A las denuncias por torturas y expulsiones, que esbozan un dramático panorama en la frontera sur, se suma la segregación de los menores en el centro de La Purísima. El goteo constante de informes y denuncias pone de manifiesto que la situación en la frontera sur ha empeorado de forma visible para los menores en […]
A las denuncias por torturas y expulsiones, que esbozan un dramático panorama en la frontera sur, se suma la segregación de los menores en el centro de La Purísima.
El goteo constante de informes y denuncias pone de manifiesto que la situación en la frontera sur ha empeorado de forma visible para los menores en los últimos meses. Prodein, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), Médicos Sin Fronteras o la propia oficina de la Defensora del Pueblo aportan abundantes datos acerca de la vulnerabilidad de los migrantes en general, y de los menores en particular. En Melilla, que parece estar convirtiéndose en zona preferente de paso a la península -más transitada que Ceuta o Cádiz según el informe Frontera Sur 2013 de la APDH-A-, los menores denuncian torturas y expulsiones, y la segregación educativa a la que se los somete hacen que crezca el número de ellos que opta por buscar una salida a la península en los bajos de un camión.
Aunque continúa sin formalizarse un registro de menores extranjeros no acompañados (MENA), se calcula que constituyen el 5% de las personas que llegan a España por la frontera sur. En su informe de 2011, la Defensora señalaba que una de cada diez quejas recibidas por su oficina de 2009 a 2011 relacionadas con las migraciones y la extranjería tuvieron que ver con los MENA.
Palizas a los menores
G. estuvo a sus 14 años hospitalizado más de una semana con graves daños en el diafragma y el hígado a causa de una paliza propinada por la Guardia Civil en el puerto cuando intentaba pasar a la península colgado en los bajos de un camión, según él mismo denuncia. Llevaba un año en Melilla y seis meses en el centro para MENA La Purísima donde, a falta de actividades, veía correr las horas muertas en el patio. La noche en que fue apaleado iba con otros cuatro amigos que lograron escapar y después lo recogieron en la Ciudad Vieja, donde le dejaron casi inconsciente los guardias civiles, de nuevo según el estremecedor relato del chaval. La asociación Prodein se entrevistó con él a dos semanas del suceso, cuando G. aún no podía andar, y ha presentado una denuncia a la Defensora del Pueblo. «Es espeluznante», señala José Palazón, activista de esta asociación, quien reconoce que vive «enterrado en denuncias». «Están sucediendo cosas que antes no pasaban. Esto son torturas y ya no malos tratos«, subraya.
Prodein ha denunciado también, entre otros casos, el de un grupo de cuatro niños, el menor de ellos de 11 años, que pasaron toda la noche en el calabozo y a quienes «les pegaron una paliza con porras eléctricas». El de 11 años, describe Palazón, «tenía un ojo cerrado totalmente».
Expulsiones irregulares
El informe presentado por Médicos Sin Fronteras con el título Atrapados a las puertas de Europa hace pensar en una escalada violenta en las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto españolas como marroquíes. Señala que «a finales de 2012, los equipos de MSF trataron a pacientes que afirmaron que la Guardia Civil utilizaba balas de goma para apresarles y golpearles», así como otras denuncias sobre el uso de porras eléctricas, y que «muchos de los migrantes que logran cruzar las vallas, incluidos algunos con heridas bien visibles, son atrapados por la Guardia Civil española y entregados a las Fuerzas de Seguridad marroquíes», cuya violencia y falta de respeto a los Derechos Humanos se pone de manifiesto en el documento. Esta entrega supone una violación de la Ley de Extranjería, pues tendrían que ser las autoridades españolas quienes se encargaran de los migrantes llegados a territorio español. De esta población maltratada, un 5% son MENA, un 3% menores de 13 años.
APDH-A denuncia en su informe de 2013 redadas racistas en Melilla que incluyen a menores. Para José Alonso, abogado de la APDH-A, «de las expulsiones nunca se sabe, porque desaparecen un día y los dan de baja como ‘baja voluntaria’ y no se preocupan por dónde están ni qué ha podido pasar», una práctica denunciada recientemente por la Defensora en su informe 2012. El efecto perverso de estas bajas es que, a efectos de documentación, el arraigo de los menores se pierde y comenzará a contar desde cero si vuelven.
El caso de I. y M., de 14 y 17 años respectivamente, que estudiaban en Melilla, saltó a los medios en noviembre pasado. Una mañana, cuando se acercaban al CETI para encontrarse con otros subsaharianos, dos hombres de paisano que se identificaron como policías les ordenaron que se subieran al coche, les trasladaron a la valla fronteriza y les obligaron a pasar al lado marroquí. Según los chavales, en el lado rifeño miembros de la gendarmería les recibieron con una paliza y les robaron. M. consiguió volver, y ahora se enfrenta al drama de alcanzar la mayoría de edad sin ningún tipo de apoyo. De I. se sospecha que lo intentó sin éxito recientemente en una endeble patera que fue devuelta, estando ya en aguas españolas, a las fuerzas marroquíes, en otra maniobra contraria a la legislación. Palazón denuncia la impunidad: «No les pasa nada, pueden hacer lo que quieren y así se instala la barbarie total».
Escolarización segregada
En otros casos, las bajas se producen por la falta de expectativas. La Defensora del Pueblo ha denunciado «un importante retroceso» en la escolarización en La Purísima, «siendo menor el número de menores escolarizados fuera del centro», así como «la falta de actividades formativas para los residentes mayores de 16 años sin escolarizar». Palazón corrobora esto, «algo que no ocurría desde el año 2000, gracias a la presión de las asociaciones». En el curso actual, y por una orden del Ministerio de Educación -que en Melilla tiene las competencias educativas, acatada por la Consejería de Bienestar Social melillense-, han sacado a casi todos los MENA de los colegios que, en el torreón del castillo que es La Purísima, estudian segregados del resto. La consecuencia es que «muchos dejan el centro porque, aparte de que allí no se está bien, ahora no pueden ni salir», explica Palazón.
En la zona del Puerto de Melilla, donde los niños sueñan con el salto a la península, «cada vez se ven más chavales pequeños, niños de diez u once años, vendiendo chicles y cosas así, algo que había desaparecido», describe con tristeza José Alonso.
Mayoría de edad: condena a la marginalidad
M., expulsado irregularmente, ilustra otro de los retrocesos en la atención a los jóvenes tutelados. Tras conseguir volver de Marruecos, corriendo nuevos riesgos, y al cumplir los 18 años, se cesó su permiso de residencia, aunque éste tenía vigencia para un año más. «Hace unos cuatro años hubo una guerra tremenda para que los mayores de 18 años tuvieran la documentación, pero llevamos cinco o seis meses que, automáticamente, cuando cumplen la mayoría de edad les extinguen el permiso de residencia porque dicen que cesan las causas por las cuales se lo dieron», explica Palazón. La Defensora del Pueblo ha insistido en que esta práctica viola la Ley de Extranjería. No sólo se les retira el permiso de residencia, sino que se dificulta que los chavales consigan papeles imponiendo trámites y condiciones kafkianas, como solicitar un certificado de soltería que les obliga a volver a Marruecos. Alonso añade: «Una vez que salen, se tiene que buscar la vida por su cuenta», pues no hay plan de apoyo alguno para ellos por parte de Bienestar social.
Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/libertades/empeora-la-situacion-menores-la-frontera-sur.html