Para organizar un buen servicio público audiovisual, primero hay que definir el modelo en función de lo que se pretende, después considerar las posibilidades de financiación y al final, entre lo que se quiere y lo que se puede, establecer la plantilla necesaria. En la reforma de RTVE, el gobierno de Zapatero lo hizo al […]
Para organizar un buen servicio público audiovisual, primero hay que definir el modelo en función de lo que se pretende, después considerar las posibilidades de financiación y al final, entre lo que se quiere y lo que se puede, establecer la plantilla necesaria. En la reforma de RTVE, el gobierno de Zapatero lo hizo al revés. Primero redujo la plantilla (¡un 40%!), después improvisó un perverso sistema de financiación, pasando de la publicidad a los impuestos sobre las televisiones comerciales y las telecos, y al final desbarató el modelo, rebajándolo en la Ley General Audiovisual desde el servicio público esencial al de interés económico general. Era un escenario perfecto para que la política depredadora del gobierno de Rajoy gangrenara la estructura de RTVE, gubernamentalizando la información, contratando sin necesidad productoras y directivos, degradando la gestión y reduciendo el presupuesto, haciendo caer la audiencia por debajo del 10%.
RTVE tiene la plantilla más pequeña y es el que menos cuesta entre los servicios públicos audiovisuales más importantes de la Unión Europea. Los seis canales de TVE y las seis emisiones de RNE nos cuestan cinco céntimos de euro por persona y día.
No es cierto que RTVE haya acumulado una deuda de 700 millones de euros. La deuda es de los gobiernos de Zapatero y de Rajoy con RTVE. De Zapatero, por haber improvisado una chapuza de modelo y de sistema de financiación. No se debe y no se puede sostener a RTVE con impuestos sobre el negocio de las telecos y de las televisiones comerciales que además compiten por la audiencia. Y de Rajoy, por gubernamentalizar la información y recortar (¡un 40%!) la aportación económica del Estado. Los 700 millones en números rojos son la consecuencia de la reducción de 250 millones anuales en los Presupuestos Generales del Estado y de la disminución en los pagos de las televisiones comerciales y de las telecos. Zapatero no garantizaba la financiación de RTVE y Rajoy multiplica las dificultades del servicio público y su desprestigio.
RTVE necesita una intervención inmediata para democratizar la información, garantizar la calidad del servicio público, mejorar su gestión y blindar una financiación suficiente y estable.
La buena información es imprescindible para la democracia. En un escenario de concentración y sectarismo en los grandes medios de comunicación, y con las iniciativas sociales bloqueadas, sin un buen servicio público no puede haber participación democrática con conocimiento.
José Manuel Martín Medem. Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM)
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