Este educador, que lleva más de 40 años dedicado a revisar la pedagogía y 30 de intensa convivencia con niños y jóvenes marginados, denuncia la dejación de las instituciones del Estado.
A los niños que están siendo víctimas de malos tratos en algunos centros de tutela, a buen seguro que les tendrá sin cuidado que quien les somete a violencia lo haga desde instancias públicas o privadas. Pero a quienes estamos convencidos de que el cuidado de los niños nos compete a todos, nos alarma de un modo especial el que la responsabilidad de esta violencia señale precisamente a quienes en nombre del Estado están llamados a impedirla. Sin ellos no habría sido posible ir consolidando año tras año tanta carga de impunidad. ¿En dónde andaba la Fiscalía y la judicatura del Estado para que tenga que venir la oficina del Defensor del Pueblo a recordarles sus obligaciones? ¿Acaso no existe en cada Comunidad Autónoma una entidad administrativa a quien compete el cuidado de estos niños? Ella es quien los recibe o incluso se los apropia por la fuerza, quien los distribuye por centros públicos o privados, quien debiera vigilar la gestión que le encomienda a esos centros e incluso quien los subvenciona en casi su totalidad con inexplicable desmesura.
Lo que más me sorprende en esta desdichada historia es lo desagradecidas que pueden llegar a ser las empresas que montan estos centros, sean públicas o privadas, precisamente con los niños que las abastecen: el cuidado de estos niños, en donde podrían estarles maltratando, aporta de media 3.800 euros chico/mes, y si se trata de un centro público, en torno a 9.000 euros. Los ciudadanos quedamos estupefactos al oír esas cifras, ¿qué no podría hacer cualquier familia o cualquier colectivo a pie de calle con sus niños, si mensualmente les tocara esa lotería? El problema está en el diseño político. El que la Administración trate de justificar lo que paga sólo puede ser un gesto más de complicidad e impunidad.
En el Foro Económico Mundial de Davos (1999) se propuso un Pacto Mundial entre los líderes empresariales y las máximas representaciones políticas, «con principios y valores compartidos, para darle cara humana al mercado global». En nuestro país, en efecto, lo público y lo privado llevan demasiado tiempo compartiendo cosas. La proliferación de negocios-descomunales-sinafán- de-lucro y sin control efectivo es una prueba, la cara demasiado humana del mercado global. Estos días mucha gente se pregunta quién puede estar detrás de estos negocios embrutecedores, quién patrocina esta industria punitiva contra simples niños, qué mentalidad enfermiza les anima.
Pero a mí me parece que la pregunta imprescindible no es quién puede estar detrás, sino quién debería estar delante y no le dejan. Lo más común a cualquier delito es su voluntad de pasar desapercibido. Mientras en la actual coyuntura política estos niños no cuenten, por ley, con alguien de su propia gente interesada y comprometida en fiscalizar lo que hacen con sus hijos, los chavales jamás podrán librarse del maltrato que están padeciendo.