En la nación donde se supone que nadie está por encima de la ley, el gobierno del Presidente Obama no parece actuar estrictamente apegado a las leyes sino a través de documentos legales, elaborados por funcionarios del propio gobierno, para asumir una autoridad letal como el poder asesinar a los ciudadanos de su propio país […]
En la nación donde se supone que nadie está por encima de la ley, el gobierno del Presidente Obama no parece actuar estrictamente apegado a las leyes sino a través de documentos legales, elaborados por funcionarios del propio gobierno, para asumir una autoridad letal como el poder asesinar a los ciudadanos de su propio país bajo la sola sospecha de representar una amenaza «inminente» y sin la necesidad de tener evidencias concretas, como son requeridas en cualquier proceso judicial.
Esto es lo que muestra un documento, de 16 páginas, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que fue publicada por la cadena televisiva NBC News, donde se revela el razonamiento legal detrás de una de las políticas más secretas y autoritarias del gobierno de Obama: Los asesinatos extrajudiciales. (Ver el memorándum en el attachment) El razonamiento que se cita en el documento resulta escalofriante cuando dice: «La condición de que un líder operativo represente la amenaza de un ataque violento ‘inminente’ contra los Estados Unidos, no requiere a los Estados Unidos tener una clara evidencia de que el ataque específico contra personas e intereses de EE.UU. tenga lugar en un futuro inmediato». Es decir, el gobierno no tiene la necesidad de demostrar ninguna culpabilidad para ejecutar a un ciudadano de su propio país.
Sin el menor remordimiento, quienes elaboraron el documento y quienes lo usan para actuar en forma autoritaria, evaden abiertamente la ley suprema de los EE.UU., la Constitución, que otorga a cualquier ciudadano el derecho de un debido proceso judicial que, para iniciarlo, requiere la presentación de las evidencias y de su sustentación durante el juicio. A cambio de esto, el documento otorga a cualquier autoridad de «alto nivel» del gobierno el poder sumario de decidir la muerte de una persona.
En este punto, el documento establece que un oficial del gobierno de los EE.UU. de «alto nivel» puede determinar que el objetivo estadounidense ha estado involucrado «recientemente» en «actividades» que representan la amenaza de un ataque violento. El memorándum no define claramente los términos «recientemente» o «actividades» que, de acuerdo a los expertos legales, pueden significar muchas cosas y crea las condiciones de que cualquier cosa pueda ser definida como tal.
El documento publicado por NBC News, que no tiene fecha, lleva por título «Legalidad de una Operación Letal Dirigida Contra un Ciudadano de los EE.UU. quien es un Líder Operativo de Al Qaeda o Una Fuerza Asociada», y fue entregado en Junio pasado por funcionarios del gobierno de Obama a los miembros del Comité Judicial y de Inteligencia del Senado, bajo la condición de que se mantenga confidencial y no sea discutida públicamente.
Aunque el memorándum no es un documento oficial de carácter legal, se sabe que el mismo refleja los argumentos de memorándum clasificados de la Oficina de Consejería Legal del Departamento de Justicia, usados contra objetivos de asesinatos y que proveen la (supuesta) autoridad legal al presidente y a todas las agencias de la rama ejecutiva de autorizar los asesinatos extrajudiciales. El gobierno se ha rehusado a entregar dichos documentos a los legisladores del Congreso o revelarlos públicamente. Una fuente con acceso al memorándum, que no es un documento clasificado, entregó la copia a NBC News.
Revuelta en el Senado
La revelación de NBC News ha causado, según fuentes relevantes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, una revuelta en ascenso entre los legisladores federales en contra de los excesos del ejecutivo unitario de Obama y de su estrategia para dividir al Congreso según lineamientos partidistas que le den una mayor amplitud para buscar cada vez más poderes dictatoriales.
Según The Guardian, once senadores escribieron al presidente Barack Obama exigiendo a la Administración justificaciones legales para acometer la matanza de ciudadanos estadounidenses con aviones teledirigidos (Drones). «¿Qué margen de evidencia necesita el presidente para determinar que un ciudadano forma parte de un grupo terrorista?, ¿Debe dar a los americanos la posibilidad de entregarse? o ¿Puede el presidente ordenar matar a un estadounidense dentro de los Estados Unidos?», son algunas de las cuestiones que los senadores plantean en el escrito, según cuenta el senador y miembro del comité de inteligencia Ron Wyden.
La carta incluye una advertencia no muy velada de que los senadores van a bloquear los nombramientos que Obama tiene pendientes del equipo de seguridad nacional, incluyendo la de Chuck Hagel y de John Brennan (como Jefe de la CIA), a menos de que les entregue la documentación.
Es de notar que el senador Ron Wyden, Demócrata por Oregón, también le escribió una carta a John Brennan, exigiendo que le entregara a la Comisión de Inteligencia del Senado las respuestas y los documentos correspondientes a la serie de preguntas sobre lo que opina el Departamento de Justicia sobre la autoridad de Obama a asesinar estadounidenses sin un debido proceso.
La carta le echa en cara un cita del mismo Obama de un discurso que dio en los Archivos Nacionales en mayo del 2009, en el cual respalda los mismos derechos del Congreso que él ha pisoteado. En esa ocasión, según la carta, el dijo que «Siempre que no podamos dar a conocer cierta información al público, por razones válidas de seguridad nacional, insistiré en que mis acciones sean supervisadas por el Congreso o los tribunales». La audiencia de confirmación de Brennan estaba programada para el jueves 7 de febrero. Un memorándum «escalofriante»
El documento ha levantado también protestas por parte de algunas organizaciones para la defensa de los derechos civiles y humanos, que consideran que las justificaciones legales para el ataque con Drones no están definidas. «Esto es un documento escalofriante», dijo a Jameel Jaffer, director legal de la Union de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en ingles), la cual ha interpuesto una demanda para obtener los memorándums del gobierno sobre los norteamericanos que han sido objetivos de asesinatos. «Básicamente, (el documento) sostiene que el gobierno tiene el derecho de realizar un asesinato extrajudicial de un ciudadano norteamericano. … Reconoce algunos límites sobre la autoridad que se estableció, pero los límites son elásticos y definidos vagamente, y es fácil ver cómo podrían ser manipulados», agregó.
En particular, Jaffer dijo, el memorándum «redefine la inminencia de la palabra de una manera que prive a la palabra de su significado ordinario». Andrea Prasow, de Human Rights Watch, considera que el documento revela que la Administración de Obama ha rehuido de las leyes internacionales. «Lo que es asombroso es que no pretende atenerse al derecho internacional. Cuando Estados Unidos pone en marcha una estrategia letal en otros países debe ser con la complicidad de las leyes internacionales, y el documento no especifica que esta exigencia se vaya a tener en cuenta», lamenta.
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