El caso de los ex- presidentes del Gobierno Aznar y Felipe Gonzalez, que cobran un sueldo vitalicio de 80.000 euros del presupuesto público y perciben, 156.000 euros el primero como Consejero de Murdoch, y 126.500 el segundo como Consejero de Gas Natural, junto al escándalo por supuesto robo de las arcas públicas que sacude a […]
El caso de los ex- presidentes del Gobierno Aznar y Felipe Gonzalez, que cobran un sueldo vitalicio de 80.000 euros del presupuesto público y perciben, 156.000 euros el primero como Consejero de Murdoch, y 126.500 el segundo como Consejero de Gas Natural, junto al escándalo por supuesto robo de las arcas públicas que sacude a la Casa Real, no son más que la punta del iceberg de la corrupción de políticos a mayor gloria de la empresa privada.
Mientras la banca se forra a costa del endeudamiento de los Estados mediante la transferencia de centenares de miles de millones de dinero público y con el lucrativo negocio de comprar dinero al BCE a un interés del 1,25% y vendérselo a los Estados al 6 o al 7%, la Reforma Constitucional de este verano establece la prioridad absoluta del pago a la banca privada de la deuda y de sus intereses por encima de cualquier otra partida de gasto (prestaciones sociales, pensiones, sanidad, educación, etc).
Por si fuera poco, una carta secreta dirigida por el gobernador del BCE y el del Banco de España al presidente del Gobierno español, fechada el 5 de agosto, ponía como condición para que el primero siguiera comprando deuda pública, para rebajar los intereses: «que los salarios y la protección social disminuyan, acentuando la necesidad de privatizar el Estado del Bienestar, tanto sus transferencias públicas como las pensiones, así como los servicios públicos, como la sanidad»[1].
Así funcionan quienes presionan y se benefician detrás del telón.
Los tiburones de la privatización de la sanidad
Ribera Salud, integrada por la CAM y Bankia, ha gestionado hasta ahora los hospitales de Alzira, Torrevieja, Manises y Elche, además de Erescanner -resonancias magnéticas- en la Comunidad Valenciana, así como el nuevo hospital de Torrejón y el macrolaboratorio de San Sebastián de los Reyes.
La CAM, famosa por las pensiones multimillonarias de sus directivos, a pesar de haber recibido 2.800 millones de euros de dinero público, quiebra, y es vendida al Banco de Sabadell por 1 euro.
Ribera Salud, ante la imposibilidad de hacer frente a la deuda de 50 millones de euros contraída con FCC (empresa de la que es Consejero el ex dirigente del PSOE Nicolás Redondo Terreros) por la construcción del hospital de Torrejón y de acuerdo con Rodrigo Rato, presidente ejecutivo de Bankia, decide vender todos sus centros sanitarios a la multinacional sueca Capio.
Capio, integrada a su vez en la multinacional financiera capital-riesgo Apax Partners, que ya gestiona los hospitales «públicos» de Valdemoro, Móstoles y Villalba, es propietaria de la Fundación Jimenez Díaz, quien mediante un Convenio Singular con la Consejería de Sanidad de Madrid presta asistencia sanitaria a 400.000 personas, habiéndosele cedido además los centros de especialidades de Pontones y Quintana, que son Patrimonio de la Seguridad Social.
La venta de Ribera Salud a Capio por el módico precio de 115 millones de euros, se ha realizado con la decisiva intermediación de la consultora Price Waterhouse Coopers (PWC).
En Galicia, mientras gobernaron BNG y PSOE no se licitó la construcción del hospital de Vigo de forma pública, por lo que al entrar el nuevo ejecutivo del PP, éste lo licitó bajo la forma PFI (Iniciativa de Financiación Privada), por 71.670.000 euros/año durante 20 años a la UTE integrada por la constructora Puentes y Calzadas, CAM y Bankia. Este coste supera en un millón de euros al previsto mediante iniciativa pública. La asesoría de esta operación, realizada en diciembre de 2010, corrió a cargo de PWC que recibió por ello de la Junta de Galicia 220.000 euros, a pesar de que el Banco de España, ya entonces, calificaba a la CAM como la peor de las cajas de ahorros con necesidad urgente de ser reestructurada.
La Consejería de Sanidad de Cataluña se dispone a fragmentar en Instituto Catalán de la Salud (ICS), convertido previamente en empresa pública por el Gobierno Tripartito en 2007, en ocho entidades con personalidad jurídica propia, que a su vez se subdividirán en entidades menores, a modo de Sociedades Limitadas con ánimo de lucro. Este complejo proyecto ha recibido un impulso decisivo el pasado mes de julio con el acuerdo entre PSOE y CIU de transferir la propiedad de edificios sanitarios Patrimonio de la Seguridad Social a todas las CC.AA con la posibilidad de la venta de los mismos.
El informe en el que se basa este proyecto ha sido elaborado por la misma consultora, PWC, se reconoce la cobertura legal ofrecida por la Ley 15/97.
Los políticos conseguidores
El desguace planificado de la sanidad pública y la transferencia monumental de fondos públicos a la empresa privada, generan su «insostenibilidad» que es utilizada como coartada de recortes y amenazas de copago. Nada de ello sería posible sin la facilitación de los negocios por parte de políticos conseguidores que obtienen, al tiempo, jugosos beneficios.
Algunos datos sobre los hechos recientes:
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Manuel Lamela, ex jefe del gabinete de Rato cuando fue Ministro de Economía y ex Consejero de Sanidad de Madrid cuando se iniciaron los ocho primeros hospitales de gestión privada, es ahora miembro del Consejo de Dirección de Capio y máximo dirigente Madrid Medical Destination[2]. Es también Consejero de Bankia.
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Rodrigo Rato, presidente de Bankia encarga a PWC el informe de fusión de Caja Madrid y Bancaja y dirige la venta de Ribera salud a Capio.
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Luis de Guindos fue Secretario de Estado de Economía con Rodrigo Rato como Ministro y ahora es jes de los servicios financieros de PWC. Fue directivo de Leman Brothers[3].
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Agustín Hernández fue Director de Obras Públicas de la Junta de Galicia. Cuando el PP pierde las elecciones pasa a ser contratado por la constructora Puentes y Calzadas, empresa adjudicataria junto a la CAM y Bankia del nuevo hospital de Vigo. Ahora es Consejero de Medio Ambiente[4].
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Joaquím Triadú, directivo de PWC, es Secretario del Consejo Asesor del presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas[5].
Conclusiones:
1º Este expolio de la sanidad pública está amparado por la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, votada en el Congreso por PP, PSOE, CIU, PNV y CC.
2º Urge difundir la información y coordinar las movilizaciones en contra de la privatización y de los recortes en cada lugar y por la derogación de la Ley 15/97
Notas:
[1] Para consultar un espléndido y pedagógico artículo de Vicente Navarro sobre este asunto: http://www.vnavarro.org/?p=6629
[2] http://www.madridnetwork.org/eventos/detalle/Madrid-Medical-Destination
[4] Ibid.
[5] http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=2921&titulo=NOTICIAS
Fuente: Sindicato Asambleario de Sanidad de Madrid, Boletín nº 2. Diciembre 2011 – Enero 2012
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