El Consejo de Ministros ha decidido tramitar el procedimiento de extradición contra los dos exaltos cargos de las fuerzas de seguridad. ‘Billy el Niño’, está reclamado por un delito de torturas que habría cometido sobre trece personas, mientras Muñecas es reclamado por un delito de torturas en concreto. Los otros dos expolicías para los cuales […]
El Consejo de Ministros ha decidido tramitar el procedimiento de extradición contra los dos exaltos cargos de las fuerzas de seguridad. ‘Billy el Niño’, está reclamado por un delito de torturas que habría cometido sobre trece personas, mientras Muñecas es reclamado por un delito de torturas en concreto. Los otros dos expolicías para los cuales pedía la extradición, Celso Galván Abascal y José Ignacio Giralte Gozález, han fallecido ya.
El Consejo de Ministros ha decidido en su reunión de este viernes continuar con la tramitación del expediente de extradición a Argentina de Juan Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, y Jesús Muñecas Aguilar, exaltos cargos de las fuerzas de seguridad durante el franquismo. Ambos hombres están acusados de torturas por la jueza María Servini de Cubría, que está instruyendo la llamada ‘querella argentina’ sobre los crímenes cometidos durante la dictadura.
Los otros dos expolicías que la magistrada citó en su auto del pasado septiembre y para los cuales pedía la extradición, Celso Galván Abascal y José Ignacio Giralte Gozález, han fallecido ya, por lo que la decisión del Gobierno afecta tan solo a dos de los cuatro imputados por presuntas torturas.
Según recuerda el Ministerio de Justicia, «Juan Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, está reclamado por un delito de torturas que habría cometido sobre trece personas durante el tiempo en que estuvieron detenidas entre 1971 y 1975. La reclamación contra Muñecas Aguilar también se basa en un delito de torturas, pero en concreto, las que habría cometido contra Andoni Arrizabalada durante el tiempo que estuvo arrestado en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz (Guipúzcoa)».
Tras la decisión del Ejecutivo el procedimiento de entrega de los dos supuestos torturadores a Argentina seguirá tramitándose en la Audiencia Nacional. Si el tribunal decide que no puede seguir adelante, el Gobierno no podrá hacer nada al respecto, aunque en caso contrario la decisión final es del Ejecutivo, según asegura Europa Press.
Treinta personas viajan a Argentina para declarar como testigos
Además, unas treinta personas viajaron este jueves a Argentina para declarar como testigos de la represión en el proceso abierto. Entre estos declarantes se encuentran varios colectivos de víctimas del franquismo: familiares de desaparecidos, representantes de los últimos presos del régimen o personas afectadas por las prácticas de robo de bebés habituales durante la dictadura.
Habrá un turno de comparecencia diario ante la magistrada entre el 2 y el 7 de diciembre. Entre quienes declararán están la hermana del joven Salvador Puig Antich, familiares de algunos de los últimos fusilados por la dictadura en 1975 y también de los cinco trabajadores asesinados en 1976 en la catedral de Vitoria-Gasteiz. Los testigos pedirán la imputación de tres exministros de la dictadura: Rodolfo Martín Villa, Fernando Suárez González y José Utrera Molina.
Uno de los citados en el auto, el actual comisario de Leganés
El nombre de los cuatro exaltos cargos de las fuerzas de seguridad no era el único que se citaba en el auto de la jueza Servini de Cubría. A pesar de que no figuraba como imputado en el caso, el nombre de Jesús González Reglero, actualmente comisario de la Policía Nacional de Leganés, aparecía en un testimonio de una de las víctimas, que le acusaba de supuestas torturas contra él mientras se encontraba detenido.
Uno de los abogados que están ejerciendo la acusación en la querella argentina, Carlos Slepoy, aseguró el pasado septiembre a info Libre que, pese a que el nombre de Reglero no se ha incluido entre los imputados en este primer auto, las víctimas están preparando junto a sus letrados una nueva lista donde sí se pedirá su imputación.
En cualquier caso, varios partidos, sindicatos y movimientos sociales de la localidad madrileña de Leganés han convocado este domingo una marcha para pedir el cese del comisario. Los convocantes, entre los que se cuentan entre otros el 15-M de Leganés, Izquierda Unida o el sindicato CGT, aseguran que no se puede «tolerar que miembros activos del aparato represivo y torturador del régimen franquista ocupen cargos de responsabilidad relacionados con el cumplimiento y el respeto a los derechos y libertades fundamentales».