Ayer terminó el plazo de un año establecido por la reforma laboral para la prórroga automática de los convenios pendientes de resolución. El acuerdo entre las patronales y los sindicatos de concertación no eliminará la incertidumbre que afecta a cerca de 1,8 millones de personas. La reforma laboral del Gobierno de Rajoy daba un año […]
Ayer terminó el plazo de un año establecido por la reforma laboral para la prórroga automática de los convenios pendientes de resolución. El acuerdo entre las patronales y los sindicatos de concertación no eliminará la incertidumbre que afecta a cerca de 1,8 millones de personas.
La reforma laboral del Gobierno de Rajoy daba un año de límite para que los convenios pendientes de renovación se prorrogaran de forma automática. La fecha límite llegó ayer lunes 8 de julio, y con ella cerca de 1.324 convenios que afectan a 1,8 millones de personas quedan en el aire, según datos de CC OO y UGT citados por Europa Press.
El aumento previsible de la conflictividad -y de los casos llevados a los tribunales- llevó a los sindicatos de concertación y a las patronales a firmar el 23 de mayo un acuerdo confederal que establecía una serie de recomendaciones para encauzar el posible conflicto. Así, el compromiso escrito era que, una vez expirado el plazo, las partes acordaran la continuidad del proceso de negociación más allá de los plazos legales y se instaba en caso de bloqueo a acudir a una mediación obligatoria o arbitraje voluntario.
Para el sindicato CGT, contrario a esta línea de concertación, «al ser un acuerdo de partes y carecer de fuerza vinculante para las comisiones negociadoras de los convenios colectivos, nos encontramos en el mundo de las recomendaciones, las cuales tendrán más o menos grados de aceptación en la medida que convenga a las partes». Según destaca CGT, la propia reforma laboral ya establecía la posibilidad a la que se podrá acoger cualquiera de las partes de reclamar una mediación o arbitraje en caso de considerar bloqueada la negociación.
En parecida línea, según recoge Europa Press el responsable de Relaciones Laborales de CEOE, José de la Cavada, avisaba tan sólo una semana después de haber firmado el acuerdo de que la patronal aceptaba el criterio de «fijar un itinerario obligacional», pero dejó claro que éste no dejaba de ser «un código de buenas prácticas en las mesas de negociación«.
Lo que se abre a partir de hoy, según declaraba a DIAGONAL el economista Daniel Albarracín, es una inmensa casuística. «No hay una interpretación acabada sobre la cuestión. Hay muchísima incertidumbre», señalaba este experto de uno de los gabinetes de CC OO. Así, uno de los criterios del sindicato es que la situación puede contenerse en aquellos convenios colectivos que cuentan con cláusulas que los prorrogan hasta que no hubiera un nuevo convenio. «Pero también hay otros analistas que dicen que esta interpretación está tomada por los pelos. De hecho, lo que se está produciendo es que muchos convenios se están firmando, incluso aunque sea a la baja, con el único fin de incluir cláusulas que aseguren la continuidad de la vigencia del convenio», explica.
Ottro motivo de incertidumbre es la suerte que correrán los convenios de empresa. La reforma laboral fija precisamente este tipo de convenios como referencia. «Si un convenio de empresa decae, ¿qué se aplica, el convenio sectorial, el estatuto de los trabajadores?». Aún consciente del alto grado de incertidumbre que se abre a partir del 8 de julio en muchas empresas, este experto no es optimista. «Mucho me temo que el resultado final será una situación muy desfavorable para los y las trabajadoras, puesto que el resultado de una negociación tal seguramente redundará en una transacción que acabará en negociación a la baja», se lamenta.