En medio del escándalo por la denuncia pública de las actividades de espionaje telefónico y cibernético cometidas por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) contra ciudadanos de ese país, el diario británico The Guardian dio a conocer al autor de esas filtraciones: Edward Snowden, de 29 años, […]
En medio del escándalo por la denuncia pública de las actividades de espionaje telefónico y cibernético cometidas por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) contra ciudadanos de ese país, el diario británico The Guardian dio a conocer al autor de esas filtraciones: Edward Snowden, de 29 años, antiguo asistente técnico de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense y quien actualmente trabaja para una empresa subcontratada por la NSA.
La víspera, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, había defendido las acciones de espionaje divulgadas por el propio The Guardian y por The Washington Post. Dijo que la escucha de llamadas telefónicas y la intercepción de comunicaciones privadas en Internet tienen un amplio apoyo bipartidista en el Congreso y que incluso son actividades supervisadas por el Poder Judicial, y sostuvo que no se puede tener ciento por ciento privacidad y ciento por ciento seguridad.
En conjunto, tanto las actividades de espionaje desarrolladas por Washington contra sus propios ciudadanos como la respuesta de ese gobierno ante la difusión de las mismas dan cuenta de un persistente deterioro moral de las autoridades estadunidenses y de una perversión en el ejercicio del poder público, el cual es empleado en forma autoritaria y discrecional con el pretexto de fortalecer la seguridad nacional.
Dicho patrón de conducta llegó a niveles particularmente exasperantes durante la administración de George W. Bush, con la aprobación de la llamada Ley Patriota -diseñada por el ex secretario de Justicia, Alberto Gonzales-, que legalizó, entre otras cosas, el espionaje sin orden judicial de ciudadanos estadunidenses, los allanamientos de morada y la detención por tiempo indefinido y sin derecho a juicio de extranjeros que a ojos de las autoridades resultaran sospechosos de terrorismo.
El gobierno de Obama, por su parte, no ha podido o no ha querido revertir esa práctica autoritaria y abusiva y, según puede verse, se ha sumado a ella, en uno de los muchos hilos de continuidad respecto del gobierno de su antecesor.
Tanto más preocupante y sintomática resulta la propensión del actual mandatario a emprender acciones de persecución en contra de quienes han tenido el valor de hacer públicos la ilegalidad, la barbarie y el atropello cometidos al amparo del poder planetario. Tal es el caso del soldado estadunidense Bradley Manning, sometido hoy a un juicio militar por haber entregado a Wikileaks miles de cables que documentan algunos de los crímenes de lesa humanidad cometidos por Washington en Afganistán e Irak.
La reacción de la Casa Blanca ante este tipo de episodios deja ver una enorme distorsión en el pensamiento oficial de Estados Unidos, el cual no alcanza a comprender que la verdadera amenaza a la paz mundial, a la seguridad de los estadunidenses dentro y fuera de su territorio y a la concordia de la comunidad internacional no es otra que el profundo deterioro humano, moral, jurídico, político y diplomático en el que se encuentra hundido el autodenominado defensor de la paz, la legalidad, la democracia y la seguridad mundiales.