La revuelta popular que triunfó en Túnez hace un año trata de consolidarse. El estallido social provocó un proceso de radicalización de la lucha de clases encabezado por movimientos sociales, sectores sindicales, la oposición islamista moderada y de izquierdas, y secundada por las masas populares que sufrían por el desempleo, el empobrecimiento, el hambre y […]
La revuelta popular que triunfó en Túnez hace un año trata de consolidarse. El estallido social provocó un proceso de radicalización de la lucha de clases encabezado por movimientos sociales, sectores sindicales, la oposición islamista moderada y de izquierdas, y secundada por las masas populares que sufrían por el desempleo, el empobrecimiento, el hambre y la desesperanza en Túnez.
Zine El Abidine Ben Alí, que había sido ministro de Seguridad Nacional desde 1985 y ministro del Interior desde 1986, protagonizó un autogolpe el 7 de noviembre de 1987, siendo primer ministro, para asumir la suprema magistratura del Estado, la jefatura de las Fuerzas Armadas y la secretaría general del partido.
Este militar formado en la Escuela Especial de Inteligencia y de Seguridad de Fort Holabird, en Maryland, y la Escuela de Artillería Antiaérea de Fort Bliss, en Texas, consiguió hacerse con el poder gracias al apoyo de los EEUU y en un contexto de fuertes presiones e importantes luchas por la sucesión del octogenario líder tunecino Habib Burguiba.
23 años después, Ben Alí fue derrocado, hace ahora un año, aunque su delfín y número dos de la Reagrupación Constitucional Democrática (RND), Mohamed Ghanouchi, intentó seguir sus pasos y hacerse con el poder junto con el aparato militar del país, al asumir, el 17 de enero de 2011, amparándose en la Constitución, la presidencia del país nombrando un nuevo gobierno para terminar con la revuelta popular.
En el transcurso de las revueltas y ante la magnitud de la protesta, los militares y el aparato del gobierno intentaron ejecutar un autogolpe, encabezado por Ghanouchi, bajo la supervisión de los EEUU. No lo consiguió, fuerzas sociales y populares se desmarcaron e impidieron el intento de autogolpe y el estallido social continuó con fuerza en las calles.
Ese fue el inicio de una verdadera insurrección se produjo por la reacción de la población ante el gran incremento de los precios de los alimentos básicos, la corrupción generalizada y la cada vez más intenta represión del régimen. Las malas condiciones de vida de los tunecinos habitantes, el paro y falta de perspectivas para superar la crisis económica, que se intensificó a partir de 2008, hizo que se convocaran huelgas y manifestaciones que detonaron en revueltas callejeras, reprimidas duramente por la policía y el ejército, que provocaron un gran número de heridos por las balas de las fuerzas de seguridad y paramilitares y la muerte de casi un centenar de personas.
Ben Alí abandonó el país dejando el gobierno a cargo del ejército, pero el directorio político-militar se mostró incapaz para detener el movimiento popular, encabezado por los profesionales, el movimiento obrero, el islamismo moderado y la izquierda, que a lo largo de 23 años de férrea dictadura han sido los más consecuentes luchadores por las libertades. La fuerte represión no consiguió sofocar las protestas de los trabajadores de la ciudad y el campo, de la clase media empobrecida por las políticas económicas neoliberales, de los sectores nacionalistas, de los islamistas moderados, de la izquierda de Túnez.
Destacó la movilización abanderada por sindicatos clasistas como la Unión General de Trabajadores (UGTT), la movilización también de los colegios profesionales, con unas importantes huelgas de abogados o la de los maestros. Pero los que más fuerte se están mostrando en esta crisis política son partidos nacionalistas o islamistas moderados, como el movimiento al-Nahda, principal fuerza opositora, ahora en el gobierno.
El movimiento islamista moderado Al Nahda, consiguió 89 diputados de los 217 escaños para la Asamblea Nacional resultante de las elecciones constituyentes celebradas el 23 de octubre de 2011 en Túnez, y llegó a un acuerdo de repartición del poder para formar gobierno con dos partidos de izquierda, el Congreso para la República (CPR) y el partido Ettakatol (socialdemócrata), que se quedaron con los puestos clave en la cumbre del Estado.
Ahora, el presidente es un activista de Derechos Humanos, mientras que un islamista moderado al que el antiguo régimen encarceló durante años es el primer ministro. Pero las preocupaciones por el elevado desempleo arrojan una sombra sobre el orgullo de los tunecinos al transformar su país. El desempleo se ha incrementado a casi 20% del 13% de hace un año, al tiempo que el crecimiento económico se ha estancado.
Los problemas de fondo aún siguen sin resolverse. En las dos últimas décadas se realizaron reformas económicas para complementar el proceso de liberalización económica e implantación de medidas neoliberales dictadas por EEUU, la Unión Europea, el FMI y el BM, con una fuerte represión y sin ninguna apertura política.
Las consecuencias de las medidas neoliberales han sido nefastas para el pueblo tunecino: sobreexplotación, precarización de la clase obrera y manejo de los recursos del Estado para el enriquecimiento, la corrupción y el latrocinio, mientras que se negaba a la población empobrecida tunecina los recursos para servicios básicos como la medicina, la educación, la cultura y el bienestar popular.
Existen maniobras del poder económico, de compañeros de ruta capitalistas del gobierno anterior y con el apoyo no tan escondido de gobiernos imperialistas, desde Francia, los Estados Unidos, la Unión Europea y los países con empresas asentadas allí, para favorecer intereses económicos de la oligarquía tunecina y aprovechar para obtener ganancias con las compañías multinacionales.
Lo que se juega en este escenario es el acuerdo de asociación de Túnez con la Unión Europea que está vigente desde el 1 de marzo de 1998, que fue el primero de los acuerdos entre la Unión Europea y los países mediterráneos. Bajo este acuerdo, Túnez gradualmente debía quitar las barreras comerciales con la UE, intensificaría el proceso de privatizaciones, aplicaría un plan de ajuste neoliberal y aumentaría la liberalización de su economía para incrementar la inversión extranjera de los países occidentales.