No es un cambio sustancial. Transita por senderos ya establecidos. Por ley recientemente aprobada, todas las personas que hayan sufrido directa o indirectamente las consecuencias de un «atentado terrorista» desde el 1 de enero de 1960 [1] podrán acogerse a la nueva ley de protección a las víctimas del terrorismo [2]. La norma se ha […]
No es un cambio sustancial. Transita por senderos ya establecidos.
Por ley recientemente aprobada, todas las personas que hayan sufrido directa o indirectamente las consecuencias de un «atentado terrorista» desde el 1 de enero de 1960 [1] podrán acogerse a la nueva ley de protección a las víctimas del terrorismo [2].
La norma se ha aprobado el 20 de septiembre, por unanimidad [3] y ya de forma definitiva, en el Senado. Los grupos parlamentarios han reproducido el (casi) consenso en la Cámara de Diputados (UPyD votó entonces en contra: podemos imaginarnos las razones) [4].
Durante trámite senatorial, los representantes -que frecuentemente no representan a la ciudadanía antifascista- han rechazado las enmiendas de… las derechas nacionalistas periféricas, de CiU y PNV nada menos, fuerzas político-empresariales que, como es sabido, nunca, o muy pocas veces, se han destacado o apoyado ningún gesto de izquierda [5]). ¿Qué enmiendas presentaron? Las que contemplaban ampliar -no limitar ni reconsiderar el concepto de terrorismo- el reconocimiento a las víctimas del franquismo (Grimau, Puig Antich, Txiki, Sánchez Bravo) o de las represiones policiales (Enrique Ruano y tantos otros).
El portavoz de la Presidencia del Gobierno del Reino borbónico de España, Ramón Jáuregui, celebró su aprobación. En su opinión, en su claudicante opinión, la norma sitúa a las víctimas «en el corazón de la memoria». La nueva normativa, ha añadido, repara «una injusticia histórica».
¿Es posible tanta infamia acumulada? Lo es, no parece que haya error por mi parte. Acciones de lucha armada contra el fascismo español son consideradas actos terroristas. Como si a los partisanos italianos o los combatientes franceses contra la ocupación nazi se les llamara viles terroristas. Los familiares del almirante fascista Carrero Blanco, la mano derecha del general golpista-africanista, son considerados «víctimas del terrorismo». No, en cambio, a los familiares de Grimau o Puig Antich, a quien se sigue considerando un terrorista. Ninguno de los policías que asesinó a obreros, estudiantes o ciudadanos durante el franquismo o la transición, ninguno de sus mandos, ninguno de los torturadores de la BPS, la DINA del franquismo, son considerados terroristas según la nueva ley. Ninguna de las víctimas de su terror, las hay por miles y miles, es una víctima.
Ninguno de los familiares de los miles y miles de ciudadanos que fueron asesinados en «juicios sumarísimos» -que nada tuvieron que ver con la justicia sino con el terror del Estado fascista- desde 1939, aniquilada la resistencia contra el golpe militar, hasta principios de los años cincuenta, son considerados víctimas del terrorismo. Siguen siendo, seguimos siendo, hijos, nietos o familiares de delincuentes acusados de «rebelión militar». Su crimen: haber defendido la legalidad republicana.
Los amenazados, según la nueva norma aprobada, gozarán de derechos como «víctimas del terrorismo» y se les facilitará el acceso «a ayudas sociales, sanitarias o de cualquier otro carácter». ¿Cuántos ciudadanos y ciudadanas se sintieron amenazados durante el franquismo, en los años nada pacíficos de la transición e incluso en momentos posteriores? ¿Qué demócrata real, no aparente, qué ciudadano de izquierdas no se sintió amenazado, y no por ensoñación o locura políticas, el 23-F y en los meses posteriores? ¿Para ellos tampoco rige este reconocimiento? ¿No hubieron amenazas explícitas de todo tipo por parte de gobiernos franquistas e instituciones afines? ¿Por qué entonces? La respuesta es el post-scriptum.
Triunfaron en 1939 y siguen triunfando 70 años después.
PS: Propuesta de definición: «España es un Reino borbónico en el que, en 2011, una de sus comunidades autónomas -pongamos que hablamos de Melilla- ha incluido entre los méritos para conceder la Medalla de Oro de la Policía Local -pongamos que hablamos del ex consejero de Seguridad Ciudadana Antón Mota- haber acompañado al delegado gubernamental de la dictadura fascista durante la ejecución-asesinato a garrote vil de Salvador Puig Antich en 1974 y haber estado destinado en Irún cuatro años antes cuando se declaró «el estado de excepción tras los continuos incidentes de orden público», según escrito actual de la Autoridad competente (pongamos que hablamos del Gobierno local)».
Nota
[1] Hasta ahora la fecha era 1968. La rectificación permite incluir la bebé Begoña Urroz muerta en San Sebastián en 1960.
[2] «Las víctimas del terrorismo desde 1960 tendrán derecho a ayuda». Público, 21 de septiembre de 2011, p. 25.
[3] Tomo la información de Público. ¿Por unanimidad? ¿No hay en el Senado presencia de alguna fuerza política de izquierdas que no haya claudicado?
[4] La iniciativa parlamentaria inició su tramitación hace un año y medio aproximadamente.
[5] El ataque, e intento de desmantelamiento, de la labor de Memorial Democràtic en Catalunya por parte de CiU, especialmente por las acciones de Unió Democrática, es de manual antidemocrático. Incluso algunas «personalidades» de Convergència han puesto el grito (y la rabia) en los cielos democráticos y en la verdad histórica. Hasta ahora sin resultado.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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