A la humillación de que a sus hijos les prohibieran tomar agua en la escuela, las madres de familia mexicanas con hijos estadounidenses que residen la franja fronteriza de Sonoyta, en el estado mexicano de Sonora y Lukeville, Arizona, deberán sumar ahora enviar a los menores con pruebas de su ciudadanía y su residencia legal […]
A la humillación de que a sus hijos les prohibieran tomar agua en la escuela, las madres de familia mexicanas con hijos estadounidenses que residen la franja fronteriza de Sonoyta, en el estado mexicano de Sonora y Lukeville, Arizona, deberán sumar ahora enviar a los menores con pruebas de su ciudadanía y su residencia legal dentro del estado. El Departamento de Educación de Arizona lanzó indicaciones de que ningún menor abordará el autobús escolar a menos que presente evidencias de que residen dentro del estado.
Libier Soto, madre de familia de tres estudiantes que acuden al Distrito Escolar Unificado de Ajo, Arizona; a 38 millas de la ciudad fronteriza de Sonoyta, calificó los requisitos de racistas y afirmó que ella, como los padres de más de 80 niños méxico-americanos, han estado pagando mensualidades de 250 dólares por la renta de viviendas móviles en terrenos del estado de Arizona. Con documentos en la mano, Soto mostró a este diario los recibos mensuales y narró que el pasado año escolar sus hijos, junto a casi un centenar de alumnos, estuvieron a punto de ser suspendidos de la escuela bajo alegatos de que vivían en territorio mexicano y sólo cruzaban la frontera para estudiar.
«Se van a México los fines de semana, pero de cualquier manera aquí estamos pagando impuestos cada mes. Este el pago de mi ‘traila’. Nadie nos está regalando nada», dijo.
«Lo que a mí más me dolió fue que de este problema nos enteramos por carta. Ni siquiera tuvieron el valor de citarnos para una reunión, nomás nos dijeron que nuestros hijos iban a quedar fuera y que el año que cursaron no iba a existir. Tengo un niño de seis años que va en primer año y llego diciéndome a la casa que ya no podía tomar agua, ¿cómo que no puedes tomar?, y me dijo: ‘No porque nos dijeron que nosotros los que venimos en el bus no podemos tomar agua’… Eso me partió el alma. Estos niños. hijos de padres mexicanos son el futuro de EEUU, les guste o no», recalcó Soto.
María Barragán, quien encabeza un grupo de padres de familia que están peleando la decisión del estado, dijo que si el Departamento de Educación de Arizona insiste en presionar a los estudiantes méxico-americanos realizarán una protesta masiva en el puerto fronterizo de Sonoyta, México y Lukeville, Arizona, «Haremos hasta lo que sea por defender sus derechos. Esto es puro racismo», destacó Barragán.
A partir de esta semana los alumnos necesitarán un certificado para subir al autobús, dijo Ricardo Hernández, director financiero de las Escuelas del Condado de Pima, donde se ubica el Distrito Escolar Unificado de Ajo. Asimismo, Tom Horne, titular del Departamento de Educación de Arizona, continuará con el proceso legal para buscar la restitución de 1.2 millones de dólares que supuestamente pagó al Distrito Escolar Unificado de Ajo para educar a 105 estudiantes de México desde el 2007.
Robert Dooley, superintendente del distrito, apuntó que apelará la demanda del estado. «Yo soy blanco y nunca tuve que probar que mis hijos vivían en mi casa cuando fueron a una escuela en Phoenix. Este pleito me parece una repugnante forma de desalentar a los niños de ascendencia mexicana. No creo que es una coincidencia que esto esté pasando después de la SB 1070», dijo Dooley en entrevista con La Opinión. Los hijos de inmigrantes ilegales pueden asistir a escuelas públicas de Arizona, siempre y cuando demuestren que residen en los límites del estado.
Dooley informó que ofreció al estado una remuneración de 300 mil dólares, pero confirmó que será un descalabro fuerte para el distrito, uno de los más pobres de Arizona. Entre las estrategias para el pago está el despido de cuatro profesores, aunados a los dos que ya fueron cesados de sus labores.
El Departamento de Educación rechazó la oferta del distrito y solicitó por lo menos el pago de 700 mil dólares a fin de llegar a un acuerdo.