El informe anual de recaudación de 2011, publicado esta semana, completa el retrato del descalabro en el impuesto de sociedades en España, que grava los beneficios de las empresas. Los gigantes empresariales, los grupos consolidados, aprovecharon a fondo durante cinco años la reforma del impuesto, que bajó tipos, y su generoso sistema de deducciones. Pasaron […]
El informe anual de recaudación de 2011, publicado esta semana, completa el retrato del descalabro en el impuesto de sociedades en España, que grava los beneficios de las empresas.
Los gigantes empresariales, los grupos consolidados, aprovecharon a fondo durante cinco años la reforma del impuesto, que bajó tipos, y su generoso sistema de deducciones. Pasaron de pagar a las arcas públicas 12.673 millones en 2006 a 3.012 millones en 2011, menos de la cuarta parte. Una cantidad que supone apenas el 3,5% de los 85.984 millones de beneficios declarados ese año. Y un boquete descomunal en los ingresos públicos.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) aprobó en 2007 una reforma del impuesto de sociedades para bajar por primera vez en democracia el gravamen teórico sobre los beneficios empresariales: del 35% al 30% (del 30% al 25% para las pymes). Lo que se había planteado como una reforma gradual, tuvo una aplicación casi inmediata por la presión de la derecha catalana (CiU); la anunciada «poda» de las generosas deducciones que disfrutaban las grandes empresas quedó en casi nada. El entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes, defendió que el impacto en la recaudación sería manejable, porque la bajada de impuestos mejoraría la competitividad y los resultados de las empresas, lo que acabaría repercutiendo en las arcas públicas.
Cuando la crisis irrumpió en 2009, y pese al desplome de los ingresos, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero aún abrió la mano a más beneficios fiscales -permitió acelerar la amortización de activos, lo que, en la contabilidad, rebaja los beneficios sobre los que se tributa-. Un tímido intento de cambio de rumbo al final de la legislatura no evitó el desastre: muchas grandes empresas aprovecharon a fondo las ventajas dadas para reducir a la mínima expresión sus pagos a Hacienda.
La crisis ha penalizado con dureza los beneficios de las compañías, grandes y pequeñas. Pero el impacto en la recaudación, por esas facilidades legales, fue mucho mayor. Los resultados empresariales sujetos al impuesto pasaron de 209.642 millones en 2006 a 143.890 millones en 2011, una caída del 31%. La cuota líquida, lo que pagaron todas las empresas a Hacienda por los resultados, bajó en el mismo periodo de 40.529 a 12.665 millones, un 68%. En el caso de los grupos consolidados, ese descenso fue del 76%.
Según la Agencia Tributaria, en 2011 había casi 4.000 grupos consolidados, que integraban en sus cuentas unas 32.000 empresas. Las normas fiscales permiten a estos conglomerados, que copan el Ibex 35, compensar los resultados de compañías del grupo (restar las pérdidas de unas a los beneficios de otras) para rebajar la factura fiscal.
Pero además de esa ventaja genérica, los grupos consolidados son los que mejor aprovechaban el generoso régimen de exenciones, deducciones y beneficios que regía hasta 2011. Las 32.000 sociedades integradas en estos 4.000 gigantes cosecharon ese año un resultado positivo de 85.948 millones, frente a los 57.941 millones que lograron el resto de empresas, más de un millón. Pero tras la aplicación de los diversos ajustes en la base imponible y la cuota del impuesto, la factura fiscal de los grupos consolidados adelgaza hasta un tercio de lo que pagan el resto de las empresas españolas al fisco por este tributo.
Si se incluye a todas las empresas, la aportación a Hacienda asciende al 8,8% de los beneficios declarados en 2011, cuando un lustro antes pagaban más del 19%. De nuevo, es bastante menos que lo que pagan las familias en el IRPF, un 11,9% de su renta bruta.
Si la comparación de lo que las empresas ingresan al fisco es con la base imponible, los grupos consolidados, que parten de un tipo teórico del 30%, pagan solo un 17,7%. El resto de empresas, con un tipo teórico del 25% para las pymes y del 30% para las compañías que no consolidan, apenas llegan al 19%.