Cuando Zapatero presentó el pasado mes de mayo el plan de ajuste salarial para la administración pública no sólo castigaba duramente el poder adquisitivo de la clase trabajadora del sector sino que traspasaba una línea roja en el ámbito de la negociación colectiva y de las relaciones con las organizaciones sindicales. Recordemos que el plan […]
Cuando Zapatero presentó el pasado mes de mayo el plan de ajuste salarial para la administración pública no sólo castigaba duramente el poder adquisitivo de la clase trabajadora del sector sino que traspasaba una línea roja en el ámbito de la negociación colectiva y de las relaciones con las organizaciones sindicales. Recordemos que el plan del gobierno central establecía para los funcionarios una reducción salarial del 5% en 2010 y la congelación de los sueldos en 2011. Pues bien, el decreto ley del PSOE se aprobó en Consejo de Ministros sólo unos meses después de que se firmara el Acuerdo de Negociación Colectiva de la Función Pública para 2010-2012. Era, por lo tanto, el propio gobierno el que vulneraba un acuerdo ya firmado, pisoteando así un derecho laboral ejecutado por ley como es el que afecta a los incrementos salariales acordados en Convenio Colectivo. No se trata de un tema menor cuando es jurisprudencia del Tribunal Supremo la que establece que se puede modificar la estructura de las retribuciones salariales pero nunca los derechos adquiridos de las mismas. Es decir, el gobierno central podría congelar los salarios pero jamás recortarlos habiendo un convenio vigente que regule los incrementos salariales.
El plan de ajuste de Zapatero lo recurrieron las federaciones del área pública de CCOO presentando ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo sobre la protección de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 28 de la Constitución Española en relación con los artículos 7 y 37 sobre el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Hace escasamente unas semanas la Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso interpuesto por CCOO contra el recorte salarial del gobierno. No obstante, sobre la inconstitucionalidad del plan de Zapatero poco o nada se ha dicho en el ámbito de la opinión pública e incluso en el escenario político. Da la sensación de que nos hemos acostumbrado a que se vulneren convenios y a que se menoscabe la libertad sindical y ciertamente corren tiempos poco propicios para el desarrollo, tanto en las empresas como en el contexto general, de la acción sindical.
La ilegalidad se ha convertido en la norma y en una de las pautas de trabajo tanto del gobierno como de la patronal. Porque en paralelo a la actitud unilateral exhibida por el gobierno contra el diálogo social, la negociación de los convenios colectivos en España sigue paralizada por expreso deseo de la patronal y en lo que va de año 2010 se han registrado más de 1.600 convenios colectivos menos que en 2009. Ello unido a la inexistencia de un IPC previsto reconocido por el Ministerio de Trabajo (el IPC previsto sigue siendo el 2% conforme al mandato en materia de política inflacionista del Banco Central Europeo) ha provocado por un lado, el estancamiento de la negociación colectiva en las empresas y sectores y por otro lado, el incumplimiento por parte de la patronal de los incrementos salariales firmados en convenios vigentes que se ajustaban a la referencia del IPC previsto. Las consecuencias de la vulneración reiterada y de la ausencia de negociación colectiva no dejan de ser profundamente lesivas para la clase trabajadora puesto que nos aboca a la desregulación de las relaciones laborales como fin empresarial. Es el «laissez faire» del siglo XXI o la destrucción del sindicalismo de clase.
La destrucción del sindicalismo de clase no es un juicio victimista sino el objetivo del neoliberalismo. No es casual que el ex ministro de Trabajo del Partido Popular, Manuel Pimentel, declarase hace unas semanas que la reforma de la ley de huelga no se podía demorar más o que desde el gobierno de la Comunidad de Madrid y medios afines se criminalizase a los huelguistas del Metro de Madrid llamándolos «salvajes» y «delincuentes». No en vano, en los últimos meses se ha orquestado una furiosa campaña antisindical contra los sindicatos mayoritarios en la que han coincidido ciertos medios de comunicación (correas de transmisión de determinados lobbies empresariales), la derecha política, la patronal y en ocasiones la llamada «extrema izquierda» (véase el portal de internet «kaosenlared»), centrando los ataques en las subvenciones a las organizaciones sindicales más representativas, en las liberaciones y los cargos sindicales, en el derecho a la huelga, en la propia convocatoria de la Huelga General del 29 de septiembre («se hace tarde y mal» o «los delegados sindicales no perderán económicamente el día» ha sido la cantinela de los tertulianos de Intereconomía y alrededores) y como no, en la existencia de la negociación colectiva, la cual se juzga como algo «vintage» y fuera de lugar.
¿Por qué se ha desatado tal ofensiva contra los sindicatos en el momento actual?. Es muy sencillo. Las organizaciones sindicales son la última barrera que separa al neoliberalismo de alcanzar sus objetivos de desregulación del mercado de trabajo. La presencia en absoluta minoría de los referentes electorales de la izquierda (IU-ICV cuenta con sólo 2 diputados en el congreso) y su actual debilidad social en cuanto a influencia política ha propiciado que sean los sindicatos, con sus imperfecciones y errores si se quiere pero con millones de afiliados y presencia activa en los centros de trabajo, el muro de defensa más sólido del que dispone la clase trabajadora para hacer frente a la crisis y a los ataques de la clase empresarial por individualizar las relaciones laborales y precarizar las condiciones de trabajo. Es por ello que desde la izquierda hemos de realizar un esfuerzo pedagógico que visualice y transmita la gran importancia de los sindicatos como herramienta colectiva de defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Porque cuando desde determinados ámbitos se ataca al movimiento sindical se hace con el ánimo de discutir la misma existencia de las organizaciones sindicales.
Ante el panorama descrito, el éxito de la la Huelga General del 29 de septiembre es más necesario que nunca, para las organizaciones sindicales y para el conjunto de la clase trabajadora española. Aquellos que apuestan por el deterioro de las condiciones laborales y de los derechos sociales esperan una Huelga General de perfil bajo para justificar futuros recortes sociales en el futuro como el retraso de la edad de jubilación o el desmantelamiento de los servicios públicos. La huelga hay que ganarla sí o sí. No valen intereses corporativos o locales. Por ejemplo, el hecho de que en el País vasco los sindicatos nacionalitas ELA y LAB aún no hayan mostrado públicamente su apoyo a la Huelga General es un acto de irresponsabilidad sindical muy alejado del interés de la clase obrera que sería de una gravedad enorme si finalmente ambas organizaciones sindicales no secundaran la convocatoria de huelga. Los trabajadores y trabajadoras nos jugamos muchísimo en los próximos meses y la unidad es fundamental cuando hay tantos intereses esperando la derrota del movimiento obrero.
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