Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.
Las negociaciones para alcanzar un nuevo protocolo de pesca entre la Unión Europea y Mauritania han quedado recientemente interrumpidas; el protocolo es la piedra angular de las relaciones entre los dos, aunque es una cuestión plagada de polémica. El anterior acuerdo de asociación (que expira a finales de 2014) contenía de algún modo medidas progresistas, gracias a los esfuerzos y presiones de los pescadores y activistas locales. Sin embargo, esas medidas corren ahora peligro de quedar anuladas debido a la reciente ruptura de las negociaciones. España, que se ha convertido en el opositor más notorio de los pasos equitativos contenidos en el anterior acuerdo, ha expresado de nuevo su descontento tras el último colapso de las negociaciones, alegando discriminación contra la flota española.
Este no es el único ámbito de cooperación entre la UE y Mauritania en cuya configuración España ha tenido un papel activo: Mauritania está actualmente inmersa en el proceso de establecer una estrategia nacional de emigración mediante una política que, a largo plazo, aborde el tema de las emigraciones irregulares. La necesidad de tal estrategia pasó al dominio público en 2006 tras el frenesí mediático en España por el repentino aumento del número de emigrantes subsaharianos que estaban llegando a las Islas Canarias procedentes de Senegal y Mauritania, y la estrategia frente a ese situación fue desarrollándose en 2010. Aunque con anterioridad a esa época la cuestión no se había planteado realmente en Mauritania, el hecho de que la emigración irregular constituyera un problema para la UE, y para España en particular, implicó que pronto iba a convertirse también en un problema en el discurso y la política de Mauritania.
Como disquisición teórica, ¿qué es lo que podía revelar una yuxtaposición de la progresión de estos dos ámbitos de la cooperación? ¿Hay alguna lógica oculta consistente que pueda aclarar algo?
Por una parte, la UE ha conseguido exportar a Mauritania la cuestión de la «emigración» como contratiempo político. Al considerar a este país, a partir de 2006, como «país de tránsito», la UE se aseguraba de que todas las medidas restrictivas y preventivas que implica esta clasificación impregnaran decididamente las consideraciones políticas respecto a Mauritania. Por otra parte, desde 1987, los acuerdos pesqueros entre la UE y Mauritania han garantizado a las flotas nacionales europeas un acceso privilegiado a las aguas mauritanas. Estos acuerdos han tenido a menudo consecuencias devastadoras para los pescadores artesanales locales cuyos cayucos de pesca no pueden competir con los grandes arrastreros industriales.
Si uno se siente tentado a considerar como dispares y sin relación estas dos cuestiones, consideren, por ejemplo, el hecho de que las aguas costeras a las que tienen acceso los arrastreros europeos sean las mismas aguas que desde 2006 cayeron bajo la jurisdicción del FRONTEX, la agencia de fronteras europea, el mismo año en que empezó a abordarse la emigración como «problema». La presencia del FRONTEX se inició con una operación dirigida por la Guardia Civil española para interceptar y detener a los emigrantes que intentaran llegar en bote a las Islas Canarias.
Sin embargo, la conexión es más de fondo. Al representar el 50% de los ingresos de las exportaciones y el 29% del PIB, el sector pesquero es un elemento esencial en la economía mauritana, que está de hecho mayoritariamente integrado por emigrantes del África Occidental. Sólo los senegaleses componen el 70% de los pescadores que trabajan en Mauritania [1]. Especialmente en el puerto de la ciudad de Nouadhibou, la pesca ha constituido siempre un componente fundamental de la economía local y son los emigrantes del África Occidental quienes configuran su columna vertebral. La vitalidad de los emigrantes en el sector de la pesca, así como en toda otra diversidad de ámbitos de la economía mauritana, es un indicador de lo lejos que está la forma en que la UE representa a la emigración (como una amenaza existencial que hay que limitar y restringir) del papel real que ha jugado en el contexto mauritano.
Tras la independencia en 1960, el proceso de desarrollo urbano e industrial generó una demanda de mano de obra en las áreas en expansión de la construcción, minería y pesca. Dada la naturaleza de la tradicional división de la mano de obra dentro de la sociedad moruna mauritana, la elite gobernante estaba contenta de tener emigrantes extranjeros que llenaran la escasez del mercado de mano de obra a fin de generar riqueza nacional. En la década de 1960, Mauritania firmó acuerdos bilaterales con Mali, Senegal y Gambia que permitían la libre circulación de personas entre esos países. El hecho de que la movilidad humana esté arraigada en la historia nómada del país probablemente signifique que dentro del contexto de un Estado-nación pujante, la emigración era considerada como un fenómeno positivo y natural [2], un fenómeno que podía aprovecharse estratégicamente para objetivos económicos. En efecto, la legislación elaborada para su regulación no sólo era bastante liberal en sus disposiciones sino que rara vez se aplicaba en la práctica. En su mayor parte, la emigración se regulaba sencillamente a sí misma de manera informal.
La emigración hacia Mauritania permaneció sin sufrir apenas restricciones durante décadas, y a pesar de la retirada de Mauritana de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés) en 2000, conservó los acuerdos bilaterales con muchos de sus Estados miembros asegurando la libre circulación de personas dentro del territorio de la ECOWAS. No es de extrañar, pues, que en aquel momento los emigrantes constituyeran el 7% de la población mauritana [3], ocupando un papel integral en varias áreas de la economía, quizá mejor ejemplificado en el sector pesquero.
En 2006, el enfoque del laissez-faire ante la emigración fue gradualmente debilitándose y subordinándose a las preocupaciones europeas, y en particular a las de España, respecto a los intentos de los emigrantes subsaharianos de alcanzar las costas europeas. Tras los hechos fatales en la valla fronteriza de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla de septiembre de 2005, la frontera del Sahara Occidental con Mauritania se cerró a los emigrantes. Alcanzar las Islas Canarias desde Nouadhibou en Mauritania se convirtió ahora en la opción más viable para los emigrantes que desean entrar en Europa. En los meses siguientes, los emigrantes africanos salieron en canoa desde Nouadhibou en cifras cada vez mayores hacia las Islas Canarias. Alarmada por la repentina afluencia, España pidió la ayuda de la UE para contener el flujo de emigrantes irregulares que llegaban sus costas.
Como la cifra de llegadas continuó aumentando en 2006 -junto al número de vidas perdidas en el mar-, FRONTEX coordinó una operación militar dirigida por la Guardia Civil española denominada Hera. Consistía en lanchas patrulleras, helicópteros y aviones, así como 150 guardias civiles estacionados en suelo mauritano [4]. El objetivo de la operación era acabar totalmente con la emigración irregular hacia las Islas Canarias desde los puntos de partida en Senegal y Mauritania, especialmente desde Nouadhibou. En operaciones conjuntas con la Guardia Civil, las autoridades mauritanas también detenían preventivamente a los sospechosos de «estar preparándose para emigrar» y les enviaban a un centro de detención en Nouadhibu que las autoridades españolas establecieron para facilitar su deportación a su país de origen.
Llamado «Guantanamito» por los vecinos de Nouadhibou, durante los meses de 2006 se encerraron en él entre 200 y 300 emigrantes. En un informe de 2008, Amnistía Internacional condenaba las condiciones que tenían que soportar los emigrantes en el centro en espera de su deportación, subrayando que había pruebas de malos tratos por parte de las autoridades mauritanas, así como el hecho de que la expulsión colectiva de emigrantes no se basaba en la legislación mauritana. El informe señala que el acto de castigar a la gente mediante la detención arbitraria y la expulsión forzosa sin ningún fundamento legal constituye una violación de los principios esenciales del derecho internacional. El informe acusa también a España y a la UE de externalizar la cuestión de la emigración más allá de las fronteras del sur de Europa, convirtiendo a países como Mauritania en los «policías de Europa». A pesar (o quizá debido) de estos flagrantes abusos, la operación consiguió sus objetivos: en 2007, el flujo de emigrantes de Nouadhibou hacia las Islas Canarias había prácticamente cesado. Además, en 2006 se estableció en Nouakchott una rama de la Organización Internacional para las Migraciones y en junio de ese mismo año España lanzó el «Plan África», que trataba de incluir a las naciones africanas en el control de la emigración.
Apenas discutida un año antes, la noción de inmigración como «problema político» no había penetrado seriamente en Mauritania.
Mientras tanto, los medios de vida de la comunidad pesquera mauritana seguían deteriorándose a causa del acceso a sus aguas de cien arrastreros europeos en virtud de las estipulaciones del Acuerdo de Asociación Pesquero entre Mauritania y la UE de 2006 [5]. Junto con agresivas operaciones antiemigración, estas políticas han perjudicado en dos aspectos a la comunidad pesquera local: el hecho de detener preventivamente a quienes puedan estar preparándose para emigrar ha ido creando en Nouadhibou una atmósfera de discriminación y sospecha hacia todos los «extranjeros» de piel oscura. En ese paisaje transformado, los emigrantes asentados, los emigrantes en tránsito y los mauritanos negros se vieron subsumidos bajo la categoría de «potenciales inmigrantes ilegales», ergo delincuentes. La comunidad pesquera, mayoritariamente integrada por los emigrantes de África Occidental anteriormente mencionados, sentían de forma lacerante esas sospechas.
Además, años de sobreexplotación de los recursos pesqueros por parte de los buques extranjeros han conseguido que los pescadores artesanos locales tengan que pasar cada vez más tiempo en el mar para poder conseguir una captura apreciable en una zona gravemente esquilmada. Aunque es difícil de cuantificar, no es ilógico asumir que los pescadores cuyos medios de vida han sido destruidos por la presencia de buques extranjeros en sus aguas constituyeran una porción de los emigrantes que decidieron emprender viaje hacia las Islas Canarias en el curso de los años 2005 y 2006.
Es esclarecedor situar en este contexto general la reciente suspensión de las negociaciones para un nuevo protocolo de pesca. Este es especialmente el caso si consideramos la reclamación española de que las flotas europeas están siendo negativamente discriminadas debido a los esfuerzos mauritanos de proteger de la sobreexplotación determinadas especies de peces. Las medidas progresistas contenidas en el anterior protocolo fueron el resultado de las aportaciones directas de la comunidad pesquera artesanal, que por vez primera formaron parte de las negociaciones. Y de forma similar, la posición española fue de vehemente oposición.
Estas posturas son expresión de la misma relación asimétrica de poder que ha causado un deterioro tan veloz en las décadas (incluso siglos) de tolerancia indígena ante la emigración. Aunque las políticas resultantes fueron un éxito desde el punto de vista de las prioridades europeas, su cumplimiento implicó importantes abusos de los derechos humanos y produjo una alteración total de la forma en la que tradicionalmente se percibía la emigración en Mauritania, perturbando importantes estructuras económicas y sociales. Esta alterada concepción de la emigración está ya institucionalizada a través de una estrategia nacional de emigración mauritana que las autoridades de ese país pergeñaron en 2010 en coordinación con España y la UE. Al haberse interrumpido las negociaciones del nuevo protocolo, es difícil decir si las quejas españolas terminarán liquidando los avances suavemente progresistas que contenía el protocolo de 2012. Sin embargo, si es que hay alguna forma de lógica que vincule el papel de España en la negociación del protocolo de pesca con el enfoque de Mauritania ante la emigración, sería la de facilitar la transferencia de la riqueza natural del litoral mauritano a Europa, a la vez que se asegura de que a determinadas categorías de personas se les niega sistemáticamente cualquier nivel comparable de movilidad.
Notas:
[1] Bensâad, Ali. ‘L’ » irrégularité » de l’immigration en Mauritanie: une appréhension nouvelle, conséquence d’enjeux migratoires externes.’ Notes d’analyses et de synthèse – Série sur la migration irrégulière module socio-politique. CARIM-AS 2008/76
[2] Poutignat, Phillipe. Streiff-Fénart, Jocelyne. 2010. ‘The Development of a Policy of Migration in Mauritania: process, issues and actors.’ The Politics of International Migration Management. 202 -219.
[3] Migreurop, Guerre aux migrants, le livre noir de Ceuta et Melilla, éd Syllepse, 2007, p. 221.
[4] Choplin A. et Lombard J., Migrations et recompositions spatiales en Mauritanie. «Nouadhibou du monde». Ville de transit… et après?, Afrique contemporaine 2008/4, N° 228, p. 151-170.
[5] Katsarova, Ivana. 2013: «EU – Mauritania Fisheries Agreements». Library of the European Parliament.
Hassan Ould Moctar cursa Estudios Étnicos y Emigración en la Graduate School of Social Sciences de la Universidad de Amsterdam. Sus investigaciones se centran en cuestiones sociales y políticas de Mauritania y la región del Magreb, en la política europea de inmigración y en la inmigración e integración en diversos contextos nacionales europeos.
Fuente: http://www.jadaliyya.com/pages/index/20024/migration-fisheries-and-the-supremacy-of-european-