La familia de Luis Dorado, diputado socialista asesinado en 1936 por los franquistas, denuncia al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su «falta de asistencia». La familia de Luis Dorado, diputado del PSOE por Málaga en la II República asesinado en Córdoba por los franquistas en 1936, ha demandado al Estado […]
La familia de Luis Dorado, diputado socialista asesinado en 1936 por los franquistas, denuncia al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su «falta de asistencia».
La familia de Luis Dorado, diputado del PSOE por Málaga en la II República asesinado en Córdoba por los franquistas en 1936, ha demandado al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Los demandantes, que han agotado sin éxito las vías judiciales en España primera y segunda instancia en Córdoba, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional, alegan que «la pasividad del Estado español al no esclarecer el paradero del desaparecido o las circunstancias de su muerte, la falta de asistencia a la familia y la ausencia de investigación exhaustiva representan violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos», ratificado por España en 1979, según Antonio Gutiérrez, nieto de Dorado y portavoz de la familia.
La familia de Dorado es la primera de descendientes de desaparecidos o ejecutados por los franquistas que toma esta medida, al menos que se conozca. Diversas fuentes judiciales y otras relacionadas con el movimiento memorialista aseguran que no les consta otra denuncia contra España en Estrasburgo por este tema y apuntan a la importancia de la misma por hacer referencia a «crímenes cometidos por fuerzas armadas del régimen anterior ante los que el Estado debe dar una respuesta».
La representación legal de la familia presentó la demanda el 12 de junio. «No hay plazos fijos para la admisión a trámite, pero suele tardar de seis meses a dos años», apuntan fuentes judiciales. Los abogados de Dorado esperan ahora confirmación de la recepción por parte del Tribunal.
La demanda, firmada por Carmen Dorado, de 83 años hija de la víctima, y su hijo, Antonio Gutiérrez, de 57, fue presentada tras comprobar que todas las puertas legales en España se cerraban tras una lucha de casi 30 años. La familia ni siquiera ha conseguido una partida de defunción. «No hemos sido reparados económica ni moralmente. Sólo hemos recibido burlas y dejadez de la justicia y la administración», afirma Gutiérrez, cuyo objetivo, desde el principio, ha sido claro: localizar el cuerpo, exhumarlo, identificarlo, entregarlo a la familia y modificar el Registro Civil.
Registro civil
El calvario empieza en 1979, al tramitar el papeleo para reconocer la viudedad de Josefa Ortiz, esposa de Dorado. La familia se vio obligada a presentar una declaración voluntaria de fallecimiento en 1980 al comprobar la imposibilidad de demostrar que Dorado estaba muerto, porque no consta en el Registro Civil de Córdoba. A partir de ahí, los familiares inician una lucha que culmina en 1993 con el reconocimiento del derecho de Josefa Ortiz a percibir una pensión de viudedad sin carácter retroactivo.
«Ahí ya no teníamos ni un documento para seguir pleiteando», afirma Gutiérrez. Sólo la progresiva apertura de los archivos militares va abriendo con los años expectativas para la familia, que logra al fin demostrar el asesinato de Dorado a partir de una investigación privada. «Desde mediados de los 90 voy indagando y empieza a llegarme información, anónima o de investigadores como Francisco Espinosa», explica Gutiérrez, que destaca el «apoyo» de la CGT.
El recurso de la familia a la vía judicial resultó infructuoso. En 2006, tanto el juzgado de instrucción 2 de Córdoba como la Audiencia Provincial rechazan sus denuncias. Sus argumentos se fundamentan en la prescripción de los delitos de secuestro, desconocimiento de paradero y asesinato y en la Ley de Amnistía. «Ahí ya sabíamos que aquí nuestra causa no tenía futuro, pero teníamos que agotar toda la vía en España para poder ir a Estrasburgo», explica Gutiérrez.
Inhibición de Garzón
La familia presentó un recurso de amparo ante el Constitucional, que resolvió que no era de su competencia. En cuanto a la Audiencia Nacional, la causa le tocó a Baltasar Garzón. Al inhibirse en noviembre de 2008 en favor de los órganos territoriales, la familia dio la causa por perdida. «No somos una asociación ni pedíamos un juicio al franquismo. ¿Por qué no nos dio respuesta individual, si sabía que en el juzgado territorial ya habían dado por prescritos los delitos?», pregunta Gutiérrez.
Justo el día en que Garzón trasladó la causa a los órganos territoriales, el juzgado de instrucción 6 de Córdoba comunicó que no seguiría con la exhumación de la fosa en la que supuestamente están los restos de Dorado, en el cementerio de la Salud. Allí habían empezado en octubre los trabajos de localización de la fosa, en una actuación dentro del programa de subvenciones que la Ley de Memoria Histórica garantiza a los familiares para buscar a sus difuntos. La familia llegó a denunciar a Rosa Aguilar, alcaldesa de Córdoba (entonces en IU), por prevaricación, al estimar que el Ayuntamiento ponía impedimentos para la apertura de la fosa, donde se calcula que hay entre 400 y 500 cadáveres. La denuncia fue archivada al no encontrarse indicios de delito.
La demanda en Estrasburgo no pretende que el Tribunal asuma la investigación u ordene la exhumación cuestiones sobre las que carece de competencias, sino que reconozca la existencia de una violación de los derechos humanos que obligue al Estado a hacerlo. La familia y sus abogados prefieren no revelar el contenido exacto de la demanda, ya que daría ventaja al Estado para preparar su defensa en caso de que sea admitida.
«No pedimos que se enjuicie al régimen anterior. Sólo queremos hacer valer nuestros derechos fundamentales, que son inherentes a todo ser humano», aclara Gutiérrez.