos encontrar justicia».
Asimismo el ex presidente de la Asociación Europea de Abogados para la Democracia August Gil Matamala ha advertido de que «la vida política española se judicializada cada vez más y, paralelamente, la justicia se politiza y se convierte en un instrumento de intervención política».