Una jueza federal ordenó el martes al ejército de Estados Unidos que deje de aplicar la ley que impide la participación de soldados homosexuales. Un mes atrás, la norma conocida como Don’t ask, Don’t tell (DADT, No preguntes, no cuentes) ya había sido declarada inconstitucional. El secretario de Defensa, Robert Gates, salió a criticar la […]
Una jueza federal ordenó el martes al ejército de Estados Unidos que deje de aplicar la ley que impide la participación de soldados homosexuales. Un mes atrás, la norma conocida como Don’t ask, Don’t tell (DADT, No preguntes, no cuentes) ya había sido declarada inconstitucional. El secretario de Defensa, Robert Gates, salió a criticar la resolución.
El veredicto de la jueza Virginia Phillips instó a la suspensión inmediata de cualquier investigación, despido, separación u otro proceso que pueda haber comenzado por la aplicación de la DADT. Esa misma magistrada había dicho en septiembre que la ley violaba la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución. «La política de ‘Don’t ask, Don’t tell’ daña de una manera irreparable a los miembros del servicio al infringir sus derechos fundamentales», sostuvo Phillips en la Corte federal de Riverside (California). La ley no permite a las autoridades militares que pregunten a los soldados sobre su orientación sexual. Aunque sí autoriza al Pentágono a despedir a quienes se definan abiertamente como homosexuales.
Con esa decisión, Phillips rechazó el recurso del Departamento de Justicia, que quería limitar el alcance de la medida judicial y que ésta sólo beneficiara a los demandantes, que era un grupo político homosexual llamado Log Cabin Republicans. La agencia federal había afirmado que si se paralizaba la medida introducida en 1993 por Bill Clinton sería una amenaza para los militares que se encuentran en operaciones de combate en el mundo. La jueza Phillips consideró que la misma práctica del Pentágono de retrasar los despidos de esos uniformados hasta que volvieran de las operaciones de combate minaba la autoridad del gobierno.
En caso de que el departamento dirigido por Eric Holder desee apelar la decisión, tiene sesenta días para presentar un recurso ante la Novena Corte de Apelaciones de los Estados Unidos. Esa dependencia federal puede pedir en esa instancia judicial que la ley siga vigente mientras se revisa el caso.
El director de Log Cabin Republicans, Christian Berle, manifestó en un comunicado que la suspensión de la ley era la única solución razonable. «Esta decisión también es una victoria para todos aquellos que operan para una defensa nacional potente», aseguró. «Nuestros militares ya no estarán obligados a despedir a miembros con gran experiencia y conocimientos por una política arcaica que obliga a la discriminación irracional», agregó.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos se quejó de que una medida como la dispuesta por Phillips debería proceder del Poder Legislativo. «Estoy muy convencido de que es una acción que necesita ser tomada por el Congreso y que necesita una preparación cuidadosa y mucha formación. Tiene enormes consecuencias para los militares», remarcó Gates. Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca dijo que a la ley DADT se le estaba acabando el tiempo. El presidente Barack Obama se había comprometido a modificar la normativa durante su campaña presidencial e impulsó la discusión en el Congreso, pero la oposición republicana en el Senado bloqueó el debate el mes pasado.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-154925-2010-10-14.html