La declaración de la Conferencia Episcopal Española del 6 de febrero en la que se recomendaba implícitamente el voto al PP ha sido el espectacular colofón de su beligerante actitud contra el Gobierno a lo largo de toda la legislatura. Todavía resonaban entonces los estentóreos discursos de Rouco o García Gascó del 30 de diciembre […]
La declaración de la Conferencia Episcopal Española del 6 de febrero en la que se recomendaba implícitamente el voto al PP ha sido el espectacular colofón de su beligerante actitud contra el Gobierno a lo largo de toda la legislatura. Todavía resonaban entonces los estentóreos discursos de Rouco o García Gascó del 30 de diciembre en la Plaza Colón de Madrid, o la maniquea ceremonia de las beatificaciones del 28 de octubre, o las manifestaciones contra los nacionalismos, contra el diálogo con ETA, contra la ampliación de las libertades civiles por la ley de matrimonios gays, contra la asignatura de Educación por la Ciudadanía, contra el mantenimiento de los supuestos del aborto, contra aspectos médicos relacionados con la bioética… descaradamente convocadas y en muchos casos presididas por obispos. De lo único de lo que no se han quejado ha sido del regalo del Gobierno socialista incrementando su dotación económica ¡del 0,5 al 0,7 del PIB! Es una actitud cavernaria, parecida a la de 1931 y 1936, reflejo del sentir de una jerarquía autoritaria y miope que ni entiende ni quiere entender el mundo ni los problemas de la gente.
Afortunadamente ha provocado el efecto contrario al que deseaban: en la sociedad civil un frontal rechazo a su mensaje y a sus formas y entre las comunidades y grupos cristianos una multitud de manifiestos bajo el lema «Otra Iglesia es posible», dolidos por el secuestro que de su fe hace la Jerarquía. Unos y otros plantean ya de manera directa la necesidad de una revisión a fondo de las relaciones Iglesia-Estado. Aparte de estos comunicados, desde la línea editorial de Pueblos creo que deberían hacerse algunas consideraciones.
En primer lugar, el tema en conflicto es el de la laicidad del Estado. Y respecto a esto los obispos deberían partir de los principios del Vaticano II. En diferentes documentos pero especialmente en la Constitución sobre las relaciones Iglesia-Mundo, el Concilio declaró la legítima autonomía de las realidades sociales: «Esta autonomía en leyes y valores», dice, «surge de un mundo progresivamente adulto y responde a la voluntad del Creador» (nº. 26). Se trata de un principio fundamental: en un mundo ya mayor de edad, la ciencia, la política, la moral, la construcción de la paz y el diálogo, etc, no necesitan la validación de la fe. Y a su vez, la fe y las expresiones de la misma no necesitan tampoco las muletas del poder.
Pero la demanda social continua por ampliar las libertades individuales o colectivas, o el respeto al pluralismo etc., rompen a menudo el consenso tradicional en cuestiones de moral o costumbres. Por eso, tanto los que exigen la ampliación de las libertades como los que pretenden impedirlas, plantean sus reivindicaciones como demandas políticas. Extrañamente, en un mundo que se reclama laico asistimos a una repolitización de la religión, especialmente desde la derecha. A la luz del Vaticano II la Iglesia debe aceptar que en las sociedades modernas el orden moral puede fundamentarse sobre muchas éticas, tanto religiosas como agnósticas o ateas. Pretender someter el orden político a una única concepción moral, o considerarse único poseedor de La Verdad y querer imponerla a los demás por la fuerza es fundamentalismo, ya sea talibán o católico. Esta fue la esencia del nacionalcatolicismo.
En segundo lugar, queremos advertir que en nuestro mundo neoliberal el sistema necesita cada vez más la utilización de una fe domesticada, una fe no crítica, sometida, y una institución de la religión vinculada al poder. Hoy asistimos a una verdadera confrontación entre dos expresiones públicas del cristianismo: una, neointegrista y neoconservadora, y otra, más escondida, que conecta con la inspiración evangélica de cambio social en favor de los pobres, y con el ejemplo de Jesús que se jugó la vida en la lucha contra la religión del Templo. La primera, con poderosos medios, está acorde con el neoliberalismo económico y el conservadurismo político. Se trata de la corriente llamada «neocon», muy presente en los Estados Unidos. Es obvio que desde el pontificado de Juan Pablo II, también el Vaticano se ha decantado a favor de esta corriente. Por ello debemos considerar las declaraciones de nuestros obispos como reflejo de un fenómeno de mayor amplitud. Su siniestra voz no sólo está avalada por el Vaticano sino también por Washington y por los centros en los que se decide el modelo económico neoliberal, y en consecuencia el modelo cultural y religioso.
Por último, esta actitud de los obispos (especialmente la reciente declaración) ha tenido una intencionalidad política y, como es lógico, ha tenido la correspondiente respuesta por parte de los grupos políticos aludidos. Sin embargo, creo que todos hubiéramos deseado que estos grupos que hoy reclaman para sí los principios de la laicidad, de la igualdad jurídica y de oportunidades de todas las personas y confesiones y se han sentido aludidos por la citada declaración, hubieran sido en su momento más beligerantes ante las continuadas exigencias de privilegios por parte de la Jerarquía, porque tales exigencias nunca se saciarán cediendo o con actitudes débiles o timoratas.
En este sentido creo que aquellos que desde hace tiempo venimos exigiendo una mayor beligerancia en la defensa de la laicidad, en el mantenimiento de un modelo de sociedad más justa y de iguales y de un Estado no comprometido con ninguna confesión, deberemos seguir exigiéndolo al gobierno resultante, al margen de los costos o beneficios electorales que esta posición pueda tener.
* Jaume Botey Vallés es profesor de Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Consejo Editorial de Pueblos.