Traducido para Rebelión por Juan Vivanco
The New York Times recoge el 23 de mayo de 2009 de unas declaraciones de Ian C. Kelly, portavoz del Departamento de Estado: «Queremos aprovechar la reanudación del el diálogo para reafirmar el compromiso de ambas partes con una migración segura, legal y ordenada, revisar las tendencias de la migración ilegal de Cuba a Estados Unidos y mejorar las relaciones operativas con Cuba en materia de migración».
Otro gesto noble de Barack Obama en sintonía con su nueva política hacia Cuba, pensarán quienes desconocen los antecedentes en este asunto; un simple gesto para la galería, dicen los que saben.
En efecto ―y el periodista del New York Times debe saberlo―, este diálogo migratorio se remonta a mediados de los años 1990, en el momento de la «crisis de los balseros», y se mantuvo durante diez años hasta 2004, cuando Bush, que ya le había dado un perfil bajo cuando entró en la Casa Blanca, decidió suspenderlo por las buenas.
En resumidas cuentas: lo mismo que en el caso de la supresión de trabas para los viajes y el envío de dinero de los cubanoamericanos, Obama, pasando por encima de las medidas vengativas de Bush hijo, se limita a reanudar la política hacia Cuba allí donde Clinton la había dejado, sin dar un paso más.
Un paso más, por ejemplo, sería entablar un diálogo sobre los tres acuerdos bilaterales de cooperación en aspectos muy concretos que la revolución cubana había planteado a su antecesor demócrata y a los que Clinton había dado largas sin pronunciarse nunca: lucha contra el tráfico de drogas; lucha contra la emigración ilegal; y lucha contra la trata de seres humanos.
Sobre este diálogo migratorio se podría decir mucho más de lo que revela el diario neoyorquino. En realidad, en el transcurso de las relaciones entre los dos países, el Imperio nunca ha hecho nada que favorezca a Cuba y se ha limitado a reaccionar ante situaciones extremas que se habían vuelto embarazosas o molestas para él, o que ya no le convenían. Por ejemplo ―pero de esto apenas se informa―: el punto de partida fundamental de la emigración ilegal cubana es la existencia de la Ley de ajuste cubano aprobada por el Congreso de Washington, que data de 1966. En virtud de esta ley todo cubano que consiga pisar territorio estadounidense, cualesquiera que sean los medios usados para conseguirlo, incluidos el homicidio y la piratería aérea y marítima, puede quedarse en el país, recibe una ayuda económica y un trabajo, y al cabo de un año se le concede el permiso de residencia, un privilegio desorbitado reservado únicamente a los cubanos y vedado a todas las demás nacionalidades del mundo, cuyo fin, evidentemente, es fomentar la emigración ilegal. Si existieran, por ejemplo, sendas leyes «de Ajuste» mexicano, salvadoreño, haitiano, chileno, argentino, etcétera, Estados Unidos sufriría una invasión. ¡Pero sólo los cubanos, repito, gozan de este enorme privilegio, que se mantiene sin cambios a pesar de que Washington ha endurecido los requisitos de entrada en el país y expulsa a los ilegales sin contemplaciones!
Por eso lo primero que habría que hacer para garantizar, según el deseo manifestado por los dos gobiernos en 1994, una «migración segura, legal y ordenada», expresión huera repetida en todas las declaraciones, sería ―y cualquiera, sin ser un brillante diplomático, puede entenderlo― suprimir el factor desencadenante de la emigración ilegal, retirar el señuelo, es decir, la Ley de ajuste cubano. Pero como esta ley es un arma en la guerra total que ha desatado Washington contra la revolución cubana desde hace cincuenta años, la Casa Blanca no se lo plantea. En vez de atacar el problema de la situación migratoria en su raíz, como pide insistentemente La Habana, Washington se limita a dejar las cosas como están para «fastidiar» a su adversario, y a reaccionar cuando le sale el tiro por la culata.
Como ocurrió en el verano de 1994 con la famosa «crisis de los balseros» , consecuencia de la terrible situación económica por la que pasaba Cuba tras el hundimiento del campo socialista europeo («Periodo Especial») y de la intensa propaganda (a escala de una guerra psicológica, con incitación a la violencia y al terrorismo) procedente de Miami para provocar la partida de los cubanos («el país no tiene futuro y se va a hundir, lo mejor es abandonarlo»). No voy a repasar la historia. Me limitaré a señalar, porque es una constante, que esa crisis, como tantas otras (entrada en las embajadas, piratería aérea o marítima) se planeó cuidadosamente: prueba de ello es la simultaneidad de los acontecimientos.
El 28 de mayo de 1994 unos individuos entran en la residencia del embajador belga; el 18 de junio más de un centenar de individuos (entre los que hay 25 niños, uno de ellos de pocos meses) entran en las embajadas de Bélgica y Alemania y en el consulado de Chile; el asunto queda zanjado poco después, cuando el gobierno cubano hace saber que no habrá ninguna negociación al respecto: «Nadie que haya entrado por la fuerza en una sede diplomática obtendrá autorización para salir del país, ni ahora ni después. Esta es una posición invariable y no cederemos bajo ningún concepto».
Al fracasar el golpe de efecto de las embajadas, la táctica se orienta hacia la piratería marítima . El 13 de julio de 1994 unos individuos secuestran un remolcador que está en reparación en el puerto de La Habana e intentan llegar a Estados Unidos. Otro remolcador que, por decisión de la tripulación, se lanza en su persecución para impedir el secuestro, lo aborda a siete millas de la costa ―hay mala mar― y el primero se hunde. Los guardacostas consiguen salvar a 31 personas, pero un número indeterminado de candidatos a la emigración ilegal se ahogan. El 26 de julio cuatro individuos fuertemente armados secuestran la lancha que cruza la bahía de La Habana con 30 pasajeros a bordo, y arrojan al agua a varios de ellos. Una vez en alta mar, un guardacostas estadounidense recoge a los piratas, y la embarcación cubana puede volver a puerto. El 3 de agosto unos individuos armados secuestran otro trasbordador y lo llevan a puerto estadounidense. El 4 de agosto otros individuos secuestran la lancha que ya había sido atacada el 26 de julio, matan a un joven policía de 19 años que está entre los pasajeros y se hacen a la mar; al quedarse sin combustible los aborda un guardacostas cubano, que libera a los pasajeros y captura a los piratas. El 5 de agosto un grupo numeroso de personas se han congregado en el malecón de La Habana a la espera de unos barcos que supuestamente deben llegar para llevarles a Estados Unidos (como les ha hecho creer la radio de Miami); llenas de frustración, provocan un tumulto, rompen vidrios de tiendas y hoteles y atacan a la policía; la población interviene para sofocar el motín y la aparición de Fidel, desarmado y con guardaespaldas también desarmados, apacigua los ánimos. El 8 de agosto un individuo secuestra un barco auxiliar de la armada en Mariel, después de matar a un teniente de navío, y llega a Estados Unidos, donde las autoridades le reciben como un héroe y se niegan a entregarlo a Cuba para que sea juzgado por asesinato. El 14 de agosto cientos de individuos abordan un petrolero con pabellón maltés que hace cabotaje en las costas cubanas y ponen rumbo a Estados Unidos, al parecer con la complicidad del capitán griego; la firmeza de las autoridades cubanas frustra el secuestro.
Por fin, después de tres meses de desórdenes ―tras de los cuales está la mano estadounidense, por supuesto―, Clinton se decide a «hacer algo». El 20 de agosto, en vista de la dimensión alcanzada por la inmigración ilegal y los trastornos que ocasiona, su gobierno adopta varias medidas para impedirla ―¡por primera vez desde el comienzo de la revolución cubana!―. Se decide impedir la entrada de emigrantes ilegales y recluirlos, una vez capturados, en la base (ilegal) de Guantánamo. (Como vemos, la idea de abrir una cárcel en esta base robada a Cuba no es de Bush. El ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ya había protestado el 10 de agosto porque las autoridades estadounidenses mantenían allí en condiciones infrahumanas a 16.000 haitianos capturados en alta mar.) Lo cual está en contradicción, por supuesto, con la Ley de ajuste cubano.
Pero curiosamente, con una política de «palo y zanahoria», el gobierno de Clinton adopta represalias contra Cuba: suprime totalmente el envío de dinero de los familiares cubanoamericanos, limita estrictamente la cantidad de medicinas y alimentos que pueden mandar y reduce la cantidad de vuelos semanales entre Miami y La Habana. (Como vemos de nuevo, las represalias centradas en el dinero y los bienes que pueden mandar los cubanoamericanos no las inventó Bush, ya databan de la presidencia de Bill Clinton.) El 24 de agosto la Sección de Intereses Norteamericanos (SINA) de La Habana avisa en una nota que todo cubano que salga ilegalmente del país será recluido en la base de Guantánamo, no recibirá trato de refugiado y no obtendrá visado para entrar en Estados Unidos.
El 30 de agosto de 1994 se informa de que los gobiernos estadounidense y cubano han entablado un diálogo sobre asuntos migratorios. Apenas diez días después, el 9 de septiembre, los dos países suscriben un acuerdo migratorio que se resume en lo siguiente: 1) Los cubanos que intenten entrar ilegalmente en Estados Unidos serán apresados en alta mar y recluidos en instalaciones fuera del país, sin poder entrar en él; 2) Estados Unidos renuncia a su práctica de conceder una autorización provisional a todos los emigrantes cubanos que entran en el país por vías irregulares; 3) Cuba adoptará las medidas que estén a su alcance para impedir las partidas sin seguridad; 4) ambas partes seguirán conversando sobre otros asuntos relacionados con la emigración que aún no se han abordado y revisarán el cumplimiento del acuerdo cada 45 días.
En esto consistía el acuerdo migratorio firmado en la época de Clinton, del que Bush hijo hizo caso omiso para acabar anulándolo lisa y llanamente.
En realidad, para ser precisos, las primeras conversaciones sobre este asunto se remontan a diez años antes, a mediados de diciembre de 1984. Por aquel entonces Fidel llegó a hacerse ilusiones de que existían condiciones para normalizar las relaciones migratorias entre ambos países. El jefe de la Casa Blanca era un duro de gatillo fácil, Ronald Reagan, padre de los neoconservadores, dispuesto a eliminar la «fuente del mal» en América Latina, la revolución cubana. El diálogo se suspendió a causa de la política centroamericana de la Casa Blanca y no se reanudó hasta tres años después, en diciembre de 1987 en México.
De modo que cuando Obama se declara dispuesto a entablar negociaciones en materia migratoria no está diciendo nada nuevo, puesto que el mismísimo Reagan no había tenido inconveniente en hacerlo.
¿Irá Obama más lejos que su predecesor demócrata o se limitará a una simple vuelta al pasado, al statu quo anterior? Si de verdad quiere ir más lejos que ellos, si de verdad quiere innovar, bastaría con que promoviera la derogación de la Ley de ajuste cubano. Mientras esté en vigor no podrá haber una verdadera normalización.
¿O va a dejar que la mafia terrorista cubanoamericana de Miami se le suba a las barbas como hizo con Clinton, cuando se esforzó por torpedear un acuerdo migratorio que no le convenía en absoluto (ningún acuerdo entre La Habana y Washington, por mínimo que fuera, le convenía…). Las incursiones repetidas de los aviones de «Hermanos al rescate» pretendían, entre otras cosas, provocar incidentes con las autoridades cubanas. La provocación dio resultado cuando el 24 de febrero de 1996 los Mig cubanos abatieron dos Cessna de uso militar sobre aguas territoriales cubanas y el «incidente» (premeditado) le sirvió de pretexto a la mafia para presionar al Congreso y al gobierno y lograr que Clinton, se cree que a regañadientes, firmara la Ley Helms-Burton.
El problema de Obama es que, aunque la mayoría de los estadounidenses y los legisladores están a favor de normalizar las relaciones con la revolución cubana, sigue pensando en «sus electores». No lo digo yo, sino el New York Times: «Consciente de los problemas políticos nacionales que podría causar cualquier cambio en las relaciones con Cuba, el gobierno de Obama procura poner límites sólidos a cualquier compromiso». Por supuesto, lo de los «problemas políticos nacionales» no es más que un eufemismo para referirse a la mafia terrorista cubanoamericana de Miami. Como queda en evidencia si seguimos leyendo: «El senador Menéndez [de origen cubano y miembro destacado de dicha mafia], que preside la comisión encargada de aprobar los programas de ayuda exterior, ha afirmado que retiraría la aportación de Estados Unidos a la OEA ―alrededor del 60% de su presupuesto― si Cuba fuera admitida en su seno». Pero los señores de la OEA pueden estar tranquilos: no perderán un centavo, porque la revolución cubana ha dicho por activa y por pasiva y a los cuatro vientos que no tiene la menor intención de volver a esos establos de Augias.
¿Seguirá Obama haciendo cabriolas sobre la política de Bush para volver a la de Clinton, por no decir a otras anteriores, o se dotará de una política propia?