En vez de asistir a una necesaria desmilitarización, se ve que nos quieren llevar por el camino contrario, a costa, eso sí, de las necesidades sociales y de destrozar la vida de millones y millones de personas con guerras injustificables.
Es necesario exigir a Putin que cese la invasión de Ucrania. No hay ninguna razón que justifique declarar la guerra a ningún pueblo, a ninguno. Debemos decirlo claramente. Con la misma claridad debemos decir que la guerra de Ucrania se está convirtiendo en una gran excusa para profundizar en un escenario que también da miedo. En apenas dos semanas, los Gobiernos de la Unión Europea han acordado aumentar sustancialmente el gasto militar. También han tomado esa decisión otros gobiernos, como el de Estados Unidos y el de China. En vez de asistir a una necesaria desmilitarización, se ve que nos quieren llevar por el camino contrario, a costa, eso sí, de las necesidades sociales y de destrozar la vida de millones y millones de personas con guerras injustificables.
Asimismo, Putin se ha convertido en el demonio al que achacar todos los males, como por ejemplo la inflación. Evidentemente, la guerra de Ucrania va a agravar los problemas ya identificados en relación a las subidas de los precios. Y va a tener otras repercusiones negativas en términos económicos —ya se habla de una fase de estanflación, o lo que es lo mismo, bajo o nulo crecimiento económico y alta inflación—.
Pero la inflación ya estaba presente antes de que se iniciase la guerra de Ucrania. El IPC lleva ya casi un año de subida constante. El de 2021 fue del 6,5%. En febrero ha alcanzado el 7,6% en términos interanuales.
La inflación se debía, y se debe, sobre todo a tres causas principales. La primera es la falta de materiales o los límites de capacidad de extracción de petróleo o gas. Y, como es evidente, esto ya ocurría antes de la guerra de Ucrania.
La inflación ya estaba presente antes de la guerra en Ucrania y se debía, y se debe, sobre todo, a tres causas: la falta de materiales —o los límites de capacidad de extracción de petróleo y gas—, el sistema de fijación de precios del mercado eléctrico y la especulación
La segunda razón que explica la inflación es el sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico, que no se realiza con el cálculo del coste real, sino que se paga toda la energía al precio del método de producción más caro. Es como si fuésemos a comprar a la pescadería y pagásemos las anchoas y la merluza al precio del besugo. No lo aceptaríamos. Pues eso es lo que pasa en el mercado eléctrico y no es, precisamente, culpa de Putin.
Parece ser que nuestros gobernantes tienen memoria selectiva, en el mejor de los casos. Nadie parece acordarse de que en septiembre del año pasado el gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto —parcial y temporal— para limitar los beneficios caídos del cielo de las empresas eléctricas. Estas salieron en tromba contra el Gobierno, que también recibió las críticas, entre otros, del PNV y de la consejera Arantxa Tapia. Apenas mes y medio después, el propio Gobierno aprobó otro decreto dejando sin efecto ese recorte de beneficios. Sánchez Galán salió, muy contento, diciendo que estaba satisfecho. Su empresa, Iberdrola, la empresa vasca cuyos principales accionistas son los fondos Qatar Investment, BlackRock y Norges Bank (los 20 principales accionistas son fondos de este tipo), ganó el año pasado 3.880 millones de euros, un 7,6% más que en 2020.
Y la tercera razón que está detrás de la inflación es la especulación. Hay quienes tratan de aprovechar la coyuntura para subir artificialmente los precios de determinados productos. En muchos casos, como los combustibles, estamos asistiendo a subidas de precio al consumo bastante superiores al incremento real de los precios en origen. Y la especulación tampoco es nueva. Por tanto, el incremento de los precios ya se estaba produciendo antes de la guerra de Ucrania, si bien es cierto que el conflicto va a agudizar los efectos.
Apretarse el cinturón
También estamos asistiendo a una intensificación del discurso de que hay que apretarse el cinturón. Ese discurso se traduce, entre otras cuestiones, en que no hay que trasladar la inflación a los salarios. Esto ya se estaba haciendo también, en la práctica, antes de la guerra de Ucrania: pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, subida del SMI tres puntos por debajo del IPC del año pasado, subidas salariales en el sector público de solo el 2%, etc. Todo ello en un contexto en el que en 2021 las empresas del Ibex-35 han tenido unos beneficios que nunca habían alcanzado y, a su vez, las remuneraciones del sus Consejos de Administración aumentaron un 12% respecto al ejercicio anterior.
Ahora la guerra de Ucrania se convierte en una nueva excusa para profundizar en ese camino de devaluación salarial, que se trata de vestir bajo el pomposo, y viejo, nombre de Pacto de Rentas. Hay que rechazar este tipo de pactos, y luchar para que los convenios garanticen al menos el IPC. Lo contrario es aceptar una política de empobrecimiento masivo de la clase trabajadora.
Son, además, necesarias medidas de carácter inmediato que respondan de manera eficaz al aumento de los precios. Sin embargo, debemos ser conscientes de que responder con medidas coyunturales supone abordar el problema de manera parcial y nos encontramos ante un problema sistémico. Por ello, junto a esas medidas coyunturales, también se deben tomar otras de mayor calado que tengan por objeto un cambio de modelo. Por ello, se debe:
– Poner un tope, en valores socialmente aceptables, a los precios de la electricidad o de los combustibles, entre otros. Hoy, cuando el precio del megavatio está superando los 500 euros, parece lejano el mes de julio pasado cuando existía un tope de 180 euros, y que fue eliminado por exigencias europeas —hoy está en 3.000 euros—. El precio medio del kilovatio en 2020 fue de 40 euros en el estado español, y no perdían dinero las eléctricas.
– Tomar medidas en cuanto al sector energético. Además del cambio de sistema de fijación de precios, publificación del sector con control público y social y reconocer el derecho a la energía como derecho fundamental universal, quedando fuera de la lógica de mercado. La energía debe ser accesible y desarrollarse un sistema basado en las renovables.
– Aumentar notablemente la inversión pública dirigida hacia sectores cuya expansión sea social y ecológicamente necesaria (sistema público de cuidados, salud, educación; relocalizar la economía y aumentar la inversión pública en sectores estratégicos; transporte colectivo; transformación del sector agrícola bajo criterios agroecológicos;…). Rechazamos el aumento del presupuesto en defensa.
– Aprobar una reforma fiscal urgente, que aumente notablemente los impuestos a pagar por los beneficios de las empresas, por la riqueza y por las rentas altas. En concreto, exigimos un tipo efectivo mínimo del 25% sobre los beneficios del ejercicio, así como establecer un recargo especial equivalente al 20% de los beneficios de 2021 para financiar el plan de transición ecosocial.
– Realizar una auditoría ciudadana de la deuda para argumentar y obtener el apoyo popular a las medidas unilaterales contra la carga de la deuda, desde la suspensión de pagos a la reestructuración o su repudio.
Mikel Noval. Responsable del Gabinete de Estudios del sindicato ELA
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/opinion/salida-justa-actual-crisis