Profesora, pedagoga, psicóloga, activista incansable, feminista internacionalista, claro y fructífero referente de la izquierda catalana y española, usual colaboradora de El Viejo Topo y de otras revistas de izquierda alternativa, Rosa Cañadell es también portavoz del sindicato de enseñantes de Catalunya USTEC-STEs. En calidad de tal la hemos entrevistado. La conversación gira en torno al […]
Profesora, pedagoga, psicóloga, activista incansable, feminista internacionalista, claro y fructífero referente de la izquierda catalana y española, usual colaboradora de El Viejo Topo y de otras revistas de izquierda alternativa, Rosa Cañadell es también portavoz del sindicato de enseñantes de Catalunya USTEC-STEs. En calidad de tal la hemos entrevistado. La conversación gira en torno al nuevo decreto sobre direcciones de centros públicos de educación primaria y secundaria que recientemente ha aprobado el gobierno tripartito de la Generalitat por iniciativa del conseller Maragall, en día de hoy, dirigente del PSC-PSOE que, a diferencia de su hermano, el ex Pasqual Maragall, no ha solicitado hasta el momento el voto para Artur Mas y sus amigos.
Las próximas elecciones catalanas se celebrarán el próximo 28 de noviembre. ¿Era tan urgente este decreto sobre la dirección de los centros educativos? ¿Había indicios de caos, desorden o «anarquía» incontrolada en los centros públicos catalanes?
R. Evidentemente que no. Los centros educativos continúan funcionando con sus normas y organización y los únicos problemas reales son aquellos que derivan de los recortes de todo tipo, en especial de profesorado, que ha hecho el departamento. La verdad es que la única urgencia que había era la que tiene el conseller Maragall de dejar las cosas «atadas y bien atadas». En todo caso, aparte que el decreto significa un retroceso importantísimo en la democracia dentro de los centros educativos, aprobarlo en este momento, a cuatro días del final de la legislatura, es, como mínimo, un acto de irresponsabilidad. Y más aún, cuando ni tan siquiera tenia el consenso de todos los partidos del gobierno.
El nuevo decreto reconoce a los directores/ras como «autoridad pública». ¿Qué consecuencias tiene ese reconocimiento? ¿Podrán los directores imponer sanciones leves al profesorado de los centros?
R. El concepto de «autoridad pública» no implica, como se piensa popularmente, que van a tener más «autoridad», sino solamente que su versión de los hechos está por encima de la de los demás. Es lo que se llama «presunción de inocencia». Como, además, se les adjudica la facultad de sancionar al profesorado por faltas leves, la consecuencia es una gran indefensión de los docentes, lo que abre la puerta a la arbitrariedad y puede producir la sumisión y autocensura del profesorado.
Las nuevas atribuciones de las direcciones, ¿no pueden significar un alejamiento de la dirección del resto del profesorado, algo así como introducir la figura del jefe o capataz en los centros educativos?
R. Efectivamente, este nuevo decreto le asigna a las direcciones el papel de Jefe de personal y representante de la Administración en el centro educativo. Aparte de ello, las nuevas atribuciones son: diseñar y aplicar un proyecto educativo y velar por la gestión del centro; proponer el número y el tipo de profesores que el centro necesita; elegir directamente a algunos de ellos – interinos sustitutos-, y coordinar el trabajo y los horarios de los maestros o cuidar la relación con las familias. Además, podrá alquilar las instalaciones del centro educativo para conseguir financiación extra
Las nuevas direcciones participarán en la evaluación del personal docente, con la facultad de observar la práctica docente en el aula, designarán al profesorado que tendrá las tareas de coordinación y podrá asignar responsabilidades específicas a una parte del profesorado y proponer complementos retributivos para ellos. Podrá seleccionar directamente el personal interino docente para cubrir sustituciones temporales dentro de los que están en la lista, así como intervenir en la selección de una parte del profesorado, a partir de concursos específicos y provisión especial (a dedo) para ocupar una plaza en su centro.
Todo ello implica la desaparición de normas comunes para todo el profesorado, basadas en la transparencia y en baremos objetivos, para pasar a criterios subjetivos y arbitrarios, de los que, además, van a depender las condiciones laborales del profesorado.
El decreto, así se ha afirmado, fomenta más la competitividad que la cooperación entre los centros educativos. ¿Por qué?
R. El decreto de dirección, junto al decreto de autonomía, conforman un nuevo paradigma de lo que es la red pública de educación, en el sentido que individualiza los centros, fomenta proyectos educativos distintos y recursos en función de los resultados. Ello implica la diferenciación entre los centros, el establecimiento de diferentes «categorías» y, por lo tanto, la competitividad entre ellos. El nuevo paradigma que instituye la LEC, la Ley de Educación de Catalunya, es un intento de desmembrar el sistema público de educación considerado hasta ahora como un todo, para pasar a considerar los centros públicos como si fueran centros privados. De hecho, el modelo de gestión y dirección que se propone está inspirado en las empresa privada, sin tener en cuenta que ni la educación es una empresa ni la escuela un negocio privado.
Podrán las direcciones de los centros obtener recursos adicionales, se afirma, rentabilizando el uso de los centros. ¿Qué significa aquí «rentabilizar» el uso de los centros?
R. Rentabilizar los centros implica poder alquilar y obtener beneficio de sus instalaciones. El problema está en que no todos los centros tienen la misma cualidad de instalaciones y, por lo tanto, habrá también deferencia entre la capacidad de captar más recursos en unos centros y otros. Por otro lado, una cosa es que se abran las instalaciones educativas que son públicas y que se puedan utilizar para actividades del barrio, y otra es sacar beneficio de ello. Yo creo que es bueno poder ampliar la utilización de los centros públicos, pero de forma gratuita y no como negocio.
El decreto, ¿ha sido negociado con los sindicatos de trabajadores del sector?
R. El actual Departamento de Educación se viene caracterizando por no negociar nunca nada. De hecho, la mayoría de decretos, normas y la propia ley, ha sido discutida con los sindicatos, nosotros, como USTEC-STEs presentamos 160 enmiendas a la ley, y hemos asistido a todas las mesas para tratar a negociar los decretos, pero nuestras propuestas no han sido nunca admitidas. Tanto la ley en su conjunto, como este decreto en particular, tiene el honor de ser rechazada por una mayoría aplastante del profesorado.
¿Piensa recurrir USTEC-STEs ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya? De hecho, si no ando errado, el sindicato ya recurrió un decreto sobre el nuevo calendario escolar.
R. USTEC-STEs ha impugnado legalmente tanto el Decreto sobre el nuevo calendario escolar, como el Decreto de Autonomía. Dado que el decreto de dirección es complementario del de autonomía y van en la misma dirección, vamos también a impugnarlo.
¿El proyecto educativo que está detrás de este y otros decretos es consistente con un gobierno de izquierdas?
R. A mi parecer, la respuesta es, tajantemente, no. Es un modelo de sistema educativo que mira más hacia los resultados, los ranking, la eficiencia y la eficacia… que hacia la igualdad de oportunidades, la mejora de la calidad del sistema público y la enseñanza entendida como una educación global. Es un modelo educativo que mira hacia la privatización de la educación, hacia la segmentación social, hacia la educación al servicio de la empresa y hacia una gestión empresarial de los centros educativos. Todo ello, además, ya ha fracasado en Gran Bretaña que es donde se ha aplicado con más rigurosidad. No es, en absoluto una propuesta de educación desde la izquierda, sino un modelo totalmente neoliberal inspirado en las recomendaciones del Banco Mundial y de la OCDE.
Ernest Maragall, conseller de Educación catalán, es dirigente del PSC. ¿Ha habido oposición por parte de las otras fuerzas que forman parte del tripartito?
R. Ernest Maragall ha pactado esta Ley de educación, básicamente, con la derecha nacionalista, CiU y con una leve oposición del resto de fuerzas políticas del gobierno, sobre todo con alguna oposición de ICV. Desde mi perspectiva esta ley se merecía una oposición frontal y firme por parte de ICV-EUiA y de ERC, ya que atenta contra todos los principios que esgrimen estos dos partidos. Pero ello, lamentablemente, no se ha dado
¿Qué balance te merece ahora que estamos en momentos de cambio político en Cataluña la gestión del conseller Maragall?
Yo pienso que ha sido el peor conseller que hemos tenido en los últimos años, tanto por todos los cambios que ha efectuado, en la línea equivocada, como por el talante autoritario y antidemocrático. Creo que si la nueva Conselleria de educación no rectifica, y/o la oposición del profesorado y de la comunidad educativa no es muy fuerte, la educación pública de Cataluña corre un serio peligro, con lo que todo aquello por lo que luchamos al final de la dictadura en materia de educación, corremos un grave riesgo de perderlo.
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