Enrique Javier Díez Gutiérrez, Doctor en Ciencias de la Educación y licenciado en Filosofía y diplomado en Trabajo Social y Educación Social, ha trabajado como educador social, como maestro de primaria, como profesor de secundaria, como orientador en institutos y como responsable de atención a la diversidad en la administración educativa. Actualmente es Profesor de […]
Enrique Javier Díez Gutiérrez, Doctor en Ciencias de la Educación y licenciado en Filosofía y diplomado en Trabajo Social y Educación Social, ha trabajado como educador social, como maestro de primaria, como profesor de secundaria, como orientador en institutos y como responsable de atención a la diversidad en la administración educativa. Actualmente es Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León. Desarrolla su labor docente e investigadora en el campo de la educación intercultural, el género y la política educativa. Recientemente ha publicado en rebelión una serie de artículos, ocho en total, excelentes todos, sobre la nueva Ley de (anti)Educación Pública, la LOMCE, del ministro Wert, trabajos a los que se hace referencia en esta entrevista.
Entre sus numerosas publicaciones cabe citar: Educación Pública: de tod@s, para tod@s, con Adoración Guamán (Bomarzo, 2013), Qué hacemos con la educación, con Agustín Moreno y José Luis Pazos (Akal, 2012), Educación Intercultural: Manual de Grado (Aljibe, 2012), y Decrecimiento y educación, con Carlos Taibo (Catarata, 2011).
Enrique Javier Díez Gutiérrez colabora con periódicos y revistas como El Viejo Topo, Diagonal, El País, Público o Diario de León. Es vicepresidente del «Foro por la Memoria de León», secretario de la Asociación «Prometeo, Hombres por la Igualdad de León» y presidente de la asociación estatal «Hombres por la Abolición de la Prostitución».
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Después de felicitarle por sus recientes y excelentes artículos sobre la LOMCE (publicados en Rebelión), me gustaría hacerle algunas preguntas sobre esta ley. ¿Era necesaria una nueva ley de educación? ¿No son muchas en muy pocos años?
No, no era necesaria una nueva ley de educación. Lo que se necesitan son más recursos y medios para mejorar lo que se ha ido consiguiendo en educación en los últimos años. Además no es positivo trabajar siguiendo los dictados de las leyes que cambian con excesiva rapidez. Pero la derecha tiene un claro programa que no ha dejado de imponer desde la transición a la democracia hasta hoy cuando ha ganado las elecciones. Su ideología clasista y selectiva la quiere implantar en todos los terrenos y la educación es uno de los más importantes y claves porque influye en la formación y desarrollo de las futuras generaciones. Conciben que la educación debe planificarse conforme a esta doctrina y no cejan en su empeño de hacer normativas que orienten la política educativa en este sentido. De ahí su afán por imponer una nueva ley que responda a sus postulados.
Es cierto que la educación es una materia siempre controvertida en cualquier política gubernamental, pues conlleva una carga ideológica profunda respecto a la visión que transmitimos a las futuras generaciones de lo que se considera el patrimonio común y de cómo se ha de construir la sociedad y la civilización humana. Se plantea que la educación debería ser política de estado y no política de partido. Pero tampoco quiero caer en el mito del «pacto de estado» en educación. Sinceramente creo que es radicalmente difícil llegar a un «pacto educativo» que concite concepciones tan diferentes sobre el ser humano y el tipo de ciudadanía y civilización que se ha de construir para conseguir un mundo más justo y mejor, como las que tienen la derecha de este país y la izquierda. De hecho, desde los sectores conservadores y neoliberales ni siquiera se plantean que haya que construir un mundo más justo y mejor.
En todo caso, creo que antes de plantear reformas educativas, habría que al menos ponerse de acuerdo en el diagnóstico de los problemas. Aunque tampoco soy optimista en que ni siquiera fuera posible un cierto consenso en la definición de las causas de los mismos.
LOMCE significa «Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa». ¿Qué mejora la nueva ley en su opinión?
Mejora la capacidad de imposición sin diálogo ni negociación con quienes van a ser afectados por las normas que se hacen. Mejora la forma y las estrategias de desmantelamiento y desfinanciación de la educación pública. Mejora la segregación del alumnado a temprana edad. Mejora la financiación pública de los centros privados. Mejora y potencia la competitividad darwinista entre los centros para estar en un ránking público, como si de una liga de fútbol se tratara, para que las familias con recursos para desplazarse puedan escoger aquel centro donde sus hijos e hijas se relacionen con los contactos adecuados y puedan tener más ventajas competitivas en el futuro mercado laboral. Mejora el adoctrinamiento en religión católica. Mejora en dar cobertura legal a la separación anticonstitucional por sexos para los colegios del Opus Dei. En fin, mejora mucho en introducir estrategias de gestión empresarial en la escuela pública y convertir la educación en un camino de penitencia trufado de continuas reválidas que irán dejando en la calle a quienes no las superen. Es decir, mejora mucho en implantar la ideología neoconservadora y neoliberal en la educación pública. Esa es la finalidad que tiene el PP y parece que lo va a conseguir por goleada.
La educación de nuestro país, ha escrito usted, «ha mejorado notablemente en la etapa democrática, si bien es evidente que tiene aspectos importantes que corregir». ¿Qué aspectos serían los más urgentes? ¿Dónde se ubican las mejoras en su opinión?
Creo que las mejoras habría que situarlas en los importantes avances que se han logrado en el desarrollo de la red pública, con un incremento notable de centros y de profesorado, bajada de ratios de alumnado por aula, ampliación de la edad escolar obligatoria, escolarización casi total desde los 3 años, y mayor acceso a estudios superiores de las capas populares. Hasta épocas muy recientes la mayoría de la población no tenía acceso a la educación. En los algo más de treinta años del actual período democrático se ha universalizado la educación, aumentado la inversión educativa, aunque por debajo de la media europea, pero ha consagrado la doble red pública-privada concertada. Se ha ampliado la enseñanza obligatoria hasta los 16 años y ha crecido la población atendida en las etapas educativas postobligatorias: Bachillerato, Formación Profesional y las distintas modalidades de rango universitario. Se ha defendido la educación infantil (0-6 años) como una etapa claramente educativa y se ha adaptado los contenidos curriculares al nivel de desarrollo psicológico del alumnado. Se ha reconocido el derecho a la educación como un derecho social, que los poderes públicos están obligados a prestar organizando un sistema educativo como un servicio público. Se ha avanzado en equidad e igualdad de oportunidades en el sistema educativo.
En cuanto a las mejoras creo que la educación en España nunca ha llegado a romper del todo con las tres principales herencias del franquismo: segregación clasista, confesionalidad y un amplísimo sector privado costeado con fondos públicos. Creo que arrastra una grave deficiencia en la formación del profesorado y de los profesionales que trabajan en el mundo educativo. También el lastre de una concepción de la educación todavía subordinada a las necesidades del mercado laboral y una incapacidad de repensar el curriculum y la organización escolar desde la diversidad y el aprecio de la diferencia. Pero sobre todo una falta endémica de financiación estable de la educación pública por parte de todos los gobiernos en la etapa democrática.
Habla también de los compromisos del Gobierno de España con Bruselas, compromisos que recortarán «hasta el 3,9% del PIB el gasto público educativo, retrotrayéndonos a cifras superadas hace 25 años y situándonos a la cola de la OCDE y la UE». ¿Quiénes han adquirido ese compromiso? ¿Por qué? ¿Quieren llevar el país a la UVI? ¿Son educa-suicidas?
El Gobierno del PP prevé que entre 2010 y 2015 el peso de la inversión pública en educación se reduzca del 4,9% al 3,9% del PIB, según el documento de ajustes enviado a Bruselas por el Ejecutivo. Y España ya estaba por debajo del PIB medio europeo. Esa bajada equivaldría a la pérdida de unos 10.000 millones de euros en cinco años. Así se establece en el Programa de Estabilidad 2012-2015 y Programa Nacional de Reformas aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2012. Ambos documentos recogen la Estrategia de Política Económica del Gobierno para los próximos años. Se han empeñado en destinar nuestros impuestos y los de toda Europa a rescatar y salvar a los bancos y entidades financieras causantes de la actual crisis, quitándolos de su destino original, la educación, la sanidad, los servicios sociales y públicos. No son «educasuicidas», ni «sanisuicidas», ni «sociosuicidas», ni «ecosuicidas», sino «educagenocidas«, «sanigenocidas», «sociogenocidas», y, en definitiva, «ecogenocidas», porque tienen muy claro que su clase, el 1%, no se suicida. En esta época de dictaduras económicas, el genocidio y la barbarie se perpetra desde los cómodos despachos de Wall Street y el Ibex 35 pero «sobre los otros», el 99%. De hecho, la tasa de suicidios en Grecia ha pasado, en solo tres años, de ser la más baja a la más alta de Europa a causa del increíble saqueo que algunos denominan crisis. Aquí, asistimos a la práctica unanimidad de políticos conservadores y «socialdemócratas» sobre la supuesta insostenibilidad del Estado de bienestar en pleno siglo XXI. Se pelean por competir en esta loca carrera para ver quién adelgaza y suprime más todos los sistemas de protección y solidaridad que afectan a la mayoría, mientras salvaguardan el sistema financiero y las leyes del mercado que benefician a la misma minoría de siempre.
Afirma usted también que esta ley es, más bien, una auténtica contrarreforma «que atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad y supone una vuelta al sistema de enseñanza franquista». ¿Sistema de educación franquista? ¿No exagera un pelín?
Creo que me quedo más bien corto. La contrarreforma de Wert supone una auténtica vuelta al modelo tardofranquista elitista y segregador, basado en modelos selectivos del tipo «la letra con sangre entra» y que desanda los avances en la educación pública que se habían conseguido durante la democracia. Esta contrarreforma nos condena al fracaso escolar y social, pues no sólo da pasos en sentido contrario a los avances pedagógicos actuales, sino que recupera las reválidas superadas del franquismo, ataca frontalmente la equidad social, estableciendo que con 12 o 13 años se puede mandar a nuestros hijos e hijas a los márgenes del sistema, al fracaso escolar o al mercado laboral sin cualificación.
Esta contrarreforma es una restauración de la LOCE de la época de Aznar: separar y segregar cuanto antes. Itinerarios que no conducen a reducir el abandono y el fracaso escolar, como pretende hacernos creer, sino a eliminar progresivamente la comprensividad y la igualdad de oportunidades durante la etapa obligatoria en educación, derivando cuanto antes a la población escolar con mayores dificultades o menos recursos hacia la FP de grado medio, convirtiéndola de nuevo en una vía de segunda categoría, para quienes no hayan podido aprobar para el Bachillerato. Esta contrarreforma está pensada sólo para una minoría seleccionada que será quienes se beneficien de ella.
Son viejas recetas tardofranquistas que tratan de justificar y consolidar los brutales recortes emprendidos. Dada la escasez de recursos han decidido destinarlos a «quienes se los merecen porque saben aprovechar la oportunidad que les dan», que coinciden reiteradamente con aquellos provenientes de sus familias y las familias de su clase social.
Habla también de tergiversación de «resultados de investigaciones internacionales para que se ajusten a los principios ideológicos que se quieren justificar, afirmando justamente lo contrario de lo que esas mismas investigaciones e informes internacionales concluyen». ¿Nos puede dar algunos ejemplos de estas tergiversaciones de resultados?
Afirmar que «el incremento de los recursos educativos lleva a un deterioro de los resultados» y que «incluso la literatura científica documenta numerosos casos de un efecto contrario», como el Ministro Wert en su primera comparecencia en la Comisión de Educación, no sólo muestra que no ha debido leer -o al menos comprender- ninguna literatura científica sobre el tema, sino que es capaz de inventarse las más rotundas afirmaciones con todo desparpajo sin ningún tipo de empaque. El problema es que actualmente representa al Ministerio de Educación y no está ya en una tertulia radiofónica donde, como tertuliano, se puede permitir el lujo de hacer aseveraciones sin ningún fundamento en un intercambio de meras opiniones. La literatura científica muestra que la media de inversión de la UE se sitúa en el 5,5% del PIB, mientras que nosotros estamos en el 4,3% y que países como Finlandia, que aparece como paradigma de éxito escolar en los resultados de evaluaciones internacionales, es del 6%. Y todas las investigaciones internacionales muestran que hay correlación entre el nivel de inversión en educación y los resultados del sistema educativo.
Afirmar que «la educación de 0 a 3 años» no es educación, sino conciliación como ha dicho Wert «con toda franqueza», nos retrotrae a la época de las guarderías y a equiparar educación temprana con cuidado. Si tuviera más conocimientos en este campo sabría que esta es una etapa educativa con identidad propia, cuya finalidad es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los menores y dar respuesta a sus necesidades educativas. Que además contribuye a atenuar, entre otras, las desventajas sociales, culturales y lingüísticas del alumnado que proviene de entornos desfavorecidos. De hecho, lo que sí afirma toda la literatura científica, es que la escolarización en edades tempranas es uno de los factores más determinantes para conseguir que los estudiantes alcancen mejores resultados.
Son muy raras entonces las afirmaciones del señor Ministro… Sorprende la desfachatez en sus afirmaciones, sin ningún fundamento, permitiéndose el lujo de aseverar que «en lo que la literatura científica es absolutamente coincidente es en que existe una correlación positiva entre la condición temprana de la elección del itinerario y el éxito escolar, la reducción del fracaso escolar». Esta aserción no responde de ninguna manera a la tan citada por él «literatura científica», sino que lo que revela es un posicionamiento ideológico previo que sirve para justificar la segregación temprana del alumnado recuperando los viejos «itinerarios», tan queridos y defendidos por el PP, utilizando la retórica de hacer «más flexible» la secundaria. Contrariamente, lo que afirma la literatura científica es que este modelo segregador supone abandonar la comprensividad de la educación obligatoria, separando al alumnado de ESO cuanto antes para que sólo algunos, los «excelentes» (quienes se han adaptado y asimilado al sistema), tengan éxito escolar y arroja a los «itinerarios basura» al alumnado con mayores dificultades, con la pretensión de que «no entorpezcan» a los «supuestamente excelentes».
Los modelos de superación del fracaso escolar basados en evidencias científicas, ya experimentados y constatada su efectividad en países como Finlandia -país con unos resultados educativos excelentes reconocidos a nivel mundial-, se basan, contrariamente a lo afirmado por Wert, en «agrupamientos heterogéneos» que hacen posible la atención personalizada de todo el alumnado, especialmente de quienes más lo necesiten, sin sacarlos de clase, mediante metodología de trabajo en grupos cooperativos, con el trabajo conjunto y coordinado del profesorado especialista en el aula, trabajando ellos también en equipo en el aula. Medidas que deberían acompañarse, como en estos países, de la reducción de alumnado por aula y profesor; la potenciación de la atención tutorial y la dotación de servicios de orientación a todos los centros públicos, incorporando nuevos perfiles profesionales: educadores y trabajadores sociales, mediadores interculturales, etc.
Todas estas afirmaciones y análisis parecen responder, no a planteamientos pedagógicos o mínimamente avalados por la comunidad científica internacional en este campo, sino a improvisaciones con la intención de dar un seudoempaque científico a prejuicios e ideas preconcebidas sin base en investigación alguna que las respalde. De hecho, en el primer redactado del anteproyecto aparecían datos sin fecha, referencias incompletas y muchas veces equivocadas, cuadros que no indicaban su fuente… En el último redactado simplemente se tergiversan resultados de investigaciones internacionales para que se ajusten a los principios ideológicos que se quieren justificar, afirmando justamente lo contrario de lo que esas mismas investigaciones e informes internacionales concluyen. En definitiva, lo que propone Wert es legislar contra la evidencia empírica de que disponemos. Cualquier reforma se debería acompañar de estudios previos que justificaran la necesidad de remover las bases del sistema y que asentaran las razones que explican las medidas propuestas.
Al margen de la ley de la Wertgüenza, como usted sabiamente la llama, le pregunto ahora por el denominado «fracaso escolar» en España.
De acuerdo, cuando quieras.
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría
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