El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, apeló a la «ingeniería jurídica» ante una posible sentencia derogatoria. Poco después rectificó y lo dejó en manos de los jueces. El Gobierno español apura su campaña de presión con la mirada puesta en sus sectores más ultras. «Ingeniería jurídica». Esta es la receta sugerida ayer por […]
El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, apeló a la «ingeniería jurídica» ante una posible sentencia derogatoria. Poco después rectificó y lo dejó en manos de los jueces. El Gobierno español apura su campaña de presión con la mirada puesta en sus sectores más ultras.
«Ingeniería jurídica». Esta es la receta sugerida ayer por el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, ante una posible sentencia derogatoria de la doctrina 197/2006. Tras una semana de presión in crescendo, el Gobierno de Mariano Rajoy elevó el tono y pasó directamente a amenazar con la rebeldía contra los tribunales europeos. Al mismo tiempo que la Gran Sala de Estrasburgo analizaba el caso, diversos altos cargos del Ejecutivo del PP, encabezados por el propio presidente, desplegaron su argumentario, basado ayer en el concepto de «tarifa plana» ante los delitos.
Presionado por los sectores ultras y nervioso ante la posibilidad de que Estrasburgo tumbe definitivamente la doctrina, Madrid amaga con incumplirlo. Una huida hacia adelante que incide en la misma línea abierta cuando el entonces ministro de Justicia del PSOE, Fernando López Aguilar, anunció en 2006 la «construcción de nuevas imputaciones» para evitar la excarcelación de presos vascos.
En público, tanto Rajoy como Fernández Díaz y Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, mostraron su confianza en que Estrasburgo les avale. Pero no las tienen todas consigo. El hecho de que el jefe de Gobierno, que no se prodiga en la prensa, sí que atendiese ayer a los micrófonos en los pasillos del Congreso es una muestra del acelerón. «La `doctrina Parot’ ha sido un instrumento enormemente útil en la lucha contra el terrorismo y espero que así lo entiendan», aseguró.
No obstante, fue Jorge Fernández Díaz quien se atrevió a llegar más lejos, asegurando que ya trabajan en fórmulas para evitar cumplir una sentencia condenatoria. Lo hizo por la mañana, en Onda Cero, donde afirmó que «hay margen para la ingeniería jurídica». Luego matizó sus palabras asegurando que, en todo caso, esta es una cuesitón que compete a los tribunales y no al Ejecutivo. La misma respuesta que dio recientemente en el Congreso, cuando fue interpelado por Amaiur por incumplir la primera sentencia del TEDH que instaba a la liberación inmediata de Inés del Río. Paradójicamente, el 11 de julio, cuando los jueces tumbaron la doctrina, fue él quien dejó claro que no sería excarcelada.
Hasta Rajoy se pronuncia
Madrid quier dar a entender que está dispuesto a poner las cosas difíciles a los jueces, pese a haber reiterado previamente que «acataría» una sentencia derogatoria. Entre las opciones que baraja están la de dilatar al máximo el proceso, limitando su aplicación al caso de Del Río y forzando a que el resto de prisioneros tengan que llegar hasta Europa. Así lo dejó entrever Ruiz Gallardón, quien afirmó que Estrasburgo «juzga casos individuales», por lo que cada uno «tendría que ser resuelto por el propio tribunal». Otra paradoja: el mismo día en el que se insinuaba la desobediencia, Rajoy se escudaba en el «cumplimiento de la ley» para rechazar el llamamiento al diálogo de Amaiur.
El PP fue el único que recurrió a la brocha gorda en el Estado español. El PSOE no hizo declaraciones e IU, que tampoco habló, ya dejó claro que rechaza la doctrina. Además, las agrupaciones de jueces avisaron de que Estrasburgo «sienta jurisprudencia». Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, criticó la afirmación de la «ingeniería jurídica» y alertó de que Madrid «perdería toda credibilidad» si no acata.
«Lobby» escaso para los ultras
La reacción del Ejecutivo del PP no se puede desligar de la presión que ejercen los sectores más inmovilistas de la derecha española, agrupados en algunas asociaciones de víctimas de ETA y el ala derecha del PP (y UPyD). En los últimos días se han sucedido las voces que interpretaban que Rajoy no ha hecho lo suficiente para convencer al tribunal. Todo ello, pese a la campaña desplegada por el PP.
A los contactos con medios del Estado para «calentar el ambiente» se suma la labor de lobby desarrollada por Fernández Díaz ante sus homólogos en Bruselas. También jueces de diversos ámbitos y otras instituciones han sido tocados para que hiciesen llegar a sus colegas europeos el punto de vista del Gobierno del PP. Maniobras insuficientes para el sector duro, que mira con desconfianza a Rajoy. Hasta que salga la sentencia, Moncloa podrá hacer pedagogía sobre otra condena que obligaría a la excarcelación o seguir como hasta ahora.