Comisión de la verdad

En España permanecen desaparecidas más de 130.000 personas, existen más de 2.500 fosas comunes por exhumar y hay decenas de miles de niños robados que esperan verdad, justicia y reparación; son víctimas de la dictadura franquista. Estos datos convierten a España en el segundo país en el mundo en número de fosas comunes, detrás de […]

En más de 30 países se han creado ‘comisiones de la verdad’. Son organismos oficiales, temporales, no tiene carácter judicial y se ocupan de constatar hechos, investigar abusos contra los derechos humanos, incluidos los crímenes contra el derecho internacional, y determinar la verdad. En un informe final recogen los resultados de la investigación y se formulan recomendaciones. En España es llegada la hora de que se establezca una Comisión de la Verdad.

La Comisión de la Verdad que se ha de constituir deberá identificar las violaciones contra los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y el franquismo, sus víctimas y los responsables de los hechos. FIBGAR -fundación privada de carácter social, sin ánimo de lucro-, que promueve los derechos humanos y la jurisdicción universal, que lucha contra la impunidad, en defensa de las víctimas y sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, está promoviendo la creación de esta Comisión.

Según Amnistía Internacional, todas las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada, tienen derecho a saber la verdad. En España, se están violando los derechos humanos sin que a las víctimas se les esté haciendo justicia ni reparado. Obtener la verdad sobre los crímenes es vital para que las víctimas directas conozcan los extremos de los crímenes de que han sido objeto, las razones que los motivaron, y que se reconozca públicamente su sufrimiento. La verdad es necesaria para que los familiares, especialmente de víctimas de homicidio o de personas desaparecidas, averigüen qué les ocurrió a sus seres queridos y conozcan su paradero. La verdad es necesaria para que la sociedad afectada conozca las circunstancias y las razones que llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que adquieran garantías de que no va a repetirse.

Hagamos memoria histórica: durante la guerra civil y el franquismo se cometieron crímenes de guerra, contra la humanidad, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Hasta ahora no se han establecido los hechos, el número de víctimas de tales delitos ni los autores y responsables de los mismos. Las víctimas del bando de los vencidos tienen derecho a que se conozca la verdad sobre lo ocurrido. Como consecuencia de la investigación abierta por la Audiencia Nacional, siendo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 Baltasar Garzón, se estableció la existencia de más de 130.000 víctimas de desaparición forzada, la existencia de más de 2.500 fosas documentadas y más de 30.000 niños robados.

En 2006, la Audiencia Nacional recibió varias denuncias de particulares y asociaciones de derechos humanos, todas ellas por presuntos delitos de detención ilegal, basadas en los distintos hechos, fundamentalmente por la existencia de «un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales) de personas a partir de 1936, durante los años de Guerra Civil y los siguientes de la posguerra, producidos en diferentes puntos geográficos del territorio español». El 16 de octubre de 2008, el entonces juez Garzón, las admitió a trámite, imputó al régimen franquista por un delito de genocidio y ordenó que se investigaran los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la época. Pidió que se identificara a los máximos responsables; solicitó la exhumación de cuerpos ubicados en fosas comunes; así como la toma de testimonios de víctimas y victimarios. Como en España no solo no se investigan determinados delitos, sino que se persigue a quienes denuncian, la Justicia no solo no investigó, sino que ordenó la apertura de un proceso penal contra el juez, por la querella interpuesta por las ultraderechistas Falange Española y Manos Limpias, por un supuesto delito de prevaricación, del que después fue absuelto.

De momento, con la sentencia del Tribunal Supremo del 27 de Febrero de 2012, se cerró, archivo y paralizó cualquier proceso que pudiera esclarecer y juzgar los miles de casos de desapariciones forzadas cometidos durante la guerra civil y la dictadura, quedando impunes y sin conocer la verdad jurídica de lo ocurrido. Según el alto Tribunal, los delitos que se pretendían investigar están amnistiados y han prescrito por la Ley de Amnistía de 1977, convertida en una auténtica ley de ‘punto final’. La ley, dictada durante la Transición, ha sido uno de los obstáculos para el enjuiciamiento de los supuestos crímenes contra la humanidad. Repetidamente, la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han solicitado su derogación, interpretando que atenta contra los derechos humanos y es contraria al derecho internacional. En cualquier caso, una acción es la investigación de lo ocurrido, que no se investiga y habría que hacerlo, y otra abrir procesos de imputación contra los responsables de las desapariciones, los crímenes y su posible condena, que estaría por ver.

En 2007, la denominada ‘Ley de Memoria Histórica’, pretendió sentar las bases para cumplir de forma plena con el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, pero lo cierto es que en la actualidad está sin efecto ante la ausencia de fondos y de voluntad política para aplicarla. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, en su última visita a España, constató que no existe una política de Estado relativa a la búsqueda de desaparecidos, como tampoco una base de datos genéticos de familiares y un protocolo de actuación para las exhumaciones. A finales del mes de julio, este Grupo le ha dado al Gobierno español un plazo de noventa días para que asuma su responsabilidad en la investigación de los crímenes de la dictadura franquista, tome medidas y aporte los recursos necesarios para abrir las fosas comunes. Por su parte, la justicia argentina investiga los crímenes del franquismo sin que el gobierno de Rajoy le preste la más mínima colaboración.

Amnistía Internacional aboga por el establecimiento y el funcionamiento efectivo de las comisiones de la verdad cuando se han cometido crímenes contra el derecho internacional. En particular, la organización hace campaña para que las comisiones de la verdad centren su atención en las víctimas y defiendan el derecho de éstas a la verdad, la justicia y una reparación plena. Con este propósito, las comisiones de la verdad deben: esclarecer, en la medida de lo posible, los hechos relativos a las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado; contribuir, con las pruebas reunidas durante sus trabajos al desarrollo de las investigaciones y actuaciones penales judiciales que ya estén en marcha y de otras nuevas, y formular recomendaciones efectivas para proporcionar una reparación plena a todas las víctimas y a sus familiares.

La Comisión de la Verdad que propugna FIBGAR para España debe investigar y determinar los crímenes que se produjeron durante la guerra civil y el franquismo, las víctimas y los autores de los mismos. Las víctimas tienen derecho a que se verifiquen los hechos y la revelación pública y completa de la verdad. La Comisión deberá, con un carácter integrador e independiente, acoger los testimonios, no solo de las víctimas que aún viven, sino también de testigos, expertos y victimarios. Deberá fijar, no solo la verdad histórica, sino la reparación personal y colectiva que se debe a las víctimas. Con ello, posiblemente, se conseguiría cerrar la herida histórica que aún sigue abierta.

Fuente: http://www.cuartopoder.es/tribuna/comision-de-la-verdad/6187