Hace 46 años, en una sesión de un subcomité del Senado de Estados Unidos sobre trabajadores inmigrantes, el legislador Robert F. Kennedy escuchaba disgustado a un comisario del condado californiano de Kern explicar por qué había detenido a manifestantes pacíficos cediendo a la presión de los hacendados.
«Le sugiero que usted y el fiscal de distrito lean la Constitución de Estados Unidos», respondió entonces el senador Kennedy.
Dos años después, mi padre se tomó un tiempo libre en los días previos al anuncio de su candidatura a la Presidencia, para reunirse con 8.000 trabajadores agrícolas de California que celebraban misa, y allí le entregó la hostia sacramental al líder sindical César Chávez.
Con ese simple gesto simbólico, Chávez puso fin a 25 días de huelga de hambre que, junto con un boicot nacional al consumo de uvas, arrancaron concesiones a los productores y fortalecieron a los trabajadores agrícolas de California, estado del oeste de este país.
Los jornaleros rurales del sudoriental estado de Florida no tuvieron un paladín como Chávez en 1968. Y por eso sus condiciones laborales siguen siendo las mismas que hace 40 años: trabajan entre 10 y 14 horas, siete días a la semana. No tienen derecho a formar un sindicato ni a pedir días libres ni a que les paguen horas extra o pensión por invalidez.
Ese es en parte el legado de las leyes de segregación racial. En 1935, los «Dixiecrats», grupo derechista y sureño escindido del Partido Demócrata, amenazaron con bloquear la Ley Federal de Relaciones Laborales del presidente Franklin Delano Roosevelt si no se excluía de sus beneficios a los trabajadores agrícolas y a las empleadas domésticas, que por entonces eran casi todos afrodescendientes.
Por lo tanto, ninguno de esos grupos de trabajadores obtuvo la protección federal que gozaron los demás. Además, las normas variaban de un estado a otro, así que los derechos que conquistó Chávez en California, casi no tuvieron impacto en Florida ni en ningún otro lugar del país.
Hoy, la situación laboral en los campos es terrible: los trabajadores casi no tienen acceso a instalaciones sanitarias (piense en eso la próxima vez que coma un tomate) ni agua potable, y las mujeres en particular están desprotegidas de las agresiones sexuales de sus jefes.
Ni siquiera reciben un salario mínimo, y a la mayoría se les paga por unidad, unos 50 centavos de dólar por 14 kilogramos de tomates recolectados, prácticamente lo mismo que recibían en 1980.
Para ganar un salario mínimo en una jornada de 10 horas, cada trabajador debe recoger 2,25 toneladas de tomates, casi el doble de lo que se exigía hace 30 años cuando la paga era de 40 centavos. Con estas cifras, no sorprende que los trabajadores apenas ganen 12.000 dólares al año.
La labor que despliega la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW) desde 1997 logró el procesamiento de siete organizaciones de trabajo agrícola esclavo, liberando a 1.000 personas en los últimos 14 años. Otros dos casos están en manos de la justicia.
Este sábado 10 me reuniré con la CIW en Lakeland, Florida, para conmemorar el aniversario de la histórica protesta no violenta de Chávez y recordar al mundo que la injusticia no puede ser tolerada.
Así como Robert Kennedy se acercó a César Chávez en 1968, aliados de todo el país se unirán a los miembros de la CIW que ayunan en la sede de Publix Super Market, en reclamo de que esa empresa de supermercados de Florida acceda a reunirse con ellos para discutir los abusos que se cometen en su cadena de abastecimiento.
Los ejecutivos de Publix se han negado a reunirse con representantes de la CIW y no han respondido ni una de las cartas que se les enviaron.
Ante los crecientes atropellos, la CIW respondió con una iniciativa valiente e innovadora, la Campaña de Alimentos Justos, que busca hacer justicia en la agroindustria.
En los últimos 10 años, la CIW, compuesta por más de 4.000 trabajadores haitianos, afroestadounidenses, guatemaltecos y mexicanos, logró nueve acuerdos históricos con varias empresas líderes de la industria alimentaria para que estas obliguen a sus proveedores de alimentos a mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer a los trabajadores agrícolas en la defensa de sus derechos.
Los acuerdos incluyen un aumento de un centavo de dólar por cada libra (450 gramos) de tomate recolectado, tolerancia cero a la esclavitud y un código de conducta creado con los propios trabajadores.
Los convenios son inéditos, porque ponen el poder de compra de los actores más poderosos de la industria -McDonald’s, Taco Bell, Burger King, Subway, WholeFoods, Trader Joes, Compass GRoup, Sodexho y Aramark, entre otros- a favor del sector más vulnerable de la industria y de la población más pobre de nuestro país.
Por desgracia, fue en su propio territorio que la CIW encontró la mayor resistencia, pues Publix se negó a discutir los abusos que se cometen en su red de suministro.
En 1968, el senador Kennedy se refirió a Chávez como «uno de los líderes heroicos de nuestro tiempo».
Los miembros de la CIW llevan su heroico legado. Tres miembros de Immokalee Workers recibieron en 2003 el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy por su incansable esfuerzo.
Así comenzó una estrecha colaboración entre el Centro RFK y la CIW, que contribuyó al avance de la Campaña de Alimentos Justos en Florida y atrajo la atención nacional sobre las vejaciones que seguimos permitiendo en nuestra industria agrícola.
Para Robert Kennedy era inaceptable la inacción frente a la injusticia. Cuarenta y seis años después, reclamos a Publix que demuestre el coraje necesario para mantener ese principio y se siente a discutir con la CIW.
* Kerry Kennedy es la presidenta del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos