«Usted verá. Le sacamos de la lista de espera y, cuando le toque, puede ser muy tarde». Esta fue la respuesta que José Luis recibió de la operadora del Centro de Atención al Paciente (CAP) cuando rechazó ser derivado a un hospital privado para ser intervenido de la rodilla. En una denuncia presentada a la […]
«Usted verá. Le sacamos de la lista de espera y, cuando le toque, puede ser muy tarde». Esta fue la respuesta que José Luis recibió de la operadora del Centro de Atención al Paciente (CAP) cuando rechazó ser derivado a un hospital privado para ser intervenido de la rodilla. En una denuncia presentada a la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) este paciente relata que se sintió amenazado por querer que lo operaran en el Hospital de Cantoblanco, donde ya le habían realizado el preoperatorio y le habían programado la intervención.
«A los pocos días recibí una carta certificada, presuntamente firmada por el Hospital de La Paz (vinculado con el de Cantoblanco), en la que me volvían a amenazar con no asegurarme la operación a tiempo a no ser que cambiara de opinión y decidiera aceptar la oferta de ir al privado». José Luis no cedió ante la presión y, pocos días después, lo llamaron de su hospital, donde no tenían conocimiento de lo ocurrido con el call center, para confirmarle la intervención.
Esta es una de las muchas denuncias que las diferentes asociaciones en defensa de la Sanidad Pública han recibido desde que el CAP fue privatizado, en 2010. Según un informe elaborado por un médico del Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA), G.R., al que La Marea ha tenido acceso, los trabajadores del call center ofrecen, de manera recurrente, información falsa sobre listas de espera o técnicas quirúrgicas y médicas. Su objetivo es presionar al paciente para que elija realizar pruebas diagnósticas o intervenciones sencillas -«es decir, rentables»- en hospitales privados. Este informe denuncia una «insistencia reiterada para que el paciente admita el cambio de centro y dificulta la libre elección de médico y hospital a la que tiene derecho».
Según cuenta Mónica Lanza, profesional sanitaria que pertenece a la plataforma PATUSALUD, «en teoría se debería ofrecer primero el hospital que te corresponde, en segundo lugar uno público que esté por la zona en la que vives y, como última opción, cualquier centro que tenga disponibilidad inmediata. Sin embargo, lo que nos están contando los pacientes es que la única opción que se da es la del hospital privado.» En caso de que esta posibilidad sea rechazada, «se castiga al usuario y se le coloca en el último lugar de la lista de espera».
Esto, precisamente, fue lo que le ocurrió a un paciente del HUPA cuya denuncia está registrada en el informe del doctor G.R. Tenía prevista una cirugía para septiembre del año pasado. A los tres días de ser recomendada por el hospital recibió una llamada del CAP en la que le ofrecieron ser intervenido en un hospital privado. Lo rechazó porque quería que lo operara su médico de confianza. Un mes después de la llamada, al no recibir noticias, se acercó al hospital para saber el motivo de su retraso. Médico y paciente se enteraron de que, sin previo aviso, lo habían colocado a la cola de la lista de espera y su intervención estaba prevista para mayo de 2013. Finalmente, pudo operarse con su médico en noviembre de 2012 gracias a que decidió prescindir de la intermediación del call center y solicitó hora para la operación directamente en el HUPA.
Tanto el colectivo PATUSALUD, como el AFEM creen que detrás de esta derivación sistemática de pacientes a los centros privados se esconde una clara intención de beneficiarlos económicamente. Una afirmación que puede ser avalada tanto por los presupuestos de la Comunidad de Madrid como por un informe del sindicato CSIT Unión Trabajadores. Este informe revela que por cada paciente que se atienda sin ingresarlo-es decir, una consulta médica, una prueba diagnóstica, una intervención leve- se pagan 664 euros al año en un centro público y 675 euros en uno privado. Once euros de diferencia que, según explica el sindicato, es el margen de beneficio que obtiene la empresa que gestiona el centro privado. Además de esto, la Conserjería de Sanidad de la capital española incrementó un 17,5% de 2012 a 2013 el presupuesto dedicado a la atención sanitaria que se desvía de hospitales públicos a privados. Es decir que, para este año, gastarán 8 millones de euros más que el anterior.
Este, entre otros, ha sido el motivo por el que la Coordinadora Antiprivatización de Sanidad (CAS), la Plataforma Matusalén y diferentes grupos vecinales han depositado esta mañana una queja formal con varios miles de firmas en el registro de la Conserjería de Sanidad de Madrid. Con ello pretenden exigir a las autoridades sanitarias que controlen lo que está ocurriendo en el CAP para permitir «una auténtica libertad de elección y no ser asignados ni tratados en centros sanitarios de propiedad privada cuyos objetivos prioritarios son fundamentalmente económicos». Mientras esperan una respuesta, tanto la CAS como AFEM mantienen abiertas las líneas de denuncia para que los usuarios que se hayan visto afectados puedan contar sus casos y ayudar a informar al resto de los potenciales pacientes sobre cómo actuar ante estas situaciones.