Mientras el Congreso de Estados Unidos avaló en pocos días recursos para apoyar a Ucrania, la propuesta hecha por el gobierno de México para impulsar el desarrollo en Centroamérica ya lleva cuatro años sin ser aprobada.
El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió al Congreso que invierta casi 987 millones de dólares en Centroamérica y Haití en 2023 para mantener el «liderazgo» en la zona, según el proyecto presupuestario que está sujeto a enmiendas para la aprobación por las dos cámaras, en las que los demócratas cuentan con una estrecha mayoría.
Este presupuesto se queda muy lejos de los más de 15 mil millones de dólares aprobados hasta la fecha en ayuda militar y asistencial para ayudar a Ucrania.
La administración Biden propuso aumentar los fondos destinados para atender las causas de la migración en Centroamérica y puso a Haití en el foco, pidiendo casi 300 millones de dólares para ayudar a atajar la violencia en el país caribeño. “Estas inversiones aseguran que EEUU pueda revitalizar sus alianzas” con el país caribeño, explica el documento de 150 páginas.
En Haití, en respuesta a «la violencia generalizada», Biden asignó 274,8 millones de dólares para «apoyar la recuperación», mejorar los medios de la policía nacional, combatir la corrupción y fortalecer a la sociedad civil. Washington se fijó tres objetivos en la región: «revitalizar las asociaciones que generan resiliencia económica, estabilidad democrática y seguridad ciudadana».
De acuerdo con los compromisos asumidos durante la Cumbre de la Democracia, con estos fondos quiere «promover la democratización, proteger los derechos humanos universales, reforzar el trabajo anticorrupción y aumentar la programación que construye una gobernabilidad inclusiva, legítima y efectiva». Pero ocho países de las Américas quedaron excluidos de ese cónclave: Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití.
A nivel global, la lucha contra las autocracias, uno de los temas predilectos de Biden, se llevaría más de 3.200 millones de dólares. El presidente estadounidense destacó que el Instituto Internacional de Democracia y Asistencia Electoral reportó recientemente que “la mitad de todas las democracias han sufrido un descenso en al menos un aspecto de su democracia en los últimos 10 años”, y agregó que EEUU está entre ellas.
“Mediante la presión externa, los autócratas… buscan promover su propio poder, exportar y expandir su influencia alrededor del mundo y justificar sus prácticas y políticas represivas como una forma más eficaz de abordad los retos actuales”, mencionó Biden.
Mientras el Congreso de Estados Unidos avaló en pocos días recursos para apoyar a Ucrania, la propuesta hecha por el gobierno de México para impulsar el desarrollo en Centroamérica con programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en esa región, ya va para cuatro años y no se aprueba, criticó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el apartado «continuar el Liderazgo» en Centroamérica y Haití, el presidente propone invertir concretamente 986,8 millones en esos países «como parte de una estrategia integral para avanzar en la reforma sistémica mientras se abordan las causas profundas de la migración irregular”.
Es parte de su plan de inversión de 4.000 millones en cuatro años para Centroamérica, de donde proviene la mayoría de los inmigrantes indocumentados que entran en Estados Unidos o se agolpan en su frontera con México con la esperanza de poder hacerlo. Biden sugiere combinar las ayudas con la mejora de la seguridad fronteriza de su país.
«El presupuesto incluye miles de millones de dólares para mantener seguras las fronteras de Estados Unidos y hacer cumplir nuestras leyes de inmigración», afirma el Departamento de Seguridad Interior (DHS) en un comunicado en el que precisa que el monto designado por el presidente para el DHS asciende a 97.300 millones, de un total de 5,8 billones.
Los fondos se utilizarán «para modernizar las instalaciones portuarias y fronterizas, invertir en tecnología, garantizar el tratamiento seguro y humano de los migrantes bajo la custodia del DHS y reducir la acumulación de casos de inmigración” y para financiar la contratación de 300 miembros de la patrulla fronteriza y otros tantos «coordinadores de procesamiento» adicionales que permitirán que los agentes se centren «en sus misiones principales de contraterrorismo, aplicación de la ley y seguridad».
También se incluye la asignación de 375 millones de dólares para aplicar una nueva normativa provisional destinada a acelerar el procesamiento de las solicitudes de asilo y la expulsión inmediata «de los no elegibles» para obtenerlo.
El proyecto presupuestario incluye 20 millones para el Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar para identificar y seguir reuniendo a las miles de familias de inmigrantes que fueron separadas bajo la política de tolerancia cero del gobierno de su predecesor republicano Donald Trump.
*Integrante del Observatorio de Estudios Macroeconómicos (Nueva York), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Traducción de Nora Chamoles.