Han dado cuenta de ello El Periódico y Público [1]. Otra hazaña más del encausado Félix Millet. El popularmente conocido como «saqueador del Palau» gastó hasta 140.000 euros (¡ciento cuarenta mil!) en propinas y sobornos a agentes de la Guardia Urbana de Barcelona. Finalidad de los sobornos: que los agentes no multaran a los camiones […]
Han dado cuenta de ello El Periódico y Público [1]. Otra hazaña más del encausado Félix Millet. El popularmente conocido como «saqueador del Palau» gastó hasta 140.000 euros (¡ciento cuarenta mil!) en propinas y sobornos a agentes de la Guardia Urbana de Barcelona. Finalidad de los sobornos: que los agentes no multaran a los camiones que intervinieron en las obras del Palau. En la década de los ochenta se decidió efectuar una gran reforma del edificio. Las obras duraron unos siete años, hasta finales de los ochenta. El proyecto de Óscar Tusquets fue reconocido con el Premio FAD 1989 de Arquitectura, Reformas y Rehabilitaciones.
Una vez conocidos los sobornos, de los cuales nadie había hablado en estas dos décadas, el gobierno municipal de la ciudad ha anunciado que abrirá un proceso de investigación interna en el cuerpo de la guardia urbana para «depurar responsabilidades». El cobro de este tipo de propinas, se ha añadido, acaso innecesariamente, «está prohibido».
Hasta aquí parece un caso más del poder de las fuerzas vivas urbanas y de su trasgresión de formas, normas y leyes. Poder en estado puro, su voluntad sin restricciones. El máximo gestor de una institución reconocida como Patrimonio Nacional en 1971 ordena unas obras; los camiones que intervienen en ellas, que deben cumplir como cualquier otro vehículo determinadas normas, hacen lo que les viene en gana, acaso para reducir costes y acelerar metas e inauguraciones; se soborna, ni más ni menos, a agentes municipales que no debieron ser uno o dos tan sólo; ningún responsable de la Guardia Urbana sabe del tema; tampoco nadie de los diversos consistorios que gobiernan la ciudad consigue que le jaleen los oídos con esa música; dos décadas más tarde se abre un proceso contra el máximo responsable de la gestión del Palau; las arbitrariedades y corruptelas se acumulan; una, no es la única, salpica a la gestión del Ayuntamiento de la ciudad y éste interviene añadiendo su voz crítica ante lo sucedido y apuntando que depurará responsabilidades por lo sucedido. ¡A buenas horas! Aunque, sin duda, hacer es la mejor forma de decir.
Nada nuevo bajo el sol de la ciudad. Otro caso más de la inmensa y no totalmente conocida sombra que se prolonga tras la prolongada gestión de Félix Millet, gestión indescriptible (¡las cantidades que la familia expropiaba mensualmente de los fondos de la institución dan vértigo y vergüenza!) que afecta a casi todas las instituciones políticas de la ciudad, a entidades partidistas y fundaciones anexas, y a los grandes señores, señoras y poderosas familias de la ciudad.
Sin embargo, hay otro corolario más que merece no ser olvidado, aunque sea de pasada. La citada depuración de responsabilidades, si los sucesos hubieran ocurrido hace pongamos tres o cuatro años, adquirirá otra dimensión. ¿Por qué?
Porque algunos servicios de la Guardia Urbana barcelonesa están externalizados. No, como es sabido, por un gobierno tipo Esperanza Aguirre y Gil de Biedma o Camps-Correa. No, nada de eso. Por un gobierno que dice ser de izquierdas y que integra o ha integrado fuerzas políticas como el PSC-PSOE, ERC y ICV-EUiA.
Los servicios de multas de la ciudad, desconozco si en todos los distritos pero es muy probable que sea así, están en manos de una empresa privada, cuya «capital social y político» sería interesante conocer. Supuestos guardias urbanos pasean por las calles de la ciudad y multan coches mal aparcados o con papeles de aparcamiento incorrectos. Van vestidos como si fueran guardias urbanos pero no lo son aunque la ciudadanía se dirija a ellos presuponiendo tal condición. Una faja que llevan dibujada no incorpora unos rectángulos que sí llevan dibujados los agentes que realmente son guardias municipales.
Las razones de la externalización son obvias. La conocida cosmovisión neoliberal: ahorro de dinero, y que la empresa privada haga todo lo que pueda hacer y un poco más. Son emprendedores, debemos ayudarles todo lo que podamos. A costa de lo que sea.
Consecuencia de la externalización, la de siempre: los trabajadores y trabajadoras tienen peores condiciones laborales (sueldos, horas de trabajo, seguridad, vacaciones) y son presionados con mucha más facilidad. Si no cumplen con determinados objetivos, si no multan tanto como deben multar según decisiones público-privadas y se muestran más comprensivos ante errores ciudadanos bientencionados que no pretenden dejar la ciudad en manos de propietarios desalmados de coches y motos, ni siquiera de ciclistas irresponsables, entonces esos trabajadores oyen voces de ordeno y mando que les recuerdan que su contrato puede no ser renovado y que la calle es ancha y que el número de parados alcanza cifras de vértigo y de desánimo. Entonces, no pueden hacer otra cosa, los trabajadores se ponen cargadas las pilas represivas y las cuentas cuadran al día siguiente. Los objetivos han sido alcanzados. Y aquí paz y en los despachos gloria.
Nota:
[1] El Periódico, 20 de mayo de 2010. Público, 21 de mayo de 2010, p. 21.
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