Esperpento en el Parlamento vasco: piden el cese de la cooperación con Cuba y el apoyo al bloqueo de EEUU

“El Gobierno cubano me inoculó una cepa de laboratorio del VIH”. “Mucho del dinero que ha entrado a Cuba de diferentes parlamentos (sic) del mundo para desarrollar la biotecnología, ha sido revertido en usar virus y bacterias para reducir a los disidentes”. Ni Ramón María del Valle-Inclán llevó a semejante altura, en sus obras, el esperpento. Pero no, lo que les he leído no son pasajes modernizados de “Luces de Bohemia”. Es parte de lo que se escuchó, este pasado 29 de marzo, en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco (órgano legislativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el Estado español), durante una sesión presentada como “Testimonio de la violación sistemática de los derechos humanos (DDHH) en Cuba”, realizada a solicitud de la asociación contrarrevolucionaria “Demokrazia Kubarentzat” (Democracia para Cuba, en euskara), y que convocó a representantes de todos los grupos políticos (1).

La asociación de amistad Euskadi-Cuba, que lleva 34 años de labor de solidaridad y cooperación con el pueblo cubano, y las asociaciones de la emigración cubana patriótica en el País Vasco, Sierra Maestra y Desembarco del Granma, han denunciado que la citada sesión buscaba justo lo contrario a la legítima defensa de los DDHH del pueblo cubano, y que tuvo dos objetivos precisos: uno, legitimar, en el citado parlamento, el bloqueo económico que sufre el pueblo cubano por parte del Gobierno de EEUU, una verdadera violación masiva, sistemática y flagrante de DDHH condenada, cada año y por práctica unanimidad, en la Asamblea General de Naciones Unidas; y dos, poner en duda y erosionar la credibilidad de las acciones y proyectos de cooperación al desarrollo en Cuba, financiadas –precisamente- por las instituciones vascas, a través de diversas ONGD.

Según la denuncia de las tres organizaciones, el acto fue un ejercicio de cabildeo para influir en un parlamento que ha condenado, en varias ocasiones, el bloqueo contra Cuba (2), y en un gobierno autónomo (el Gobierno vasco), cuya Agencia Vasca de Cooperación tiene firmado un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) de Cuba (3).

Objetivo 1. El “estrangulamiento económico” de Cuba

En la sesión, intervinieron como personas invitadas: Frank Hidalgo, coordinador de Demokrazia Kubarentzat, con sede en Bilbao; Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid; y Ariel Ruiz Urquiola, biólogo y opositor a la Revolución cubana.

Los dos últimos hicieron una defensa expresa de la asfixia económica de EEUU contra Cuba. Javier Larrondo afirmó que “resulta evidente que las sanciones son un mecanismo muy empleado internacionalmente, porque es de lo poco con lo que se puede reducir el margen de maniobra de un `maltratador´”. Esta defensa pública del bloqueo a Cuba por parte de Larrondo no es nueva. En 2020, en una entrevista con el medio digital ADN Cuba, un sitio sostenido con subvenciones del Gobierno de EEUU, dio su apoyo directo a la política de asfixia a la Isla del Gobierno de Donald Trump (4): “La política de Trump evidentemente está haciendo un efecto, Trump ha diagnosticado el cáncer de Latinoamérica, situado en el régimen de Cuba. (…) La política de Trump de control, del embargo, de actuación sobre los ingresos ilegales de Cuba está siendo super eficiente, tienen clarísimo el objetivo y creo que están acertando en muchos aspectos”.

La obsesión por la destrucción de la economía cubana lleva a Javier Larrondo a ser un encendido defensor, en medios de comunicación, del fondo buitre CRF que, en Londres, en la Alta Corte de Inglaterra y Gales, litigia con el Estado cubano para apoderarse de los escasos recursos de Cuba, en reclamación de una deuda ilegítima (5).

Urquiola, por su lado, llegó a pedir a los grupos vascos su colaboración directa con el bloqueo: “abogamos (sic) a las instancias de Vds. para presionar, en el único modo en que se puede hacer entender a una dictadura, porque ninguna dictadura ha llegado a cesar por el convencimiento y por el peso de la justicia, sino que ha sido por el estrangulamiento económico”.

Ambos, eso sí, trataron de negar la existencia de este bloqueo, ya que el régimen de sanciones sería un “embargo” unilateral y sin apenas efectos sobre la población civil. Urquiola sostuvo que “el embargo de EEUU hacia Cuba no significa un embargo del resto del mundo hacia Cuba, significa el embargo de un país a una dictadura”. Esta es la línea argumental, recordemos, del Gobierno de Washington. Y es probadamente falsa, porque la Casa Blanca no solo impone un brutal embargo comercial, sino sanciones directas a empresas y gobiernos de terceros países que quieren invertir en Cuba, por ejemplo, mediante la Ley Helms-Burton (especialmente a través de sus capítulos III y IV); cercena la exportación de productos y materias primas de Cuba a terceros países, cuyos productos, después, no pueden ser vendidos en el mercado más importante del mundo, el estadounidense; persigue, amenaza y sanciona a las navieras de terceros países que transportan el combustible a la Isla; o, mediante la inclusión en la “lista de países que amparan el terrorismo”, impone a Cuba un bloqueo financiero en el conjunto de la banca internacional. Solo por mencionar cuatro aspectos de la extraterritorialidad de esta política de carácter genocida (6).

Objetivo 2. Fin de la cooperación al desarrollo en Cuba

Por otro lado, Hidalgo y Ruiz condenaron la política de cooperación al desarrollo y las “ayudas” enviadas a la Isla. Frank Hidalgo afirmó que, “la cooperación va dirigida a proyectos, como la construcción de hoteles” –demostraba así su completa ignorancia sobre la materia, al confundir la inversión empresarial en el sector turístico con la cooperación al desarrollo-, “que solamente tributan al enriquecimiento de ese Estado y no del pueblo cubano (…) ¿No será que esta cooperación, esta solidaridad, está dirigida a seguir propiciando que permanezca en el poder una dictadura y al blanqueamiento de esta dictadura en instituciones internacionales?”.

Ariel Ruiz Urquiola, por su lado, sentenció que “todas las ayudas económicas no han servido absolutamente para nada, sino para empobrecer al pueblo de Cuba y para fortalecer las cuentas privadas de la familia Castro y su séquito de criminales en bancas del mundo, ya sea en Inglaterra, en Suiza y aquí mismo en España. Para eso ha servido ese dinero”. Aseguró que La Habana “trata de lavar la imagen de colaboración de dinero (sic) hacia la agricultura, medicina o (…) biotecnología, lo que es falso, porque todas las instituciones en Cuba responden al interés del Estado”. Y llegó a afirmar –agárrense bien- que “mucho del dinero que ha entrado a Cuba de diferentes parlamentos (sic) del mundo para desarrollar la biotecnología, ha sido revertido en usar virus y bacterias para reducir a los disidentes y opositores de Cuba”. ¿Sabrá la Agencia Vasca de Cooperación en qué extraños experimentos se invierten sus dineros? Reír por no llorar.

Por su lado, Javier Larrondo no hizo, en esta ocasión, una alusión directa a la cooperación. No creyó prudente repetir lo que afirmó, en septiembre de 2021, su organización Prisoners Defenders, en un comunicado convertido en noticia por medios como ABC, El Correo, El Nuevo Herald y numeras publicaciones digitales: que “el Gobierno vasco riega con fondos europeos a la asociación Euskadi-Cuba para minar instituciones y desestabilizar”; que dichas subvenciones están “destinadas a minar Europa y sus instituciones”, porque “el objetivo de esa asociación es desestabilizar Europa y España” (7), ya que se nutre de “fondos de cooperación” para “labores de inteligencia” (8). Estas afirmaciones son grotescas, sí. Pero graves. Son una acusación directa a las instituciones vascas, en especial al Gobierno vasco. Recordar que la ONGD Euskadi-Cuba había recibido, hasta la fecha citada, subvenciones oficiales para 18 proyectos de cooperación al desarrollo, por un monto de 3.461.000 euros, que habían dotado, a varias cooperativas agrícolas cubanas, de sistemas de riego, invernaderos, herramientas, tractores o maquinaria forestal, consiguiendo mejorar las condiciones de vida de centenares de miles de personas, en programas cuyos títulos dejan claro su vinculación con “labores de inteligencia”: “Empoderamiento de las mujeres en el programa de frutales para enfrentar el cambio climático en ecosistemas frágiles de Baracoa” o “Mujeres protagonistas en el movimiento de la agricultura urbana ecológica en La Habana” (9).

Presos políticos en Cuba que en EEUU o Europa serían terroristas o autores de `kale borroka´

La sesión comenzó con una exposición de los “horrores de la dictadura” por parte de Javier Larrondo, con una tesis que ya habíamos leído, en semanas anteriores, en varios medios de prensa que, en una práctica ya habitual, reproducen, sin contraste alguno, los comunicados de Prisoners Defenders: que en Cuba hay “más de 1.000 prisioneros políticos, y todos ellos torturados” (10). ¿Todos torturados, de verdad? ¿Ninguno se libra? ¿Quién puede creerse esto?

No puedo analizar una lista a la que no he tenido acceso. Pero la credibilidad de una organización como Prisoners Defender, cuyas conexiones con el Gobierno de EEUU y las organizaciones de Miami es probada, como explicaremos más abajo, es similar a la de otras que, con anterioridad, presentaron también sus “listas”: nula. Un solo ejemplo. En 2016, los grandes medios internacionales llevaban a titulares la lista de “93 presos políticos de Cuba”, presentada por el “disidente” Elizardo Sánchez. Solo con un repaso rápido se desmontaba la farsa (11): 11 de dichos “presos políticos” ni siquiera estaban presos, 7 eran personas condenadas por delitos comunes, como el robo, 5 por espionaje y, la mayoría, 61, por uso de la violencia en diferentes grados, algunos con delitos de sangre y muertes. Solo 9 estaban acusadas de “desacato”, la mayoría sin sentencia, y en el “informe” no se aportaba información para extraer conclusión alguna.

En su intervención, Larrondo puso énfasis en las personas condenadas en Cuba por los sucesos del 11 y 12 de julio de 2021. Aseguró que fueron “decenas de miles que alzaron su voz” en protestas “pacíficas, sin violencia”, para “pedir libertad”, y ahora muchas de ellas están “languideciendo con torturas en prisión”. Y mencionó, de nuevo, la falacia de que hay niños y niñas en la cárcel.

En Cuba, nadie fue condenado por “protestar pacíficamente” (121). La mayoría de las condenas fueron por actos de violencia, muchos de carácter extremo, contra personas, empresas y bienes públicos, como el saqueo de, al menos, 44 tiendas de propiedad pública. También por el delito de sedición, es decir, por el intento organizado de derrocamiento violento del orden constitucional del país, cuya Carta Magna –recordemos- había sido aprobada en referéndum popular, apenas dos años antes, por el 86,8% de la ciudadanía cubana y una participación del 84 % (13), tras un debate público en 110.000 asambleas ciudadanas abiertas (14). Todos estos son delitos muy graves en Cuba, en EEUU, en España y en cualquier otro estado del mundo.

La buscada “tormenta perfecta” del 11J en Cuba

Pero recordemos el contexto del llamado 11J. Previo a la pandemia de Covid-19, el Gobierno de Donald Trump había aplicado ya –con el aplauso, como hemos explicado, de Javier Larrondo- más de 200 nuevas sanciones contra Cuba, que implicaron la merma ostensible en la entrada de divisas a su economía: consiguió la anulación de importantes acuerdos médicos de Cuba en países como Bolivia, Ecuador y Brasil, que ayudaban a financiar el sistema público de salud de la Isla; prohibió viajes y cruceros desde EEUU, provocando la quiebra de numerosos negocios familiares y estatales cubanos; cortó el envío de remesas de la emigración cubana desde EEUU; realizó una persecución sistemática de los buques petroleros; aprobó la aplicación íntegra de la Ley Helms Burton, para ahuyentar e impedir toda inversión foránea en Cuba, etc., etc.

Entonces es cuando llegó la pandemia, y se volatilizó la única vía importante de ingresos para el país: el turismo (15). Esta “tormenta perfecta” generó una importante tensión social, debido al agudo desabastecimiento de productos básicos y medicamentos, los constantes apagones eléctricos y, en general, el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Una situación, por cierto, que se mantiene, en gran medida, en la actualidad.

Era el momento para dar el golpe final en la estrategia de “cambio de régimen”. Desde las organizaciones del anticastrismo, financiadas por el Gobierno de EEUU, y con el impulso del creado en 2018 “Cuba Internet Task Force” (Grupo de Tarea de Internet para Cuba), del Departamento de Estado, se lanzó una gigantesca operación comunicacional y de redes sociales, con la etiqueta #SOSCuba. Su objetivo: reconducir el desgaste emocional de la población hacia una explosión social insurreccional, hacia una caribeña “revolución de colores”. Pero, con todo, la combinación de guerra económica y psicológica no consiguió su objetivo. Las protestas, comparativamente con las ocurridas, en las mismas fechas, en otros países de la región, fueron modestas. Y el nivel de represión policial, también en contraste con dichos países, bajo. ¿La razón? El pueblo cubano -la mayoría- tiene un escudo contra la manipulación: una notable formación política y un sentido antiimperialista forjado durante seis décadas. Y, al margen de sus críticas a lo internamente mal hecho, sabe perfectamente cuál es el origen primario, la causa esencial de sus penurias: la brutal guerra económica, dirigida desde Washington, instigada desde Miami y apoyada desde Europa.

¿Niños presos? ¿Hablará de EEUU?

¿Niños presos? Falso. En los hechos violentos del 11J estuvieron implicados 27 menores de edad. A unos se les ha aplicó la atención educativa individualizada en sus escuelas; otros fueron derivados a escuelas de formación integral y de conducta (16). Y a 16 jóvenes con edades entre 16 y 18 años, salvo a uno, se le impusieron penas alternativas a la prisión, además de la reducción a la mitad de su condena. Recordemos que, en Cuba, aunque la mayoría de edad es a los 18 años, la responsabilidad penal, igual que el derecho a voto, es a los 16. En España es a los 14. En EEUU, por ejemplo, se produce una media de dos mil arrestos de menores de 18 cada día, y hay 44 mil en prisión, les es aplicable la cadena perpetua y, hasta 2005, lo era incluso la pena de muerte. En aquel momento había 70 en el corredor de la muerte.

Resulta curioso también que Javier Larrondo dedicara buena parte de su intervención a condenar la figura jurídica de Cuba llamada «peligrosidad predelictiva». Solo un pequeño detalle: habló de algo que ya fue eliminado, que no existe en el vigente Código Penal del país. Y mencionó como otro hecho sumamente grave la existencia de la pena de muerte en Cuba. Cierto, pero ¿por qué no añadió que existe una moratoria efectiva en la Isla desde hace exactamente veinte años (2003)? Algo bien distinto a los democráticos EEUU, donde se ejecuta a una media de 20 personas cada año (17).

El relato de Larrondo tomó, al final, el necesario tono lacrimógeno, para convencer a los grupos políticos presentes de que “tenemos que transcender la izquierda y la derecha para defender derechos”: “Hay audios -levantó su teléfono de manera histriónica- que me dan ganas de que el mundo vea (sic), por el sufrimiento de las madres. (…) Les ha dado un infarto a varias madres del 11J, hay varias madres que están muertas”. Todo, para demostrar que en Cuba hay un “régimen fascista, igual que el de Franco y el de Hitler”, que predica un “nacionalismo exacerbado propio del nacionalsocialismo” y que impone “la segmentación de la sociedad en dos, los buenos y los `supermalos´, a los que hay que perseguir, echar o matar, incluso en hornos, propio del fascismo”. ¿Ha dicho hornos, señor Larrondo? ¿Crematorios en Cuba?

El testimonio de Ariel Ruiz Urquiola “subió la parada” -en buen cubano- del esperpento. Afirmó cosas como las siguientes: que el Gobierno cubano le inoculó una “cepa de laboratorio del VIH”; que “la policía política” mató a los animales de su finca en “Los Acuáticos” (Viñales) -sobre esto tenemos testimonios directos de personas cercanas que desmontan esta y otras mentiras de Ruiz-; que a las mujeres con cáncer de mama en Cuba se las deja morir; que no hay tres vacunas cubanas contra el Covid-19, sino “candidatos vacunales” -curioso porque, tras la inmunización masiva con estos “candidatos vacunales”, a día de hoy, no hay en la Isla un solo paciente grave o crítico por dicha enfermedad, y la letalidad es de 0,77%, menos de la mitad que la media en las Américas-; y que el Gobierno “ha usado el bacilo de Koch para introducir esa enfermedad en nuestras cárceles”, así como “el virus del VIH”. En conclusión, la Revolución cubana “es comparable con el fascismo, y con mucha diferencia (sic) de Joseph, el gran asesino médico Benguele (sic) -se refiere a Josef Mengele, médico y oficial alemán de las SS-, alemán, que por lo menos usaba todos aquellos crímenes que desarrollaron, en la ginecoobstetricia, mientras en Cuba todos los crímenes que se cometen no desarrollan absolutamente nada”. Todo este horror, que parece salido de una novela de H. P. Lovecraft, aseguró, “está documentado” con “una carpeta de evidencias”.

Y ¿cómo no? ¡La homofobia en Cuba! Dirigiéndose a Iñigo Martínez, representante del Grupo Elkarrekin Podemos-IU (Unidas Podemos-Ezker Anitza/Izquierda Unida), Ruiz Urquiola le dijo: “El parlamentario del Partido Comunista tiene un arete (pendiente) en su oreja izquierda. Si fuera en Cuba, que esto no es de ahora, esto es desde el año 59, hubiera (sic) ido a un campo de reclusión, como fueron llevados los homosexuales, porque solo por usar un arete eras considerado homosexual e ibas a un campo de reclusión, con vallas eléctricas, donde perecieron cientos de personas”. Resucitar -con mentiras y exageraciones patéticas- las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) de hace seis décadas, para confundir a personas desinformadas, demuestra la falta absoluta de argumentos del señor Ariel Ruiz Urquiola (18). Solo un paseo por la Cuba de hoy: en 2022 se aprobó, en referéndum, el Código de las Familias, que legalizó, por ejemplo, el “matrimonio igualitario” (19). La “reclusión de homosexuales” forma parte del teatro del odio contra Cuba que confunde, tantas veces, pasado con presente, fantasía y realidad.

¿Quién está detrás de todo esto?

Esta y otras acciones de cabildeo e influencia en parlamentos del mundo, por parte de las organizaciones del “anticastrismo”, se sitúan en la línea estratégica del Departamento de Estado de EEUU. En el caso de Europa, su objetivo es horadar, hasta destruir, el actual Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación Unión Europea-Cuba, y regresar a un régimen de sanciones y condicionamientos políticos como el que impuso, durante veinte años, la derogada Posición Común de la UE sobre Cuba (20). En el caso específico del País Vasco, como hemos explicado, persigue entorpecer o paralizar cualquier acuerdo bilateral en el marco de la cooperación al desarrollo o de la propia inversión empresarial. El objetivo no es otro que el explícito de “estrangular económicamente” a Cuba. También desde Europa.

Ariel Ruiz Urquiola ha sido, durante años, uno de los colaboradores habituales de la Embajada de EEUU en La Habana, hasta su salida del país (21). Ahora, desde el exterior, el papel asignado es el de víctima testimonial ante instancias internacionales. El resultado es patético, incluso contraproducente para sus objetivos, dicho sea de paso.

Prisoners Defenders (PD) se dedica a crear informes que, posteriormente, el Gobierno de EEUU emplea para presionar a terceros y para implementar su política de sanciones y bloqueo a la Isla. Así como es de conocimiento público que otras organizaciones y medios del “anticastrismo”, también radicadas en Madrid, como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (22) o Diario de Cuba (23), son sostenidas mediante fondos del Gobierno de EEUU (“grants” o subvenciones USAID y NED, principalmente), PD no hace públicas sus fuentes de financiamiento. Pero sigamos el siguiente hilo.

PD representa, oficialmente, en Europa, a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), un grupo de la “disidencia” interna cubana, que es sostenido económicamente -de manera probada- por la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) de Miami, una organización que, a su vez, recibe subvenciones directas del Gobierno de EEUU para programas de injerencia política en Cuba (24). En la Junta Directiva de PD, hay, incluso, un representante nominal de la FNCA (25). Recordemos que la FNCA fue la organización que, fundada en 1981 por Ronald Reagan, estuvo presidida, durante muchos años, por el magnate Jorge Mas Canosa (26). En virtud de la transparencia, imprescindible para conocer el nivel de independencia de su organización, Javier Larrondo debería contestar a estas preguntas: ¿PD recibe fondos de la FNCA de Miami, una entidad sostenida, a su vez, en gran parte, por “grants” gubernamentales de Washington? ¿Recibe fondos de otras organizaciones que, a su vez, son financiadas por la NED, la USAID, el Departamento de Estado u otras instituciones de EEUU?

Querella para encarcelar a este periodista

Por último, recordar que el periodista que escribe esta crónica, así como la representación legal de la asociación de Euskadi-Cuba, se enfrentarán, en los próximos meses, a un juicio en Madrid, por la querella criminal presentada por Javier Larrondo, que ha solicitado para ambos seis años de cárcel y una elevadísima indemnización, por el contenido de un trabajo informativo de Cubainformación como este (27).

Es la forma de actuar de los “defensores de la libertad”, de los “activistas por los derechos humanos” para Cuba (28). Que defienden las sanciones y el bloqueo económico, financiero y comercial contra un pueblo inocente. Pero culpable, eso sí, de exigir respeto a su soberanía y autodeterminación y de plantar cara a una superpotencia.

En todo caso, no. No nos van a callar.

Notas:

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación

Fuente: https://www.cubainformacion.tv/contra-cuba/20230405/102611/102611-esperpento-en-el-parlamento-vasco-piden-el-cese-de-la-cooperacion-con-cuba-y-el-apoyo-al-bloqueo-de-eeuu