Comienza el curso escolar con más alumnos en las aulas, menos profesores y recursos, y la aplicación de la LOMCE: la tormenta perfecta para desmontar la educación pública. Eso si les dejamos, claro está. La educación se verá afectada por los recortes y sus consecuencias, la entrada en vigor de una ley segregadora y por […]
Comienza el curso escolar con más alumnos en las aulas, menos profesores y recursos, y la aplicación de la LOMCE: la tormenta perfecta para desmontar la educación pública. Eso si les dejamos, claro está. La educación se verá afectada por los recortes y sus consecuencias, la entrada en vigor de una ley segregadora y por un impulso privatizador que se manifestará de dos formas: deteriorando el servicio público y desviando alumnado y dinero público hacia la enseñanza privada.
Los recortes han sido brutales: 7.000 millones de euros en los últimos cinco años. El porcentaje del PIB destinado a educación ha bajado hasta el 4,37%. La reducción de la inversión educativa ya empezó con el PSOE en 2009 y Rajoy ha fijado ante la Unión Europea el objetivo de llegar al 3,9% el año próximo. Hay que recordar que la media europea es del 5,25% y que los países punteros se sitúan en torno al 7% del PIB. Las consecuencias son evidentes en todos los terrenos: reducción de 32.801 profesores de enero de 2012 a julio de 2013 , aulas abarrotadas, supresión de medidas de atención a la diversidad, recortes o supresión de becas al estudio, de libros, de comedor, de transporte, etc. En fin, una penuria que no tiene peores efectos por el compromiso de las familias y el profesorado para evitar un retroceso en la educación pública. La indignación se dispara si se comparan, por ejemplo, los recortes educativos con los dineros públicos empleados en el rescate a la banca española.
Este curso lo que entra en vigor de la LOMCE son la Formación Profesional básica y los nuevos currículos en 1º, 3º y 5º de primaria. Como ya se ha analizado, la LOMCE fomenta el darwinismo escolar al servicio del darwinismo social, económico y político. Tan es así que la CEAPA afirma que la ley da «cobertura legal» a las «situaciones de injusticia social y desigualdades» que se han producido en los centros educativos españoles desde que comenzó la crisis. Por ello pide que se derogue la reforma y recomiendan a las familias que «no se matriculen en la FP básica y dejen a sus hijos en secundaria» por los problemas en la implantación «acelerada» del modelo. Lo cierto es que la improvisación, la saturación de las aulas (con el doble de alumnos que los antiguos PCPI) y el hecho de que, en principio, no se pueda titular en la ESO va a convertir la FP básica en una chapuza y una vía muerta para el alumnado. El otro problema es el derivado del cambio de libros de texto, sin que se haya contado con las familias, en los cursos de primaria en los que entra en vigor la modificación del currículo, la organización, objetivos, promoción y evaluaciones.
En relación al impulso privatizador hay que reseñar como al tiempo que se reducen los presupuestos educativos generales, aumentan los recursos para los conciertos con la enseñanza privada, incluida aquella que segrega por sexos. Y en cuanto al deterioro, se produce por múltiples vías. La principal es saturando las aulas para restar conscientemente calidad educativa, hasta al punto de que aumentar la participación del alumnado se convierte en una decisión pedagógica y política casi revolucionaria cuando en las clases hay entre 30 y 40 alumnos. También lo hacen con determinadas prácticas: despidiendo a miles de profesores interinos a fecha 30 de junio que no pueden examinar en septiembre; negando comisiones de servicio en centros de difícil desempeño y disolviendo con ello equipos de mediación y proyectos educativos; sin dar destino a los profesores desplazados, de expectativa e interinos que llegan a los centros con los horarios y grupos ya repartidos en los departamentos; estas chapuzas las realiza la consejería de educación de Madrid, pero no creo que sean muy distintas de otras gestionadas por el PP.
Es muy escandaloso cómo se olvidan de la libre elección de centro cuando las familias los escogen públicos. Niegan la apertura de nuevas aulas públicas aunque haya matrícula para ello, como es el caso del colegio Arcipreste de Hita de Fuenlabrada cuyas familias llevan 75 días de encierro por ello. También tenemos institutos en Vallecas donde las clases de 1º de bachillerato están a 37 alumnos y habiendo decenas de alumnos más en lista de espera, la administración no autorizan la formación de nuevos grupos para no quitarles alumnado a la concertada del barrio. Por cierto, la ratio de alumnado de bachillerato en los centros privados es menor que en los públicos.
Hay que hacer frente a este panorama que busca dinamitar la educación pública. Aumentando el compromiso y la cooperación de toda la comunidad educativa en los centros; implicando a la ciudadanía del entorno; recuperando la movilización durante el curso y en este sentido es muy interesante la iniciativa 12 meses, 12 luchas por la Educación Pública de la Marea Verdes; votando en consecuencia en el decisivo año electoral 2015 para aprovechar la ocasión de cambiar las cosas. En definitiva, conjurándonos para que no acaben con el bien público fundamental que supone la educación.
No podemos olvidar que, como dijo Ítalo Calvino en 1974, «un país que destruye su Escuela Pública no lo hace nunca por dinero, porque falten recursos o su costo sea excesivo. Un país que desmonta la Educación, las Artes o las Culturas, está ya gobernado por aquellos que solo tienen algo que perder con la difusión del saber». Y es evidente que cuando no hay educación, cuando el saber no se socializa, no hay manera de romper el círculo vicioso de la sumisión.
Fuente: http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/un-nuevo-curso-la-misma-lucha/633