Unidad estratégica de las fuerzas democráticas

El régimen del 78, producto de una reforma de la dictadura, presenta claros síntomas de asfixia, víctima de sus contradicciones internas.

Mientras tanto, la corte de poder económico y mediático, constituida en guardia pretoriana del rey, se radicaliza intentando cerrar el paso a las reformas que impulsa el Gobierno de coalición progresista.

Por si fuese poco, sus terminales políticas han puesto en marcha la escenificación de un golpe blando mediante la estrategia de la tensión, con un triple objetivo:

Por un lado, intentan hacer aparecer la figura del rey, constitucionalmente inviolable, como un elemento de moderación y concordia, cuando en realidad tan solo es un blindado representante de la oligarquía financiera y terrateniente, movido por intereses ajenos al pueblo trabajador y sus clases populares, además de un símbolo de la hegemonía franquista en los aparatos de Estado, muy especialmente en la judicatura, ejército y cuerpos policiales.

Por otro lado, intentan cerrar el paso a la investigación de los abusos de la monarquía, en particular de los presuntos delitos de corrupción del rey emérito Juan Carlos de Borbón.

Por último, y muy especialmente, intentan aunar voluntades de los sectores políticos que propiciaron el terrorismo de Estado (Batallón Vasco Español, Alianza Apostólica Anticomunista, ATE, GAL, etc.), a fin de alcanzar un acuerdo de gobierno que posibilite la expulsión de Unidas Podemos de sus funciones políticas en el Gobierno de España y, simultáneamente, deponer a su Presidente, el socialista Pedro Sánchez, sustentado por una mayoría progresista.

El actual Gobierno de coalición tiene el serio mandato popular de liderar un pacto histórico, junto a las fuerzas soberanistas, capaz de articular la unidad estratégica de las fuerzas democráticas, es decir antifranquistas, con el fin de romper el cerco que oprime nuestras libertades y pone en riesgo la paz y la democracia.

Las fuerzas soberanistas, especialmente las que sustentan el proceso democrático catalán, han podido constatar la agresividad del aparato de Estado heredado de la dictadura, con el rey Borbón Felipe VI, jefe supremo de las fuerzas armadas, a la cabeza de un aparato represor, que alienta irresponsablemente la violencia del Estado contra una población indefensa, así como la actuación ilegítima de su aparato judicial, que ha condenado y encarcelado injustamente a dirigentes electos.

La grave crisis económica y social que se avecina exige un plus de valor, firmeza y cohesión al Gobierno del Estado, que ha de hacer valer su legitimidad democrática y apoyo social frente a las fuerzas reaccionarias que buscan frenéticamente su división y derrocamiento. El pueblo trabajador, junto a sus organizaciones sindicales y movimientos sociales -en particular, del movimiento feminista- ha de hacer visible su fuerza y resolución en apoyo de una ruptura definitiva con el franquismo y sus aliados, cuyo máximo representante es el rey.

La neutralización del cerco mediático, establecido por el poder de la oligarquía financiera, será crucial en los meses venideros. Una política de apaciguamiento de la derecha borbónica sería un grave error, pues ya hemos visto durante más de cuatro décadas los resultados nefastos de ese colaboracionismo franquista para el pueblo trabajador y sus clases populares, finalmente arruinadas y abandonadas a su suerte por gobiernos al servicio de los que mandan pero que nunca se presentan a las elecciones.

Salud y República.

Manuel Ruiz Robles, capitán de navío.