A mediados de los años 70, la tasa de desempleo en España era inferior al 5%. Se inicia a partir de entonces un periodo de reconversión industrial que situaría el paro en cifras superiores al 20% entre 1984 y 1986. En una perspectiva a largo plazo, ese periodo no acaba sino a finales de 1994, […]
A mediados de los años 70, la tasa de desempleo en España era inferior al 5%. Se inicia a partir de entonces un periodo de reconversión industrial que situaría el paro en cifras superiores al 20% entre 1984 y 1986. En una perspectiva a largo plazo, ese periodo no acaba sino a finales de 1994, con niveles de desempleo cercanos al 24%.
A pesar de la larga fase de creación de empleo posterior, España nunca ha conseguido superar por completo las secuelas de aquel proceso. La crisis financiera, que sitúa de nuevo el desempleo por encima del 20% en 2010, no debe ocultar esta realidad; sobre todo porque la reconversión de los años 70 y 80 también viene acompañada de un fuerte incremento de la temporalidad. Cercano al 15% de la población activa en los años 70, el peso conjunto de la población parada y ocupada con carácter eventual llega a alcanzar un 43,4% a finales de 1994. La proporción considerada es todavía del 36,2% en 2010.
La inusual dureza de la reconversión industrial se traduce, entre 1975 y 1985, en la pérdida de unos 6 millones de puestos de trabajo en Europa occidental (con ganancias de similar dimensión en países como Brasil, Taiwán, Corea o Indonesia). Pero la crisis económica de aquellos años destaca en nuestro caso por un rasgo excepcional: la incapacidad de compensar la caída del empleo industrial con el desarrollo de los servicios comerciales, financieros y de atención a la comunidad. Mientras Reino Unido sólo pierde un 2% de su empleo entre 1975 y 1985, creciendo incluso un 3,4% la ocupación de los países de la antigua Comunidad Económica Europea, España pierde en ese periodo más del 16% de su empleo total.
Junto al aumento del precio de la vivienda desde mediados de los años 80, la caída del empleo y el incremento de la temporalidad han tenido consecuencias muy graves para la sociedad española. Una de ellas ha sido la persistencia de altas tasas de precariedad económica. Medida en términos de insuficiente cobertura de las necesidades básicas, el impacto de la pobreza podía estimarse en 2007 en un 12,5% de la población. Su aspecto más negativo es la incidencia diferencial entre la población menor de 14 años, con un 18,5% de ella en situación de riesgo.
El impacto de las problemáticas sociales consideradas en la población adulta joven también está en el origen de la drástica caída de la fecundidad y de la natalidad. Sus efectos no se limitan al envejecimiento de la población; también determinan la tendencia descendente a largo plazo de la población activa potencial en España. Éste es, en realidad, el factor demográfico que más condicionará a partir de 2023 la viabilidad del sistema de pensiones y de protección social.
La mirada al pasado anima a la reflexión en un momento que se caracteriza ante todo por la desvalorización del trabajo en España. Una parte de la población activa lo ha perdido por completo, primero al eliminarse su puesto de trabajo, después al agotar unas prestaciones y subsidios de carácter temporal. Otra asistirá a su depreciación por medio de reducciones salariales, primero en el ámbito público, probablemente después en el privado.
No existe, según nos dicen, aparente alternativa para un país acosado por los ataques especulativos contra su deuda. España no está entre los Estados que pueden recurrir a fabulosos fondos soberanos, levantados sobre el control de algún producto económico estratégico. Aún así, sus habitantes sí poseen algunos recursos valiosos, entre ellos los que se derivan de su trabajo. ¿Por qué no pensar en rentabilizar en común esa fuente de riqueza para tratar de alcanzar lo que otros consiguen a través del control de la inteligencia informática o del petróleo? Sería una vía para hacer frente al reto de los agitadores del mercado y a los problemas derivados de la crisis demográfica.
Convendría por tanto considerar la posibilidad de crear un nuevo fondo económico, garantizado por el Estado y sustentado en aportaciones de la población trabajadora. Su objetivo sería garantizar el valor del trabajo en circunstancias adversas, protegiendo al país frente a ataques especulativos y disminuyendo la presión sobre la deuda. En periodos de auge económico, el fondo podría destinarse a fomentar la inversión productiva y la contratación en sectores estratégicos.
Una vez alcanzado un mínimo tiempo de consolidación, los rendimientos de este fondo podrían distribuirse en forma de renta anual, de cuantía similar para cada contribuyente. Las modalidades de distribución, sin embargo, serían diferentes en función de la edad. En el caso de las personas menores de 40 ó 45 años, la distribución seguiría al periodo de consolidación, quedando abierta en los mayores de esa edad la opción a una devolución diferida en el tiempo, susceptible de acumularse como complemento a una futura pensión. El fondo podría así consolidar, en especial en el periodo crítico 2025-2050, una base de renta a la que sumar la pensión resultante de las cotizaciones.
Aunque la propuesta pueda llegar tarde para alterar los planes de recorte salarial, una alternativa de actuación orientada en la dirección señalada sería la siguiente: introducir, sin afectar a los procesos de negociación colectiva, una contribución obligatoria de carácter temporal, progresiva en función de los ingresos, con menor carga en la ocupación temporal y acumulada al sistema de retenciones fiscales y cotizaciones sociales. Se mantendría durante un plazo aproximado de tres años, con una tendencia decreciente en las aportaciones anuales. Los recursos obtenidos constituirían una base para la liquidación progresiva de la deuda. Una vez superada la situación de emergencia, se iniciaría el proceso de devolución de las cuantías aportadas.
Viables o no estas propuestas, la cuestión de fondo que plantea la crisis actual se resume en una pregunta: ¿cómo conseguir a largo plazo que se mantenga y recupere, sobre todo en términos de creación de empleo, el valor del trabajo en España?
Fuente: http://www.diariovasco.com/v/20100520/opinion/articulos-opinion/valor-trabajo-20100520.html