Dejando aparte el partido de la ultraderecha (al que no voy aquí a referirme), todos los que se presentan a estas elecciones se declaran andalucistas. Como también se afirman ecologistas y condenan la violencia de género.
Es esto así porque, salvo los negacionistas de la propia existencia de Andalucía, del cambio climático y del machismo, nadie quiere quedarse fuera de estos tres ejes que parecen compartir la gran mayoría de los ciudadanos. Lo políticamente correcto es afirmarse ecologista, feminista y andalucista, y ningún partido quiere ser incorrecto. La cuestión está en que cada uno le da un contenido distinto a estas categorías, a veces incluso desnaturalizando su sentido primigenio. O las utiliza como simples etiquetas, sin consecuencias prácticas.
Respecto al andalucismo, lo anterior tiene una vertiente positiva y otra negativa. La primera es que se ha normalizado lo de declararse andalucista y ya nadie (salvo los talibanes de extrema derecha) desprecia el andalucismo y sus símbolos: la bandera, el himno, la figura de Blas Infante… Tanto las instituciones como las delegaciones o franquicias de los partidos estatales, sean de derecha o se autodefinan de izquierda, hacen ostentación de ellos en sus congresos, sus carteles y actos electorales y sus discursos. La segunda vertiente, la negativa, es consecuencia de esta misma generalización, que fácilmente deriva en banalización y suscita no pocas confusiones.
Sin duda, nadie está legitimado para expedir certificados de andalucismo. Pero sí para preguntar en qué se concreta, tanto en la teoría como, sobre todo, en la práctica política, lo de afirmarse andalucista. Quienes así lo hacen, ¿se han acercado alguna vez al pensamiento de Blas Infante? Cuando cantan o escuchan el himno, cuya letra este escribió, ¿son conscientes de lo que cantan o escuchan? ¿Qué les suscita nuestra bandera? ¿Nombran a Andalucía como es definida en el vigente Estatuto de Autonomía, nacionalidad histórica, o utilizan de forma exclusiva y no inocente el término región? ¿Consideran que Andalucía es un pueblo y que, por serlo, posee derechos que ningún otro poder está legitimado para restringir? ¿Se puede ser andalucista dentro de organizaciones cuyo sujeto político central no es Andalucía y tienen, por tanto, sus centros de decisión fuera de nuestra tierra?
Campañas electorales como la actual deberían ser ocasión para pedir respuestas a preguntas como estas y demandar a los diversos partidos su diagnóstico explicativo del por qué Andalucía continúa siendo hoy «la tierra más rica de los hombres más pobres», como la calificaron hace un siglo los andalucistas históricos. Como estamos viendo estos días, en debates y mítines se nos habla de logros y de problemas, según toque. Quienes, con razón, inciden en estos últimos nos recuerdan que aquí tenemos las ciudades con los barrios más deprimidos de todo el Estado español, los municipios con rentas más bajas, los más altos índices de desempleo, el menor gasto por habitante en sanidad y educación, la mayoría de los almacenes de residuos… Todo esto, y mucho más, es cierto, pero ¿por qué todas estas lacras se acumulan, precisamente, en nuestra tierra? ¿Por qué perdura el extractivismo económico, la subordinación política y la alienación cultural, a pesar de que llevamos ya casi cuarenta años de autonomía? ¿No será que el núcleo del problema es que continuamos ejerciendo la función de colonia que nos impusieron en el pasado (como muestra el reciente libro del profesor de Historia Económica, Carlos Arenas)? ¿Por qué no se debate esto, y las implicaciones que debería tener? ¿Temen los partidos políticos que si se plantea la necesaria descolonización de Andalucía ello pueda desestabilizar la vigente partitocracia? ¿No responden esos partidos, tanto en sus planteamientos como en su propia estructura, a un modelo colonial y por ello las elecciones andaluzas son convertidas, una vez tras otra, en la «primera vuelta» de las elecciones generales y los candidatos de aquí en teloneros en los actos en que se exhiben sus jefes de fila venidos estos días de la metrópolis?
Esto último no ocurre, sin duda, en las organizaciones exclusivamente andaluzas. No ser la sucursal o delegación de un partido debería ser condición necesaria para definirse como andalucistas. Pero, por sí solo, ello no es garantía de encarar de forma adecuada las anteriores preguntas. Porque también existe un andalucismo folclorizado, sin compromiso político real, de la misma manera que existen andalucismos impostados. Para mí, la prueba del nueve consiste en si se reconoce al pueblo andaluz como sujeto político central y, en consecuencia, se define como tarea prioritaria activar la conciencia de identidad histórica, cultural y política en nuestras gentes para hacer posible que protagonicemos colectivamente nuestro futuro. No se trata de menospreciar la importancia de las elecciones, pero conseguir representación parlamentaria sólo cobra sentido si es en el marco de este objetivo.
Isidoro Moreno es catedrático emérito de Antropología
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