Existe un problema grave en España, que los establishments políticos y mediáticos españoles, radicados en su mayoría en Madrid, definen como el «problema catalán», que es, en realidad, el «problema español», problema que se agudizó como consecuencia de la enorme influencia que la derecha española (en realidad, ultraderecha en el espectro político europeo) tuvo durante […]
Existe un problema grave en España, que los establishments políticos y mediáticos españoles, radicados en su mayoría en Madrid, definen como el «problema catalán», que es, en realidad, el «problema español», problema que se agudizó como consecuencia de la enorme influencia que la derecha española (en realidad, ultraderecha en el espectro político europeo) tuvo durante el mal llamado «proceso modélico» de la Transición de la dictadura a la democracia. Como he escrito en varias ocasiones, aquel proceso tuvo muy poco de modélico, pues se hizo en condiciones sumamente favorables para las derechas (que controlaban el aparato del Estado y la mayoría de los medios de información y persuasión), y muy desfavorables para las izquierdas, que habían liderado las fuerzas democráticas durante la resistencia frente a la Dictadura (que fue una de las más represivas existentes en Europa) y que acababan de salir de la clandestinidad. La Transición fue un proceso enormemente desequilibrado, que determinó un producto -la Constitución- que reflejaba, en muchos de sus componentes, esta falta de equilibrio de fuerzas, con dominio de las ultraderechas. Fue este desequilibrio lo que explica la visión de España que se desprende de este documento. España -según la Constitución- es una nación (sin reconocer que haya varias naciones), y el Ejército tiene que garantizar que ello sea así, recordando que el Ejército golpista (del cual el Ejército en aquel momento era su continuador) realizó un golpe de Estado precisamente para evitar una redefinición de España que se expresara a través de un Estado plurinacional. La famosa llamada a la unidad de España era una llamada al mantenimiento de un Estado uninacional.
No debería olvidarse que aquel golpe militar se realizó para defender la permanencia de un orden social y territorial injusto. Sus dirigentes llamaron «separatistas» a aquellos que deseaban no separarse de España, sino redefinirla. El Estado catalán, tanto el propuesto por Lluís Companys como el propuesto por Francesc Macià, era un Estado que se consideraba parte de una federación española, o incluso ibérica, que debía reconocer su plurinacionalidad. En contra de la versión oficial de la Historia de España, el objetivo de las fuerzas progresistas en Catalunya durante la República no fue el separatismo, sino el establecimiento de un federalismo que permitiera la convivencia entre iguales, compartiendo voluntariamente su existencia dentro de un amplio colectivo, con un Estado federal plurinacional. Por cierto, el que sintetizó mejor este sentimiento no fueron las figuras tradicionales del establishment mediático y político nacionalista catalán, sino el dirigente del movimiento obrero catalán El Noi del Sucre, autor prácticamente desconocido en los medios de información de ese establishment.
Parece ahora haberse olvidado que fueron todas las izquierdas, tanto las españolas como las catalanas, las que siempre habían compartido esta visión, que mantuvieron también durante la clandestinidad. Esta visión federalista implicaba la autodeterminación de sus componentes. Tan recientemente como en el Congreso de Octubre de 1974 de Suresnes, el PSOE subrayaba que «la definitiva solución del problema de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas, que comporta la facultad de que cada nacionalidad y región pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español» (Resolución sobre nacionalidades y regiones). Y más tarde, en el 27 Congreso del PSOE en diciembre de 1976, se aprobó que «el Partido Socialista propugnará el ejercicio libre del derecho a la autodeterminación por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades que compondrán en pie de igualdad el Estado federal que preconizamos… La Constitución garantizará el derecho de autodeterminación», manteniendo que «el análisis histórico nos dice que en la actual coyuntura la lucha por la liberación de las nacionalidades… no es opuesta, sino complementaria con el internacionalismo de la clase trabajadora». «Autodeterminación» era la versión de entonces del «derecho a decidir» de ahora. Este derecho a decidir -que permitía, si así se deseaba, la separación- aseguraba que la permanencia -deseada por la mayoría- era en condiciones de igualdad y voluntaria, no forzada o impuesta.
El cambio de las izquierdas españolas gobernantes
Este compromiso desapareció en la mal llamada «modélica» Transición. El cambio se debió a las presiones (en realidad, imposiciones) del Ejército y del Monarca, que impusieron estas cláusulas de España como la única nación, indivisible y salvaguardada por el Ejército, que garantizaría la permanencia de este Estado uninacional. Esta fue la condición de la Monarquía y del Ejército para permitir el establecimiento de una democracia muy limitada. Varios protagonistas de aquella Transición así lo han reconocido. Esta fue la causa de que las izquierdas españolas cambiaran tan radicalmente. Y ahí se encuentran las raíces de la falta de resolución del problema español. Su oposición a la redefinición de España, todo ello bajo la argumentación de defender su unidad (la misma justificación que habían utilizado las derechas para realizar el golpe militar del 1936), impidió que se resolviera este problema. Las fuerzas conservadoras ganaron la batalla otra vez. Y presentaron la aprobación de la Constitución por parte de la población española en un referéndum como signo de una aprobación a un supuesto consenso entre iguales que distó mucho de ser entre iguales y de que fuera consenso. Las izquierdas, muy débiles y recién salidas de la cárcel o del exilio, estaban ansiosas por tener democracia, por muy limitada que fuera. Ahora bien, como me dijo en una ocasión Santiago Carrillo, lo que las izquierdas consideraron como su gran éxito fue la admisión del principio de que la soberanía procedía y derivaba de la ciudadanía, sin ser plenamente conscientes, sin embargo, de que la misma Constitución dificultaba que dicha soberanía se ejerciera en las distintas naciones que ocupan el territorio del Estado español. El derecho a decidir (formas de democracia directa como referéndums) apenas se permitió, desarrollando unas instituciones democráticas muy poco representativas (el 72% de la población española está de acuerdo con el eslogan del 15-M «no nos representan») y muy poco participativas. Este fue el resultado de aquella Transición claramente inmodélica, que no permite ni siquiera referéndums de carácter consultivo, como es el que ahora se propone en Catalunya.
Ahora bien, el abandono por parte de las izquierdas españolas, tanto socialistas como comunistas, de sus raíces y compromisos federalistas, dejó el problema español sin resolver, agudizándose todavía más las tensiones cuando el Tribunal Constitucional, controlado por los dos partidos mayoritarios, eliminó elementos claves del Estatuto (el intento de recuperar la plurinacionalidad del Estado español) después de ser refrendado por la población catalana, argumentando que la Constitución no lo permitía. Por lo demás, la dirección del PSOE se convirtió en la gran defensora, junto con las derechas, de esta versión uninacional de España. Y cuando el intento de golpe militar de 1981 ocurrió, la Monarquía acentuó la importancia de la unidad de España. En consecuencia, el PSOE decidió que el Partido de los Socialistas de Catalunya dejara de tener su propio grupo parlamentario, convirtiéndose en una rama del PSOE.
La situación actual
Y ahora, el comportamiento insultante del gobierno del PP (con la ayuda de los sectores jacobinos dentro del PSOE), con su arrogancia y falta de sensibilidad hacia las reivindicaciones de la mayoría de la población en Catalunya, que favorece el derecho a decidir, está llevando a una situación de hartazgo que explica el enorme crecimiento del sentimiento de separación respecto al Estado español, creyendo imposible que esta España pueda cambiar. Y ahí está el problema español, acentuado por las fuerzas conservadoras de ambas partes del Ebro, que utilizan las banderas, una vez más, para ocultar su alianza de clases.
Pero se está cometiendo un gran error por parte de sectores de las izquierdas españolas, al creerse que este movimiento pro «derecho a decidir» es un movimiento de derechas, liderado por el gobierno catalán. Y también es un gran error (que se repite maliciosamente y desvergonzadamente por parte de las derechas, tanto el PP como UPyD) creerse que este movimiento es un movimiento anti España. Es un movimiento anti Estado español (ver mi artículo «La Sagrera: la Catalunya real», Público, 26.11.13), lo cual es diferente a ser un movimiento anti español. Naturalmente que hay de todo, pero la mayoría no se siente anti española. En realidad, la mayoría o la minoría mayor, son catalanes que se sienten españoles pero que quieren que se reconozca a Catalunya como nación, con su derecho a decidir su articulación o separación con el Estado español. Los insultos que se están promoviendo (acusando a este movimiento de victimista, insolidario, y una larga retahíla de insultos predecibles), incluso por personalidades de izquierda, están haciendo un gran daño, estimulado el separatismo. En realidad, el fenómeno mas novedoso que está ocurriendo en Catalunya es el sentir mayoritario de la población (el 81%) de que la población en Catalunya tiene el derecho a decidir (es decir, a ser soberana) y que un número cada vez mayor de personas que se sienten españolas, además de catalanas, votaría, dentro del proceso de decisión, por la independencia, como rechazo a un Estado cuya máxima expresión es el establishment político y mediático radicado en Madrid, caracterizado por una extraordinaria arrogancia, que cree que la única España posible es la que ellos están imponiendo cada día al resto del país, incluyendo Catalunya.
Esto, el establishment españolista, político y mediático, radicado en la capital del Reino, nunca lo reconocerá. Pero el Estado español (del cual son portavoces) ha alcanzado tal nivel de descrédito entre la población de las distintas naciones y regiones de España que existe hoy una agitación constante a lo largo del territorio español, también de rechazo hacia este Estado. Las encuestas muestran como la población española es de las que está más distanciada de las instituciones del Estado en la Unión Europea. Y están surgiendo elementos y movimientos contestatarios (que se iniciaron con el movimiento 15-M) que son radicales, en el sentido de que van a las raíces de los problemas, pidiendo y exigiendo una segunda Transición, que permita el desarrollo de la España republicana, alternativa a la que hoy existe, y que hermanada con los movimientos soberanistas en Catalunya, consiga una España soberana, democrática y justa. La alianza de los soberanistas catalanes y de los soberanistas españoles que rechazan este Estado tan escasamente democrático es la condición para conseguir, no solo lo que las izquierdas históricamente desearon, sino lo que cualquier persona democrática debería desear.
La importancia del derecho a decidir
Este sentimiento por parte de la mayoría de la población que vive en Catalunya de que el pueblo catalán tiene que tener el derecho a decidir no variará. Es un sentimiento de una enorme importancia, pues equivale al reconocimiento de Catalunya como una nación soberana.
Ahora bien, en contra de lo que constantemente se presenta en círculos nacionalistas, tanto españoles como catalanes, la demanda de este derecho no es lo mismo que el deseo de que Catalunya sea independiente. Naturalmente que el derecho a decidir implica la posibilidad de independizarse. Pero el derecho a decidir debe tener, por mera coherencia democrática, otras alternativas para que sea el pueblo catalán el que decida. Ofrecerle solo una alternativa limita este derecho. De ahí el error de creerse que el derecho a decidir es lo mismo que pedir la independencia. La famosa fiesta en el campo del Barça, erróneamente definida como la fiesta del «derecho a decidir», era en realidad una fiesta independentista. Detrás de las declaraciones de la persona anfitriona que leyó el manifiesto de la fiesta (que lo podría haber firmado la mayoría del 81% que está a favor del derecho a decidir), había una bandera independentista (mostrando un intento de instrumentalización de aquel sentimiento).
Pero mientras que el 81% quiere que la población vote sobre su futuro, el porcentaje de votantes a favor de la independencia, según las encuestas, sería menor (52%), porcentaje que probablemente aumente más y rápidamente si el establishment españolista radicado en Madrid continúa su oposición al derecho a decidir, de lo cual los independentistas son conscientes, pues se están beneficiando de este comportamiento.
Ahora bien, aunque comprensible en su comportamiento, esta captación del derecho a decidir por los independentistas puede dañar este derecho, pues, en caso de que hubiera tal voto y la mayoría no votara a favor de la independencia, el establishment españolista concluiría que el pueblo catalán no desea ser soberano. Y será un flaco favor para aquellos que sostienen que Catalunya tiene que ser una nación soberana.
Y es esta misma visión del derecho a decidir que lleva a presentar por partidos nacionalistas (tanto catalanes como españoles) los hechos heroicos de la población catalana del 1714 como un movimiento del pueblo catalán contra España, cuando en realidad fue contra el Estado borbónico español, que anuló las instituciones catalanas. Su derrota fue también la derrota de las fuerzas progresistas españolas (lo cual nunca se dice) que defendieron la visión de otra España, como bien indicaron los propios dirigentes de la revuelta catalana. Aquella guerra la perdieron, además de Catalunya, todas las fuerzas progresistas de toda España. La clarividencia de los dirigentes catalanes de aquel momento fue extraordinaria, pues ya entonces indicaron que la derrota de Catalunya significaría también «la derrota de aquellos españoles engañados por el Estado borbónico». Ni que decir tiene que los paralelismos entre dos momentos históricos tan distantes son muy limitados, pues incluso las categorías Catalunya y España tienen diferentes significados. Pero debe, sin embargo, señalarse que ya entonces hubo dos visiones distintas de España, y que la victoria de una -de la cual la España actual es heredera- se hizo a costa de Catalunya y de la España progresista. Y de ello nunca se habla. Si se conociera, habría un movimiento generalizado de las fuerzas progresistas en España a favor del derecho a decidir en Catalunya y en el resto de España.
Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
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