‘Me negué a redimir pena por trabajo’… «Si por mí fuera, tú serías de los que no salen vivos de la DGS«… «Di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón»… «Le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana»… «Le mostraron un cadáver más grande que un recién […]
‘Me negué a redimir pena por trabajo’… «Si por mí fuera, tú serías de los que no salen vivos de la DGS«… «Di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón»… «Le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana»… «Le mostraron un cadáver más grande que un recién nacido».
Son algunos de los testimonios con los que la juez argentina María Servini de Cubría ha conmocionado los cimientos del Estado español solicitando a la Interpol la detención de importantes franquistas -entre ellos, algunos de los ministros aún vivos de Franco, como Utrera Molina, el suegro de Ruiz-Gallardón-, o ministros del primer gobierno del rey, como Rodolfo Martín Villa, o policías de infausto recuerdo, como Billy el Niño o Martínez Torres. Los testimonios en los que se ha basado la juez de la causa argentina contra el franquismo son terribles: entre ellos se encuentra el del exsecretario general del PCE, Gerardo Iglesias, que figura como denunciante.
Con ser llamativos estos nombres, no es lo más contundente de la causa; en los 286 folios del Auto de la juez se citan tales testimonios que ponen los pelos de punta a cualquiera. A modo de ejemplo, por las torturas a Gerardo Iglesias, quien ya en democracia fuera diputado y secretario general del PCE en sustitución de Santiago Carrillo, la juez argentina ha pedido a la Interpol la detención del entonces policía Pascual Honrado de la Fuente. La juez da credibilidad en su Auto a la querella de Iglesias, que es especialmente dura:
«A la edad de 17 años, en 1963, fue detenido por la Brigada Político Social de Oviedo, bajo las órdenes de Claudio Ramos Tejedor. Se le acusaba de incitar a la huelga. Permaneció detenido en la comisaría 78 horas, siendo brutalmente torturado (psíquica y físicamente) por varios miembros de la brigada mencionada. Se destacaron en las torturas el policía Pascual Honrado de la Fuente y el propio inspector Claudio Ramos Tejedor. Desde ese momento fue objeto de una implacable persecución: despidos de puestos de trabajo, citaciones constantes a comparecer en comisarías y cuarteles, (a las que no se presentaba para eludir a la tortura), viéndose obligado a pasar a la clandestinidad, con la consiguiente pérdida de trabajo…».
Sigue el Auto de la juez: «El 26 de enero de 1967 fue detenido nuevamente por la Brigada Político Social y torturado entre otros por Pascual Honrado de la Fuente y Claudio Ramos Tejedor, ya mencionados y un tal «Palacios». Ingresó en la Prisión Provincial de Oviedo el 30 de enero del mismo año y fue puesto a disposición del Tribunal de Orden Público, que lo condenó a cuatro años de prisión, esta pena la cumplió en su integridad y se negó a redimir pena por trabajo«.
Los ‘otros’, lo que no salían vivos de la DGS
Aunque muy significativa, la declaración de Gerardo Iglesias ante la juez Servini no es la más dura ni la peor. «Si por mí fuera, tú serías de los que no salen vivos de la Dirección General de Seguridad»: eso es, por ejemplo, lo que el policía Ricardo Algar Barrón le reconoció al antifranquista José María Galante Serrano, en su cuarta detención en la DGS:
«En mi segunda detención, entre los policías que me torturaron se encuentran Ricardo Algar Barrón y Celso Galván Abascal; a ambos los cito entre los miembros de la BPS [Brigada Político-Social] que denuncio al final de mi declaración. Además, el primero de ellos participó en malos tratos y vejaciones durante mi tercera detención y, en la cuarta, fue uno de los policías que me tomó declaración, mediante la cual me hizo saber que me tenía un odio particular y que, si por él fuera, yo sería de los que no salen vivos de la DGS…».
Esa declaración figura en la página 204 de las 286 de las que consta el Auto de la juez María Romilda Servini de Cubría, titular del Juzgado Criminal y Corrección Federal número 1 de Argentina, por el que ha procesado y pedido a la Interpol la detención internacional de 20 cargos franquistas. Ni que decir tiene que los antiguos policías Ricardo Algar y Celso Galván figuran en la petición de extradición de la juez argentina, pero hay otros más, y he aquí un extracto de los testimonios que la juez también relata en su Auto.
«Di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón…»
Alfredo Rodríguez Bonilla y Francisca Villar relatan hechos especialmente inhumanos. Por las torturas que a ambos se les infringieron en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol de Madrid el 20 de febrero de 1975, la juez argentina ha procesado al policía Jesús González Reglero. He aquí el testimonio de los querellantes, que figura en el Auto de la juez, al que cuartopoder.es ha tenido acceso:
«En ese momento nos agarraron por el pelo (Francisca lo llevaba especialmente largo en esa época), y a mí me llevaron por un pasillo que comunicaba a distintos despachos. Según iban amenazando por el pasillo, los policías que se encontraban ahí me golpearon e insultaban, no puedo recordar el número ya que intentaba, con las limitaciones que da estar esposado, protegerme la cara (…) En una de las mesas se encontraba sentado el Inspector José Ignacio Giralte González y en la otra el Inspector Jesús González Reglero, este último con la cadena con la que fui detenido, sonriendo y haciéndola girar, supongo que intentando amedrentarme. De pie se encontraba Antonio González Pacheco y otros dos miembros de la Brigada que no soy capaz de recordar».
Sigue el testimonio: «El Inspector que daba las órdenes ¿Sainz? [sic], mandó que me quitaran las esposas y que me situara a cierta distancia de la pared (calculo que a unos 60 centímetros) y con las piernas abiertas, los brazos apoyados sobre la misma y la cabeza hacia abajo. Una vez situado en esa posición me golpeó en un costado que me derribó… Me volvieron a levantar y me obligaron a ponerme en la misma posición, a partir de ese momento a cada lado se puso un policía (José Ignacio Giralte González y Jesús González Reglero) [sic], y me decían que bajara la cara, cada vez que lo hacía me golpeaban en la misma, por la espalda recibí golpes incluidos los que me propinaban con las propias cadenas con las que fui detenido y patadas en la entrepierna«.
Así de contundente finaliza el Auto de la juez: «Según que me iban golpeando, me decían ‘di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón, etc.’. A medida que la sesión de tortura se prolongaba, iba perdiendo resistencia y me caía al suelo con mayor frecuencia. En una de esas caídas, uno de los policías (ya era incapaz de reconocer cual), se dirigió a ¿Sainz? advirtiéndole del estado en que me encontraba, entonces me levantó del suelo me empujó contra la pared, me golpeó en los riñones y dijo que a partir de entonces me golpearan en la espalda, estómago o en la cabeza. Lo que duró la sesión lo desconozco ya que estuve noqueado durante un tiempo. El siguiente recuerdo que tengo es en la enfermería de la DGS…».
Estos hechos son similares a los que, supuestamente, el policía Félix Criado Sanz le practicaría a Jon Etxabe Garitacelaya, detenido el 11 de abril de 1969, que pasó 7 días en comisaría y sería «salvajemente torturado» en Zamora con «golpes a mansalva, la rueda, la rana…». Criado Sanz está procesado por la juez Servini.
Martínez Torres, el ‘policía antiterrorista’ de Felipe González
Es evidente que la democracia ‘reconvirtió’ a los franquistas, les ‘perdonó’ sus faltas y los utilizó para otros fines. Fue el caso del policía Jesús Martínez Torres, que fue Comisario General de Información en el Gobierno socialista de Felipe González, pero a quien la juez Servini de Cubría ha pedido su detención a la Interpol por haber participado, según el Auto, en las torturas supuestamente infringidas muchos años antes a José Aznar Cortijo. He aquí su testimonio:
«En su segunda detención, lo metieron en el coche y en el suelo del mismo se pusieron a patearlo en la espalda y en las piernas mientras que las esposas se le clavaban en la espalda y piernas. Que al llegar a la comisaría comenzaron las torturas, que el querellante recuerda como ejecutadas por bestias inhumanas, los golpeaban por todo el cuerpo; al comenzar la tarde le aplicaban «el quirófano» que consistía en que lo tiraban boca arriba en un escalón con la cabeza hacia afuera y le deban golpes en la cara cuando caía hacia abajo por el cansancio, y los volvían a levantar sujetado del pelo; lo agarraban del pelo y de las piernas y le tiraban de un lado a otro».
En el auto se lee también que «los interrogatorios en los sucesivos días eran de golpes entre dos o tres y aquí sí recuerdo a uno que luego lo ascendieron, se llamaba Jesús Martínez Torres, joven que lo habían traído a Zaragoza en compañía de otro también joven y rubio que también participaba con saña en los interrogatorios, ayudado por el Legionario».
«Le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana»
El caso del antiguo policía Atilano del Valle Oter parece especialmente llamativo: está imputado en esta causa por, supuestamente, haber disparado y arrojado por la ventana a Miguel Jiménez Hinojosa, tras su detención en un piso de Barcelona el 24 de abril de 1971. He aquí las «Constancias probatorias» que incluye la juez Servini en su Auto:
«El 24 de abril de 1971, con 23 años, es detenido por segunda vez en un piso de Barcelona por los funcionarios de la Sexta Brigada Regional de Investigación Social, Atilano del Valle Oter y Francisco Rodríguez Álvarez, quienes le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana. Es trasladado a la Clínica San Jorge, donde recibe los primeros auxilios. En vista de la gravedad de las heridas es evacuado al Hospital Clínico de Barcelona, donde le diagnostican conmoción cerebral con posible fractura de la base del cráneo, fractura de pelvis, rotura hepática, contusiones y heridas varias de pronóstico muy grave. Un consejo de guerra lo condena a 16 años, tras lo cual recorre las cárceles franquistas de Barcelona, Soria, Segovia y Jaén, durante 5 años, 6 meses y 4 días, y sale en libertad en octubre de 1976. Desde hace 20 años está jubilado por incapacidad permanente total con el hígado trasplantado…».
Puig Antich, Vitoria y los últimos fusilados del franquismo
La juez argentina también ha pedido la detención de Antonio Carro Martínez, ministro de la presidencia entre 1974 y 1975: le imputa «haber convalidado con su firma la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich y la de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975″. Esas últimas ejecuciones se llevaron a cabo en Madrid, Barcelona y Burgos y los ejecutados fueron José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Echeverría. Junto a Carro, la juez imputa a otros exministros de Franco, como José García Hernández, Fernando Suarez González y José María Sánchez-Ventura Pascual. A Martín Villa, como se ha dicho, le imputa los hechos de Vitoria, de marzo de 1976.
Robo de niños: «Le mostraron un cadáver más grande que un recién nacido»
En su largo Auto, la juez María Servini ha imputado también al médico Abelardo García Balague por su supuesta participación en la posible sustracción del bebé de Adela Carrasco Martínez, quien ingresó en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción (Cádiz) el 5 de noviembre de 1967. La juez dice que a la parturienta le aplicaron la técnica sin dolor, «por la que se duerme a la madre en el momento del parto». El resto lo explica así la juez:
«La matrona del parto fue Marina Martín Manuel. Luego del parto le informaron que el bebé nació muerto, pero como Sara Carrasco Martínez manifestó haberlo escuchado llorar le dijeron que nació con vida y después falleció. La abuela de la denunciante fue a la morgue a ver el bebé -al cual una monja bautizó como Jesús Díaz Carrasco– y le mostraron un cadáver de un bebé más grande que un recién nacido. En el año 2006 la denunciante concurre al cementerio San José de la línea de la Concepción (Cádiz) donde supuestamente se encontraba la tumba y le informaron que el bebé no había sido enterrado allí. Asimismo, afirmó que tenía la sospecha de que ella misma, nacida el 26 de septiembre del año 1962, tenía un hermano o hermana gemela de la cual no habría ningún registro, ya que en la partida de nacimiento donde se indica el sexo del bebé decía H-V pudiendo tratarse de Hembra y Varón, el cual le habría sido sustraído a la madre».