España y Catalunya están gobernadas por gobiernos tripartitos: PP, CDC y UDC (una organización confesional cristiana, la del xenófobo Duran i Lleida, uno de los pocos partidos, por no decir el único, de características fundamentalistas confesionales que opera en España). Los resultados son conocidos: neoliberalismo sin entrañas; guerra y exterminio de lo público; recortes sociales; […]
España y Catalunya están gobernadas por gobiernos tripartitos: PP, CDC y UDC (una organización confesional cristiana, la del xenófobo Duran i Lleida, uno de los pocos partidos, por no decir el único, de características fundamentalistas confesionales que opera en España). Los resultados son conocidos: neoliberalismo sin entrañas; guerra y exterminio de lo público; recortes sociales; ayudas a los privilegiados, su clientela; servilismo monárquico (incluyendo varios elementos de la trama UBT); contrarreformas laborales; apuestas por lo nuclear. Largo etcétera. Eso sí, con algo de ruido de fondo para agitar al personal y mantener su cuidada clientela social en pie de combate. «Catalunya (o España) über alles!» y la disputa por Eurovegas son dos de los nudos en disputa más o menos aparente.
Pero hay más, hay pactos secretos «entre caballeros» que salen a la luz puntualmente. Un ejemplo destacado que nos hace pensar en los apoyos posteriores o anteriores que se están pagando.
El Gobierno del PP ha indultado a un alto cargo de la Generalitat de la época de Jordi Pujol y a un empresario. Ambos son militantes de Unió Democrática de Catalunya [1] (¡Cómo se mueve entre bambalinas don Duran i Lleida, el clasista! ¡Es una fuera!). Habían sido condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos -ni más ni menos- en 2009. Fue entonces cuando la Audiencia de Barcelona impuso cuatro años y medio de cárcel a Josep Maria Servitje, ¡todo un ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat! y dos años y tres meses a Víctor Manuel Lorenzo Acuña, un empresario, cristiano de toda la vida por supuesto, y familiar -¡qué casualidad!- del diputado en el Congreso de Diputados y dirigente de Unió Josep Sánchez Llibre (Para más detalles, Servitje fue miembro del comité de gobierno y consejero nacional de UDC y Acuña fue secretario general, tesorero y apoderado de la Fundación Fecea, que también se benefició en su día de elevadas subvenciones de dinero público).
El último gobierno PSOE, en una de sus últimas reuniones, ya sentó un precedente -destacado por su infamia, servilismo y alguna componente oscurecida de deuda cancelada- con el caso Alfredo Sáenz, el vice del Banco de Santander. ¡Nada menos! Este Gobierno, era de esperar, sigue transitando por el mismo sendero de abyección. Ha reducido las penas de los dos condenados democristianos a sendas multas de 3.650 euros (el colegio privado de los niños del próximo trimestre), «una decisión sin precedentes por lo elevado de las penas impuestas» comentan los periodistas del diario global. El Boletín Oficial del Estado publicó el martes 13 -¡buen día para ello!- la medida de (des)gracia ciudadana. Recuérdese que el expediente de tramitación de los indultos incluye la petición de un informe al tribunal sentenciador y a la fiscalía: tanto la Sección 10ª de la Audiencia barcelonesa como el fiscal Fernando Rodríguez Rey informaron en contra. El Gobierno pepero no lo ha tenido en cuenta. ¿Por qué iba hacerlo? ¿Para qué?
El empresario, don Víctor Manuel Lorenzo Acuña, el familiar del diputado Josep Sánchez Llibre, tenía además antecedentes. Había sido condenado años atrás a 13 meses de cárcel. ¿Por qué? Por un caso similar en el Consorcio de Turismo de Cataluña. ¡El grado de corrupción de algunos servicios e instituciones catalanas (y barcelonesas) es de vértigo! El pacto de silencio se extiende en ocasiones, por si fuera necesario recordarlo, a otras fuerzas políticas.
Los hechos, recuerden los periodistas de El País, se remontan a 1994 y 1995. Trabajo encargó entonces ocho estudios de derecho laboral que, según el mismísimo tribunal, no tuvieron ninguna utilidad ni interés, burdas copias de publicaciones de hacía años que no tenían autor ni bibliografía. La Generalitat pagó 7,6 millones de pesetas a las empresas beneficiarias Gestumer, SL, y Socesca, SL, administradas por Lorenzo Acuña, don Lorenzo desde luego. El entonces número dos de Trabajo se puso de acuerdo con Acuña para encargarle los trabajos. Destino del dinero: financiamiento de Unió [2]. ¡Lo han clavado!
¿Tomarían nota en su momento de esta trama don Iñaki Urdangarin, doña Cristina y el profesor -doctor por ESADE- Diego Torres? ¿Se inspiraron en ella de forma creativa?
El indulto ha causado un enorme enfado en algunos partidos catalanes, no, por supuesto, en las filas de CiU y PP. La socialista Laia Bonet ha tenido la desfachatez de apuntar, sin que se le caiga la cara de vergüenza, que «determinadas decisiones no acercan precisamente la ciudadanía a los políticos en un momento de desafección». La memoria es frágil y algunos políticos (y políticas por supuesto) institucionales tienen la cara cubierta de hormigón.
Jordi Turull, el portavoz de CiU en la Cámara catalana, argumentó -¿argumentó?- que el indulto no se tramita en «dos días» y opinó que debe de estar «perfectamente motivado y argumentado». «Respetémoslo», agregó. ¡Es todo un colega! ¡Los implicados son de los suyos y la honestidad y teoría de la argumentación valen lo que vale un pimiento! Nada de nada.
Pero hay más y tiene que ver con los Mossos. ¡Vaya por Dios!
El mismo BOE que publicó el indulto de Servitje y Lorenzo Acuña recogía el indulto para agentes de los Mossos d’Esquadra condenados por torturas. ¡Qué maravilla, qué generosidad!
Hay precedentes también, es la cultura política del PPSOE. El pasado mes de septiembre de 2011, el Gobierno PSOE indultó a otros tres mossos condenados por apalear a un ciudadano. En casi todos los casos, eran penas superiores a los dos años de cárcel. Tendrían que haber concluido con el ingreso en la cárcel de los afectados. ¿La «justicia» igual para todos? ¿Es una broma estúpida?
Alguien ha comentado: «El indulto parece estar reservado a policías y políticos, pero lo más preocupante es que la ley que lo regula no la cuestiona ni el PP ni el PSOE». ¿Y quién es ese alguien? ¿Un radical, un revolucionario, un ciudadano que está a favor de la huelga general del 29-M, un guevarista resistente, uno de los indignados del 15-M? No, nada de eso: un magistrado de la Audiencia de Barcelona que formó parte de uno de los tribunales que impusieron esas condenas que ahora han quedado diluidas y que se ha mantenido en anonimato. Como en los viejos tiempos, todo como en los viejos tiempos.
Eso sí, en el caso de los mossos el indulto rebajó la pena a dos años de cárcel en la mayoría de los casos, no se quedó en una multa: les llevaría a la cárcel si vuelven a delinquir. En el caso de Servitje ni Acuña, ni siquiera eso, con una multita ya está todo arreglado. Hay clases y clases, y algunas dan distinción.
¿Es España, incluida Cataluña desde luego, algo más que un cortijo gobernado según normas y criterios de un grupo de bandidos trajeados o vestidos a la última? Se admiten apuestas pero la respuesta es de manual insulso.
Notas:
[1] Pere Ríos y Àngels Piñol, «El gobierno salva de la cárcel a un ex algo cargo de Unió y un empresario». El País (Cataluña), 14 de marzo de 2012, pp. 1-3.
[2] En el fallo se exponía que fue el consejero Farreras la persona que dictó las cinco «resoluciones prevaricadoras» por las que se encargaron los estudios. Fue absuelto, señala el tribunal, porque no se encontraron pruebas directas ni indiciarias de que «tuviera perfecto conocimiento de la injusticia y la arbitrariedad de las resoluciones». La lógica de la situación concluiría algo muy distinto.
[3] Pere Ríos, «Políticos y policías». El País (Cataluña), 14 de marzo de 2012, p. 3.
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