Muchos se han sorprendido al comprobar a través de las revelaciones en The Guardian y The Washington Post que Barack Obama tomó el testigo de Big Brother de manos de George W.Bush al asumir su cargo en 2009. Pero no debería sorprender. Nunca dijo que no lo había hecho. Eso iba con el cargo, como […]
Muchos se han sorprendido al comprobar a través de las revelaciones en The Guardian y The Washington Post que Barack Obama tomó el testigo de Big Brother de manos de George W.Bush al asumir su cargo en 2009. Pero no debería sorprender.
Nunca dijo que no lo había hecho. Eso iba con el cargo, como todos los presidentes que pasaron por la Casa Blanca desde los años ’70, fueran republicanos o demócratas.
Si se revisa en la hemeroteca, entre las promesas de Obama no figuró el acabar con el antiguo programa de espionaje Echelon, que data de los años ’70 y del cual el PRISM que se revela ahora y que nació en 2007, es una ramificación. Como lo es el espionaje que se hace a través de las poderosas empresas telefónicas privadas Verizon, ATT&T y BellSouth, controlando a sus millones de usuarios. Este último caso ya fue denunciado por el Usa Today en 2006. Poco después del 11-S, un empleado de la NSA, William Binney, renunció también a su cargo declarando públicamente que no podía seguir siendo cómplice del espionaje a sus propios conciudadanos.
Es verdad que, cuando asumió el poder, Obama hizo muchas promesas importantes relacionadas con el respeto a los derechos humanos y los derechos civiles. Y todos sabemos también que cuatro años después, la mayoría siguen sin cumplirse: el cierre de la prisión de la base de Guantánamo, la eliminación del concepto de combatiente enemigo inventado por Bush para no aplicar las convenciones de Ginebra a sus prisioneros; la eliminación también de los tribunales militares y el traslado y juicio de los detenidos por tribunales federales en suelo estadounidense; o la investigación y castigo a los responsables de las torturas.
Sobre otras promesas hechas por Obama es difícil siquiera confirmar si se han cumplido o no. Por ejemplo, ¿se ha cancelado realmente el plan de secuestros de la CIA a través de todo el planeta, con traslado de prisioneros a cárceles secretas en bases propias o en prisiones de países aliados?
Mil ochenta de las escalas de los aviones camuflados de la CIA se hicieron en suelo europeo, decenas de ellas en diez aeropuertos españoles. Lo pudo comprobar y documentar una comisión de investigación del Parlamento Europeo y otra del Consejo de Europa. Y no pasó nada. Ninguno de los dirigentes de los países cómplices se dio por aludido y en la UE no está prevista ninguna tipo de sanción para este tipo de actos.
Recordemos que fue a partir de 2005 cuando se tuvo plena confirmación de la existencia de esas cárceles y de esos vuelos de la CIA, pese a que se habían iniciado poco después del 11-S, por lo que puede que tras abandonar Obama la Casa Blanca el mundo conozca algún otro plan secreto aún más grave.
Doce años con la ‘Patriot Act’
«No se puede tener el cien por cien de seguridad y un cien por cien de privacidad», dijo Obama días atrás, al conocerse las revelaciones del joven espía desertor. «Hay que hacer concesiones y estas pequeñas concesiones nos ayudan a prevenir ataques terroristas», añadió el presidente. Son palabras muy parecidas a las que decían la década pasada los Ashcroft, Bush, Rumsfeld, Cheney o Rice.
Lo que Obama puede decir en su defensa es que nunca prometió que fuera a romper una tradición de décadas como era la de espiar a sus propios ciudadanos y a todo el mundo. Se pueden revisar las transcripciones de esos emotivos discursos que hicieron llorar a tantos, y no se encontrará promesa alguna de derogar ni siquiera la Patriot Act.
Ese paquete de medidas antiterroristas temporal diseñado por el fiscal del Estado de Bush, John Ashcroft y que la Administración sacó adelante en octubre de 2001, fue ya en sí mismo el mayor golpe a los derechos civiles en EEUU desde la caza de brujas de McCarthy. Con la Patriot Act se dio vía libre a las autoridades policiales y al FBI para registrar viviendas y oficinas sin autorización judicial, así como para pinchar los teléfonos de cualquier persona sospechosa de estar vinculada a alguna actividad terrorista; controlar su correspondencia y su correo electrónico.
Con esa polémica ley bajo el brazo los agentes del FBI pasaron a estar legitimados para registrar una biblioteca, una iglesia o una mezquita, aunque no hubiera ninguna investigación abierta, o husmear en las cuentas bancarias de un sospechoso o sus fichas médicas en un hospital.
Y no solo no hubo ningún rechazo frontal por parte de la oposición demócrata en ninguna de las dos Cámaras, sino que tampoco hubo reacción ciudadana. Encuestas de estos últimos días muestran que el 56% acepta restricciones a su privacidad en aras de la «seguridad nacional» y, paradójicamente, ese porcentaje se eleva al 63% en el caso de los electores demócratas.
La mayoría de esas medidas temporales de la Patriot Act vienen renovándose regularmente año tras año desde hace más de una década y otras ya son ley.
La agencia más poderosa del mundo
Pero el Big Brother que instauró Bush y que mantuvo Obama, nunca se limitó a espiar a los 314 millones de habitantes de EEUU. Si los programas de espionaje masivo y de alcance planetario de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) -dependiente directamente del Pentágono- no podían en los primeros años controlar más que las comunicaciones radiofónicas y telefónicas fijas, -las móviles estaban prácticamente circunscriptas al ámbito militar-, con los años se han ampliado a las comunicaciones por satélite, las llamadas por móvil, a los correos electrónicos y redes sociales, a través de ordenadores fijos, portátiles, centralitas, ipad, tablets o cualquier otro dispositivo electrónico.
La NSA, creada por Truman en 1952, que cuenta con cerca de 100.000 empleados en su sede central, en Fort Meade (Maryland) y casi 300.000 más en el resto de EEUU y el extranjero, no es la única que participa en el programa Echelon. Aunque es el principal socio de la llamada comunidad UKUSA, en él participan también la GCHQ (Agencia Británica de Comunicaciones Gubernamentales) y organismos similares de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, dividiéndose áreas del planeta.
La comunidad puede controlar hasta el 90% del tráfico total de Internet a nivel mundial. Con las antenas instaladas en esos países y los más de 120 satélites que utilizan, pueden interceptar ondas electromagnéticas, transmitiéndolas a algunas de las sedes regionales donde se seleccionan aleatoriamente para su procesamiento a través de filtros, buscando palabras clave. Se calcula que pueden interceptar dos millones de mensajes por hora.
Sin embargo, en más de una ocasión se ha comprobado que Echelon no puede procesar todo tan eficazmente. Los atentados del 11-S fueron una muestra. Esto se discutió en la comisión bicameral que los investigó.
A fines de junio de 2002 el director de la NSA, el general Michael V. Hayden, tuvo que testimoniar a puerta cerrada ante el Comité de Inteligencia del Senado para explicar por qué la poderosa agencia no transmitió rápidamente a la CIA las conversaciones que había grabado a Khalid Shaikh Mohammed y Mohamed Atta, dos de los supuestos jefes del grupo de kamikaze que estrelló los aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono.
Hayden tuvo que reconocer que en esas conversaciones interceptadas se decían frases tan elocuentes como éstas: «mañana es la hora cero»», o «el partido está a punto de comenzar».
Sin embargo, la imposibilidad de traducir en tiempo real y procesar esa conversación impidió una rápida respuesta, como sucede con millones de conversaciones.
Los expertos de la NSA y las otras agencias de Inteligencia con las que comparte información, se concentran no sólo en individuos considerados «peligrosos» o al menos sospechosos, en asociaciones u organizaciones radicales islamistas, sino también en todo tipo de entidades, organismos públicos y privados de otros países, en empresas, multinacionales o grandes laboratorios del extranjero, en las fuerzas armadas, plantas nucleares y multitud de organismos de interés estratégico de los cinco continentes.
Los políticos y los periodistas no se escapan, por supuesto, a la lupa del espionaje. En abril pasado, y en un hecho sin precedentes, la agencia estadounidense Associated Press acusó al Departamento de Justicia de EEUU de haber pinchado 20 de sus líneas de teléfono durante dos meses en 2012.
El director ejecutivo de AP, Gary Pruitt, dijo que interceptaron las comunicaciones telefónicas de sus sedes en Washington, Nueva York y Hartford y también una línea que utilizan sus reporteros parlamentarios en la Cámara de los Representantes. El objetivo: intentar descubrir cuál era la fuente con la que contaban en la sección internacional de la agencia que les informaba con tanta precisión de operaciones militares secretas de EEUU en Yemen.
Tras las revelaciones hechas por The Guardian y The Washington Post pocos días atrás gracias a la información facilitada por el joven garganta profunda Edward Snowden, el primer ministro británico, David Cameron, se vio obligado a declarar que las actividades de espionaje de la GCHQ «pasan por estricto escrutinio de la Comisión de Inteligencia y Seguridad de la Cámara de los Comunes». Como pasó el escrutinio en diciembre pasado, claro, el Guantánamo británico en Afganistán, y aún sigue abierto, con sus 80 o 90 desaparecidos dentro.
Obama también podría decir que nada de lo que se hace es ilegal, que pasa por un «estricto escrutinio», ya que el Gobierno informa regularmente a la Comisión de Asuntos Secretos del Congreso de las actividades generales que llevan a cabo las distintas agencias que componen la comunidad de Inteligencia de EEUU.
Lo más novedoso de las revelaciones hechas ahora por Snowden es que PRISM, la más moderna rama del plan Echelon y que se centra en los datos sobre extranjeros que viven fuera de EEUU, trabaja fundamentalmente sobre la base de la información obtenida por servidores como Google, Skype, Hotmail, Yahoo, Facebook, YouTube, Apple, AOL y PalTalk.
A pesar de que todas estas empresas han ido declarando pública e individualmente que solo facilitan información sobre sus clientes cuando el pedido es de una autoridad competente y se ajusta a la legislación vigente, eso no es garantía de su no complicidad con la agencia. Y es que la «legislación vigente», desde la Patriot Act, legitima precisamente esas prácticas.
El pasado 28 de mayo Google recibió una orden de la juez Susan Illston, de la Corte Federal del Distrito Norte de California, para que proporcionara los datos de usuarios que le había exigido ya el FBI sin mandato judicial alguno, recordándole que así lo autorizaba la legislación de seguridad nacional.
Actuación en la UE
Estados Unidos y sus socios de la comunidad UKUSA han argumentando en distintas ocasiones que Carnivore -controlado por el FBI- o Echelon, con sus distintas ramas, son armas indispensables para combatir el terrorismo, las grandes mafias internacionales, el narcotráfico y el tráfico de armas. Sin embargo, más de una vez la Unión Europea ha denunciado operaciones de espionaje industrial por medio de las cuales el Gobierno de EEUU ha informado a sus multinacionales de operaciones de sus rivales extranjeros, lo que les ha permitido abortar operaciones o hacer pingües negocios en la Bolsa.
Una semana antes del 11-S precisamente, el 5 de septiembre de 2001, quedó constancia en el Acta de una reunión del Parlamento Europeo: «No hay ninguna razón para seguir dudando de la existencia de un sistema de interceptación de las comunicaciones a nivel mundial». Y en la última década hubo varios incidentes entre la UE y EEUU a raíz de evidentes casos de espionaje industrial realizados por la estatal NSA.
Por lo tanto, es curioso que ahora, doce años después, la Comisión Europea se asombre de que ese espionaje masivo sigue en pie. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, que es para más inri responsable de Justicia, declaró tras las últimas revelaciones de The Guardian: «Este caso demuestra que un marco legal para la protección de datos personales no es un lujo, sino un derecho fundamental. Ya es hora de que el Consejo Europeo demuestre que puede actuar rápidamente para reforzar los derechos de los ciudadanos».
Tanto Reding como la comisaria de Interior de la CE, Cecilia Malmström, aseguraron que aprovecharán la reunión que ya estaba programada desde antes de saltar este último escándalo entre EEUU y la UE en Dublín, para «pedir explicaciones» a los representantes estadounidenses.
Esto hace recordar el «pedido de explicaciones» sobre los vuelos de la CIA que, por presión de los media europeos, hizo la CE a Condoleezza Rice en diciembre de 2005 en Bruselas. Lejos de actuar a la defensiva, la entonces secretaria de Estado de Bush reprochó a los líderes europeos de la UE y la OTAN por su hipocresía. Rice -hoy día comentarista política de la CBS-, sostuvo entonces que esos secuestros y traslados por suelo europeo eran «imprescindibles para salvar vidas» y que eran parte sustancial de la «guerra contra el terror», recordando a los aliados europeos de EEUU que todos estaban «en la misma barca».
Y los dirigentes europeos se dieron por satisfechos con la explicación. El representante del Gobierno de Rodríguez Zapatero en la reunión, el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Bernardino León -que sustituía al ministro Miguel Ángel Moratinos, de gira en Africa-, sostuvo tras el encuentro: «Condoleezza Rice dejó claro que no se torturó y que la legislación internacional se aplica en EEUU como en el resto de la comunidad internacional». Y ahí se acabó la discusión.
La UE solo se moverá de una vez por todas con el tema del espionaje masivo estadounidense si comprueba que puede afectar gravemente operaciones de su industria, de su actividad económica, financiera o a su propio funcionamiento político y diplomático, pero como ya ha demostrado en el pasado, no lo hará en defensa de los derechos civiles de sus cientos de millones de ciudadanos.
Y está claro que si Obama no siente que el tema puede provocar una real fricción con Europa no cambiará absolutamente sus programas de espionaje. Solo controlará más a los cientos de miles de empleados que lo llevan a cabo, para evitar que haya más gargantas profundas.
No se puede esperar otra cosa. Días atrás, el que fuera director de la NSA durante la Administración Bush, Michael W. Hayden, dijo estar gratamente asombrado al comprobar que «con el presidente Obama se han expandido enormemente las actividades de la NSA».
De seguir sumando tantos méritos hasta que abandone la Casa Blanca, Obama pasará a la historia como el primer Super Big Brother de Estados Unidos.
*Roberto Montoya, periodista y escritor, autor de El Imperio Global y de La Impunidad Imperial, pertenece al secretariado de redacción de VIENTO SUR.