En su obsesión de desmantelar del sistema público de Salud, el gobierno de Rajoy aplica a partir del 1 de septiembre el Real Decreto Ley 16/2012, por el cual se les retira la tarjeta sanitaria a determinados colectivos, en especial a las personas inmigrantes sin regularización administrativa, actualmente unas 153.000 personas en el Estado español. […]
En su obsesión de desmantelar del sistema público de Salud, el gobierno de Rajoy aplica a partir del 1 de septiembre el Real Decreto Ley 16/2012, por el cual se les retira la tarjeta sanitaria a determinados colectivos, en especial a las personas inmigrantes sin regularización administrativa, actualmente unas 153.000 personas en el Estado español. Esto supone la exclusión de este colectivo de la atención sanitaria, sobre todo en la parte más importante, la de atención primaria, remitiéndose los casos más graves y urgentes a los servicios de urgencia de los hospitales.
La aplicación concreta de esta medida segregacionista está generando un caos importante. Las competencias en sanidad, en manos de las comunidades autónomas, determinan que la imposición de este Decreto Ley se vaya a hacer de manera desigual, porque los aspectos morales y los riesgos evidentes para la salud pública que supone la aplicación de esta medida, han generado problemas en las propias administraciones. Además, la rebelión de muchos colectivos de profesionales de la sanidad refuerza también la resistencia social, tan necesaria ante medidas como esta.
El racismo y la xenofobia, características comunes con otros partidos de extrema derecha de Europa, siempre ha estado presente en el PP, en especial cuando se trataba de sacar rédito electoral. Ya en tiempos de Aznar se llevó a efecto el endurecimiento de la Ley de Extranjería ((Ley 8/2000) con nefastas políticas de «cupos» y operaciones represivas como aquel «Plan Focus», o aquella «Operación Ulises», siempre con el mensaje transversal de identificar inmigración con delincuencia. Sería injusto no recordar que estas políticas contaron con el acuerdo o la pasividad del PSOE, que les dio continuidad en las dos legislaturas de Zapatero.
Pero ahora, esta modificación de la Ley de asistencia sanitaria, que entra en vigor a principios de septiembre, supone un salto cualitativo en la ya tradicional aversión del PP hacia la población inmigrante. Como suele suceder en general con los recortes, es mucho más el daño que suponen, que los beneficios que supuestamente se pretenden conseguir. Además de una gravísima violación de los derechos humanos, la desatención de los enfermos crónicos, y patologías infecciosas, ponen en riesgo la seguridad sanitaria de la población en su conjunto. Y si los servicios de urgencia son el único recurso que tienen estas personas, se dispara el gasto, ya que la atención primaria es mucho más económica.
No podemos permitir que un gobierno ilegítimo, entregado al servicio de los especuladores, introduzca además la xenofobia y el racismo en sus disposiciones. Ahora las víctimas son los inmigrantes pero, si lo permitimos, en el futuro seremos el resto de la población. Debemos apoyar decididamente la objeción de conciencia de las personas que trabajan en la sanidad pública, no permitiendo las amenazas de represión sobre este y otros movimientos de resistencia social contra los recortes.
Hemos de conseguir la derogación de todas las leyes racistas, desde la Ley de Extranjería y la Directiva de la Vergüenza europea, hasta esta última reforma de segregación sanitaria. Una vez más, digamos bien fuerte que ningún ser humano es ilegal. Todos y todas somos iguales, en derechos, deberes y dignidad. Plantemos cara al fascismo y a los recortes sociales.
Pep Juárez, Secretari General de CGT-BALEARS
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